Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
(Es
necesaria una nueva reforma tributaria porque) la preferencia por impuestos al
consumo y no a los ingresos y rentas empresariales, tiene el fin premeditado de alentar la acumulación de
capital, por encima del bienestar de la población…
El
debate sobre el Pacto Fiscal se ha instalado en el país. La inesperada postura
del gobierno, que ha instalado apresuradamente el Consejo Nacional de
Autonomías y ha hecho públicos los objetivos que perseguiría en esa instancia,
ha sorprendido a los partidos de la oposición de derecha y a las autoridades
regionales afines a los mismos arrebatándoles el protagonismo sobre una demanda
que habían planteado desde hace mucho, pero especialmente desde que se
conocieron los resultados del último Censo de Población.
Las
primeras reyertas de este proceso ha ratificado lo que se presumía acerca de
los objetivos que le asignan al pacto: por parte del gobierno se ha dicho que
los acuerdos sobre el manejo fiscal deben, ineludiblemente, “garantizar el plan
de gobierno para la gestión 2015—2020, el modelo económico vigente en el país y
el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025”, mientras que algunas autoridades
regionales pertenecientes a la oposición han ratificado su intención de que el
principal acuerdo sea la aprobación de la fórmula 50-50 para la distribución de
los recursos fiscales. Es decir, dos de los principales actores de esta
contienda iniciada están de acuerdo en limitar el debate —y los resultados— al
ámbito de la distribución de los ingresos fiscales y del destino del gasto. Más
aún, ambas posiciones dan por sentado que el debate se debería realizar
manteniendo la orientación del régimen tributario —heredado de la reforma implementada
por la Ley 843 en el lejano año 1986— que hasta la fecha ha sido modificado
sólo parcialmente, aunque conservando su espíritu.
La
reforma tributaria, al igual que las otras políticas neoliberales de las
décadas finales del pasado siglo, buscaba establecer las condiciones más
ventajosas para la recomposición del capital, facilitando la elevación de las
tasas de ganancia y su acumulación. La principal característica de la reforma
tributaria fue la creación de impuestos indirectos como fuentes de recursos
fiscales, recursos que debían compensar la pérdida de ingresos debido a la
desaparición paulatina de las empresas estatales por obra de la privatización.
Como escribíamos en febrero de 2003, en ocasión de la revuelta popular contra
un nuevo impuesto a los salarios: “la preferencia por impuestos al consumo y no
a los ingresos y rentas empresariales, tiene
el fin premeditado de alentar la acumulación de capital, por encima del
bienestar de la población o de algún afán auténtico de buscar la
mejora de las condiciones de vida de la población a través del gasto fiscal”.
El argumento neoliberal era que los impuestos dirigidos a gravar las ganancias
capitalistas iban en detrimento del ahorro y la inversión y alentaban el
consumo de los estratos de menores ingresos, considerados irrelevantes para
impulsar la inversión y la actividad económica. Así se pretendía ocultar la
naturaleza de clase de la política fiscal, que elude la imposición de tributos
a la plusvalía y busca incrementar los beneficios de los capitalistas mediante
la “socialización” de una parte de los salarios.
El
resultado de la reforma neoliberal fue que para el 2001 una parte importante de
los ingresos corrientes del Sector Público No Financiero (SPNF) —más del 70%—
provenía de impuestos indirectos al consumo, como el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), el impuesto a las transferencias (IT) y otros impuestos específicos como
el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD); un cambio drástico
de la composición de los ingresos corrientes del SPNF que antes de 1985 estaba
dominada por la presencia de un 82% de ingresos provenientes de la venta de
bienes y servicios de las empresas públicas nacionales. En otras palabras, la
privatización y liquidación de las empresas públicas trasladó su obligación de
proveer ingresos fiscales no a los capitalistas que se apropiaron dolosamente
de ellas, sino a los ingresos laborales de la mayoría de la población a través
del gravamen a su consumo.
Además,
para cumplir ese objetivo, los diseñadores del sistema tributario idearon
ingeniosos mecanismos y dispositivos que enfatizan la fácil recaudación: la
presión sobre los consumidores resulta más eficiente que la fiscalización de
los ingresos de las empresas, de ahí que con frecuencia las situaciones de insolvencia
fiscal fueron enfrentadas con recurrentes “gasolinazos”.
La
creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) mediante la Ley 3058
del año 2005 significó una modificación parcial en la orientación regresiva de
la política tributaria que el neoliberalismo había llevado a extremos. La
creación del IDH que grava con un adicional 32% a la venta de hidrocarburos
permite que el Estado capture una parte importante del excedente o plusvalía,
que se presenta bajo la forma de renta o ganancia extraordinaria. La posterior
“nacionalización” de 2006 mejora esa apropiación estatal al hacer a YPFB
partícipe de una parte de la utilidad neta o ganancia, otra forma de la
plusvalía. La importancia para el sistema tributario de este cambio, es de tal
relevancia que en el año 2013 los ingresos provenientes de la explotación de
hidrocarburos constituyeron más del 48% de los ingresos corrientes del sector
público. En síntesis, esta reforma parcial dirigida a mejorar el control
estatal del excedente económico generado por el trabajo social, señala
adecuadamente la vía que garantiza la capacidad financiera del Estado para
cumplir con la finalidad de su gestión, que no es otra que buscar la
satisfacción de las necesidades básicas de la población y la construcción de
condiciones para el desarrollo productivo, mediante la devolución de una parte
del esfuerzo productivo del trabajo en forma de bienes comunes y servicios
públicos universales.
Una
sociedad encaminada en la construcción de nuevos tipos de relaciones sociales
que superen la subordinación, la explotación laboral y la exclusión social
—relaciones que se fundamenten en la solidaridad y la responsabilidad social—,
pero también un régimen que dice representar esas aspiraciones, no pueden optar
por cambios formales que mantengan el espíritu regresivo del neoliberalismo y
de la lógica mercantil capitalista. No es pertinente ni legítimo que un debate
sobre la reforma del sistema fiscal se limite a considerar sólo la
redistribución de recursos y de competencias entre estratos del aparato estatal
controlados por fracciones políticas que priorizan su propia conservación en el
poder mediante el cumplimiento —con menor o mayor eficiencia, con más o menos
transparencia— de su propia agenda.
En
nuestro criterio, se debe alentar mejoras en el sistema fiscal partiendo por
eliminar las disposiciones que permiten la exención impositiva a favor de las
ganancias empresariales, así como los dispositivos que permiten la
“acreditación” de los impuestos a las utilidades y los que imponen generosas
ventajas a sectores empresariales en los regímenes prevalecientes en sectores
como la minería, la agricultura comercial y las exportaciones. El Pacto Fiscal
no puede construirse al margen o sin una previa y profunda reforma fiscal que
priorice el financiamiento fiscal mediante el gravamen a los sectores y clases
sociales que se apropian del excedente producido en la economía nacional por el
trabajo productivo.
Centro
de estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA
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