Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Alfredo Rada Vélez
Es incorrecto
analizar la caída de los precios internacionales del petróleo únicamente como
el resultado de una “guerra económica” entre países exportadores de crudo; ello
supondría asignar a la explotación que realiza Estados Unidos de petróleo
ligero de roca compacta mediante fracking (fracturación hidráulica) la
capacidad de generar por sí sola una sobreoferta petrolera, cuando en realidad su
participación en el conjunto de la producción mundial no llega a ser tan decisiva.
El comportamiento a la baja de los precios, no sólo del petróleo sino también
de los minerales y de los bienes primarios alimenticios (como la soya o la
quinua en el caso boliviano), es un indicador del agravamiento de la crisis
internacional del capitalismo, que se expresa en una caída mundial de la
demanda de materias primas, lo que a su vez parece anunciar una nueva recesión
global.
Son
evidentes y severas las consecuencias en los países latinoamericanos, no sólo
en los casos de México, Brasil o Venezuela (productores de petróleo), sino
también en Argentina, Chile o Colombia. Y no sólo son impactos fiscales (caída
de sus ingresos por exportaciones) sino también impactos en la disminución de
sus reservas internacionales y en la ampliación de la brecha cambiaria entre sus
monedas y el dólar estadounidense. Recordemos que la caída del petróleo y los problemas
económicos por los que atraviesan Europa y varios países asiáticos, están
fortaleciendo al dólar, lo que a su vez erosiona los parámetros del comercio
internacional de los mencionados países sudamericanos, y ha obligado a la
devaluación del real brasileño o del peso colombiano, por citar dos ejemplos.
Todo esto se
va a sentir en Bolivia, donde paulatinamente se está configurando un nuevo
escenario económico con menos ingresos por exportaciones gasíferas, mineras y
agroalimentarias, y más recursos destinados al pago de nuestras importaciones
de bienes de consumo y bienes de capital, ¿Cuáles serán los efectos
macroeconómicos y microeconómicos de este shock externo? He aquí el verdadero
debate, cuya perspectiva no puede ser meramente académica, ya que debe servir al
objetivo de elaborar un programa económico que, a tiempo de preservar lo hasta
aquí avanzado, profundice el proceso de transformaciones en un sentido
revolucionario.
Dicho
programa debe preparar las condiciones para nuevas nacionalizaciones en
sectores económicos estratégicos, mejorar el régimen impositivo asumiendo medidas
tributarias de carácter progresivo y redistributivo, fortalecer nuestra
soberanía alimentaria apoyando al sector campesino que produce para el consumo
interno sin realizar nuevas concesiones a la burguesía agroexportadora, generar
un nuevo pacto fiscal participativo y en función del modelo económico social y
comunitario, garantizar el flujo programado de inversiones públicas en
industrialización, infraestructura productiva y energética, así como la
inversión social en salud, vivienda y educación.
Esa
elaboración programática no es tarea que se deba confiar sólo a la
tecnoburocracia, menos cuando quienes la representan han repetido en las
últimas semanas, a propósito de los elevados niveles salariales en los cargos
jerárquicos de la nueva Gestora Estatal de Pensiones, los mismos argumentos con
que los neoliberales justificaban –allá por los años noventa- las altas
remuneraciones que percibían los jerarcas de las viejas superintendencias.
Las
definiciones programáticas deben tomarse conjuntamente entre el Gobierno y los
movimientos sociales que, desde hace más de una década, vienen constituyendo un
bloque social revolucionario y que en los dos últimos años han revitalizado a
la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) como el espacio de
articulación orgánica entre las dos vertientes esenciales que han gestado y
sostienen el proceso político boliviano: 1) la del Pacto de Unidad campesino
indígena originario, y 2) la de los proletarios y trabajadores sindicalizados
en la Central Obrera Boliviana. Es cierto que la Coordinadora incorpora también
a los transportistas, cooperativistas mineros, microempresarios, gremialistas,
juntas vecinales y juntas escolares, pero la conducción político-estratégica tiene
carácter obrero e indígena. Al hablar de la Conalcam estamos hablando de la
mayor plataforma de movimientos sociales conformada desde la recuperación de la
democracia en 1982, lo que explica la importancia de defenderla de cualquier
ataque externo de las fuerzas conservadoras y del peligro del envilecimiento
interno.
Y acá es
preciso hablar sobre las revelaciones de malos manejos en el Fondo Indígena.
Recordemos que ese Fondo no fue creado por el actual gobierno, sino mediante la
Ley de Hidrocarburos de mayo del 2005, que le asigna un porcentaje (5%) del total
recaudado por el impuesto directo a los hidrocarburos. Los graves señalamientos
de corrupción que se han dado a conocer públicamente, si no son investigados
hasta establecer las responsabilidades personales, pueden terminar afectando a
las organizaciones del Pacto de Unidad. No sería justo generalizar las
sospechas a toda la dirigencia, pues no olvidemos que las primeras denuncias
vinieron precisamente desde el interior de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia y de la Confederación de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa; pero deben ser justamente estas organizaciones las que se
encarguen de extirpar los bolsones de corrupción y fortalecer el control fiscal
y el control social sobre el Fondo Indígena. Acá no puede haber ningún tipo de
contemplaciones pues está en juego la autoridad moral y política de los
movimientos sociales.
El
gobierno de Evo Morales ha sido capaz en más de nueve años de dar certezas y
seguridad a la población en cuanto al manejo general de la economía sustentado
en los procesos de nacionalización y fortalecimiento de nuestra soberanía
estatal, lo que a su vez ha permitido ganar la confianza del pueblo. Esta es la
mayor fortaleza para encarar las nuevas circunstancias económicas, a diferencia
de otros países de la región donde el imperio y la oposición de derecha buscan
desesperadamente generar la combinación letal de deterioro económico con
convulsión política, que lleve a la caída de gobiernos como los de Nicolás
Maduro en Venezuela o Cristina Fernández en Argentina.
Acá en
Bolivia estamos muy lejos de esa situación, pues la unidad de las fuerzas
sociales indígenas, obreras y populares, junto a un Gobierno en el que sigue
predominando la identidad antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista,
como lo ha demostrado Evo con la conformación del nuevo Gabinete en el que ha
incorporado a compañeras y compañeros revolucionarios en varios ministerios,
permitirá no torcer el rumbo y continuar avanzando. Para esto es preciso seguir
empoderando al pueblo, abriendo los debates sobre los temas de la agenda
nacional a su participación y propuestas, como se hizo durante la Asamblea Constituyente.
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