Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Oscar Campanini, Marco Gandarillas, Eduardo Gudynas y Georgina Jiménez
El nuevo Gobierno, sin dudas, debería tener entre sus prioridades la problemática ambiental. Y si está comprometido con la Madre Tierra, y con los principios constitucionales del Vivir Bien, sólo es posible avanzar por medio de una política ambiental. No es una cuestión menor calificar esa tarea como una "política”, ya que ello impone unos cuantos desafíos tanto en sus contenidos como en sus dinámicas.
Uno de los primeros pasos para recuperar ese ámbito político es romper con la tradición de un ministerio ambiental que tiene papeles secundarios frente a las decisiones que se toman en las secretarías productivas (hidrocarburos, minería, agricultura), o a las metas económicas. Para remontar esto es necesario construir una política, con sus principios y estrategias, metas y planes, que comprometan tanto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua como a los demás ministerios y agencias estatales.
Se pueden señalar algunas de sus prioridades. Comencemos por la urgencia en proteger el patrimonio natural del país, lo que no es otra cosa que seguir el mandato de los derechos de la Madre Tierra en serio. Eso es fácil de decir, pero no es sencillo de aplicar, ya que exige medidas enérgicas. Entre ellas están parar el deterioro de las áreas protegidas por actividades como la ampliación de áreas hidrocarburíferas, mineras, construcción de hidroeléctricas o carreteras.
Se deberá trabajar en regiones muy afectadas por crisis ambientales, como las cuencas del Poopó y del río Pilcomayo.
Se deberá trabajar en regiones muy afectadas por crisis ambientales, como las cuencas del Poopó y del río Pilcomayo.
También se debe proteger la biodiversidad nativa ante los impactos de los agroquímicos, el avance de los monocultivos sobre áreas naturales, especialmente donde desemboca en deforestación en las tierras bajas, o prohibiendo los cultivos transgénicos.
Una nueva política ambiental no puede ignorar que existen explotaciones mineras, de hidrocarburos, monocultivos o infaestructuras que tienen carácter depredador sobre los ambientes. La postura que esquiva esos reconocimientos, insistiendo en que sin extractivismos la economía nacional se derrumba y los programas sociales se caen, carece de total fundamento. Repetir esas justificaciones es evadir los problemas de fondo, e ignorar que esos efectos tienen también costos económicos muy altos, y mientras tanto los impactos del extractivismo van trepando hacia niveles irreversibles.
Por todo esto, tendremos verdaderas políticas ambientales si se enfrentan esos extractivismos depredadores, respetando zonas de exclusión (como los parques nacionales) y deteniendo los emprendimientos más dañinos, para restaurar esos ambientes degradados. En estos y otros temas se debe asegurar la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental, su implementación efectiva, y cuando éstas impliquen frenar un proyecto por sus impactos, acatar la decisión y no vivirlo como una derrota económica.
Reviste enorme importancia asegurar el acceso al agua y la calidad de las cuencas hidrográficas. Si eso se reconoce, las políticas ambientales deben generar estrategias que impidan su contaminación (por ejemplo por la minería o las urbanizaciones), protejan las cabeceras de las cuencas, y controlar efectivamente los usos y vertidos. Asimismo, acuíferos, glaciales o humedales, pasan a ser ecosistemas que deben ser particularmente protegidos. El uso de las aguas subterráneas debe hacerse con precaución y adecuados controles. En fin, el agua debe ser aprovechada con cuidado y austeridad, para privilegiar usos vitales como el consumo doméstico o el agropecuario para soberanía alimentaria.
La nueva política ambiental no tendría temor en admitir que la idea de grandes reactores industriales, especialmente aquellos para generar electricidad, son incompatibles con la defensa de los derechos de la Madre Tierra. La información disponible muestra claramente que es una tecnología contaminante, muy riesgosa, cara de mantener y vigilar, y que cuando hay un accidente sus consecuencias son terribles.
De la misma manera, es tiempo de examinar con precaución los deseos de construir grandes represas, balanceando las reales necesidades energéticas nacionales con los graves impactos que ocasionan sobre el ambiente. La energía de fuentes alternativas, como solar y eólica, son renovables, tienen mucho menores impactos, y son, por lejos, vías preferibles para obtener energía.
La temática del cambio climático no puede estar ausente. Bolivia se ha destacado por una fuerte prédica internacional en ese asunto, aunque desconectada de sus principales causas locales: la deforestación, las prácticas agrícolas y los cambios en los usos del suelo. Ante eso, una nueva política ambiental debe asegurar la reducción de las emisiones de gases invernadero coordinándose con las políticas forestales y agropecuarias. Entonces, la primera tarea es detener la deforestación y el avance descontrolado de la frontera agropecuaria.
Como puede verse por estos casos y los otros anteriores, en Bolivia una política ambiental tiene íntimas relaciones con las políticas agropecuarias, mineras y energéticas. Deben ser pensadas y discutidas en su conjunto, cuidando la armonía entre ellas.
Tampoco se puede olvidar la problemática urbana. Las ciudades deben planificarse, evitándose que su crecimiento ocupe áreas agrícolas valiosas o contamine los suelos y el agua. Se necesita una amplia reforma del transporte urbano, para superar el colapso del tránsito y su contaminación asociada.
Después de este esquemático repaso de los contenidos se puede volver al inicio. Una política ambiental es "política” en tanto se construye con la gente, es plural, y acepta las diversidades con todas las atenciones que ello acarrea. Sin la participación ciudadana no hay políticas, sino meras estrategias administrativas.
Para lograr una política ambiental hay que evitar vicios repetidos, como el secretismo en los proyectos estatales, o las declaraciones que condenan a los ambientalistas como agentes del retroceso político. Hostigando al ambientalismo se vuelve imposible un diálogo democrático y se pierde el aporte de la sociedad civil, que mucho podría contribuir al futuro Gobierno.
Esa politización de las políticas ambientales pasa por usar mecanismos como las consultas previas, libres e informadas, respetar la gestión participativa, instalar monitoreos ambientales ciudadanos, etc. En el caso de Bolivia, además, se deben asegurar mecanismos y salvaguardas específicos para la participación de campesinos e indígenas.
Como puede verse las tareas son múltiples, no siempre sencillas, y en varios casos impone abandonar viejos vicios. Habrá que saber aprovechar la oportunidad.
Los autores son investigadores en temas de ambiente y desarrollo
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