Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Shirley Guzmán López
Todos los días escuchamos, vemos y leemos en los medios de comunicación que las mujeres somos víctimas de violencia en todas sus formas y en cada lugar, dentro y fuera de nuestras familias. También, escuchamos por parte de los representantes del Estado y de otras Instituciones que trabajan con el tema de Genero, que el incremento del presupuesto económico es la solución al problema. Presupuesto, ¿para qué? ¿Para la difusión de los derechos de las mujeres? ¿Para construir cárceles? ¿Para contratar más personal que atienda los casos? Puede que estas acciones se configuren en un punto de partida en la lucha pero no van a terminar con la violencia ejercida en contra de las mujeres. No debemos olvidar que en el país se viene luchando frente a este problema desde la implementación de la ley 1674 (del 15 de diciembre de 1995), hace casi veinte años, con acciones similares a las planteadas en la actual Ley. Las cifras, con respecto a la violencia ejercida hacia las mujeres, en ese entonces, eran las mismas o análogas a las que se citan actualmente. Por lo que, firmemente pensamos que se debe realizar un cambio profundo en las estrategias implementadas.
Luego de una reflexión y análisis de lo que acontece en la temática de la violencia, se plantea que: el gobierno debe implementar Políticas Públicas que incorporen a la mujer a una vida laboral plena en todas las instancias, tanto en el sector público como en el privado, en igualdad de condiciones económicas y laborales, es decir, a la par de los hombres; asimismo, emitir leyes que permitan a las mujeres decidir si desean o no ser madres y darles condiciones dignas en caso de que se decidan por cualquiera de las dos opciones; también, debe emitir leyes para la creación de centros infantiles, lavanderías y comedores comunitarios para las trabajadoras y los trabajadores, en todas las entidades: Gobiernos Centrales, Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales y en las Empresas Privadas. En el caso de que las instituciones sean pequeñas o cuenten con un número menor de trabajadores (previo a un levantamiento estadístico, de mujeres y hombres en edad reproductiva), estas deben mancomunarse con instituciones que trabajan en su localidad, garantizando de esta manera el desarrollo pleno y seguro de las niñas y niños, liberando así a la Mujer de la violencia ejercitada por los varones dentro y fuera de los hogares y permitiendo de esa manera la incorporación plena de la Mujer a la lucha por una “sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” (Luxemburgo, Rosa)
Por lo tanto, la supresión de la violencia consiste en que la mujer se incorpore a los procesos de producción, liberación de los quehaceres domésticos, transfiriendo la responsabilidad de los quehaceres esclavizadores del hogar (sin que esto signifique que los padres se deslinden del deber de educar y de brindar amor a las hijas e hijos) al Estado. ¡La lucha no es de géneros, es de clases!
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