Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Verónica Rocha
En aras de evadir el riesgo de ingresar en un proceso de desconstitucionalización existen temas urgentes e importantes que debieran ser tratados en esta gestión: despatriarcalización, autonomías, justicia, economía plural, hidrocarburos, salud y comunicación. Varios tienen el desafío de ser asumidos desde el Poder Ejecutivo, pues más de 600 leyes aprobadas ya en la pasada gestión legislativa aportaron a cimentar nuestra nueva institucionalidad y establecer lineamientos estratégicos del nuevo Estado; pero no han podido alcanzar una materialidad debido a que no han sido acompañados de políticas públicas.
Temas como despatriarcalización y autonomías encuentran suficiente normativa para erigirse, pero poca gestión, presupuesto o voluntad política para desarrollarse. Otros, como la justicia, se encuentran a medio camino tanto legislativo como de gestión; pero tras la elección de un camino errado, no basta impulsar algunas leyes pendientes (como la del Código Penal, por ejemplo) sino que se debe pensar en un paquete de leyes que con buenas dosis de voluntad política deben confluir en una nueva política pública integral, participativa y planificada que sí revolucione la justicia nuestra.
Otros temas debieran enfocarse de manera amplia desde la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que se inaugura con la buena nueva de dos presidencias de lujo, reconocidas por el país entero, incluida la oposición.
Básicamente estos temas son de tipo social, un ámbito "postergado” mientras se constituía la base legal para la nueva institucionalidad estatal; hoy, saldada esta necesidad, pareciera ser tiempo de retomar el proyecto socialista que anhelamos.
Uno de estos temas es salud, con una nueva ley de su sistema en agenda (como puntapié para erigir una política, que devuelva protagonismo y calidad al servicio), una Ley contra la Negligencia Médica (evadiendo tentaciones penalizadoras), una Ley de Muerte Digna y una de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Dado el venidero escenario económico global que bien reconoce el Presidente y el Gobierno, parece ser momento de replantearnos nuestra política de Hidrocarburos, modificando algunos contratos del Estado: sobre todo en ese ámbito, y también otros energéticos. Asumir que las políticas económicas son cíclicas y encarar renegociaciones para mantener nuestra bonanza (y fomentar, en justicia y soberanía, la inversión extranjera) son tareas responsables que el Gobierno, a través de la Asamblea Legislativa, debiera atender.
También están las varias leyes que deberían permitir continuar la vital construcción de una Economía Comunitaria, buscando promover la Soberanía Alimentaria, fortalecer nuestras Empresas Públicas (y toda la discusión sobre cuáles son estratégicas), impulsar las Economías Comunitarias, entre otros pendientes.
Y, finalmente, la siempre pendiente Ley Orgánica de Comunicación, cuya realidad a pesar de la aprobación de alrededor de siete leyes que norman aspectos comunicacionales, no ha podido orientarse hacia algunas utopías vigentes como ser: verdaderos medios públicos, comunicación (no propaganda) gubernamental, comunicación para el cambio social (con enfoque de género, por ejemplo) o el reciente debate sobre los criterios de distribución de la publicidad gubernamental (en todos los niveles de gobierno), entre otros.
Varios son los retos que se puede plantear a una ALP que promete. Un Órgano Legislativo que tiene en sus manos la gran oportunidad de devolverle la intensidad social a la gestión de gobierno y a nuestro proyecto de Estado. Que pueda retomar -como premisa- un norte en el sur.
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