Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Alejandro Saravia
Un nuevo decreto dictado en La
Paz este jueves 5 de diciembre por el régimen golpista encabezado por Jeanine
Añez estableció “un pago global y único de 50.000 pesos bolivianos a favor de
los familiares de cada uno de los fallecidos.” De acuerdo con el periódico La
Razón de La Paz, este monto equivale a unos 7.184 dólares estadounidenses.
Muchos de los fallecidos, en su
mayoría indígenas, fueron asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata,
ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, cuando fuerzas militares y policiales
abrieron fuego contra las movilizaciones sociales que se oponían al golpe de
Estado contra el gobierno de Evo Morales.
Según un informe del Ministerio
Público, se registraron 29 muertos y 33 heridos en los actos de violencia y
amedrentamiento tras las elecciones del 20 de octubre, alentados por Carlos
Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, y Fernando Camacho, el
expresidente del Comité cívico de Santa Cruz, entre otros responsables.
En sus cinco artículos, el
Decreto Supremo 4100, firmado por la autonombrada presidenta Jeanine Añez junto
su ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, guarda silencio absoluto sobre los
responsables de esas muertes, otorgando una impunidad de facto a quienes
ordenaron y ejecutaron esas operaciones de represión. Con tal omisión, ese
decreto niega el derecho a la justicia a los familiares de los fallecidos.
Según La Razón, el líder vecinal
Freddy Rojas, representante del Distrito 8, explicó que se solicitó al gobierno
de Añez una renta vitalicia “que debería beneficiar a familiares de los
hermanos fallecidos… lo justo sería una renta vitalicia para las viudas, los
hijos que han quedado huérfanos.”
Pese a que existen pruebas
gráficas de que el ejército abrió fuego contra la población, el Gobierno de
facto, a través de su ministro de Defensa, Fernando López, mantiene que “del
ejército no salió un solo proyectil” y que “ninguno de los decesos fue por arma
reglamentaria de las Fuerzas Armadas o la Policía, sino que corresponden a
grupos subversivos y de choque”.
Este nuevo decreto de la
autonombrada presidenta Añez es una prueba más del cariz violento, racista y
cruel que caracteriza a quienes ocupan funciones de gobierno tras el golpe de
Estado del 10 de noviembre en Bolivia. No solamente porque demuestra una vez
más el uso de la impunidad como método de gobierno -como el decreto 4078,
posteriormente anulado por la presión nacional e internacional, que eximía de
responsabilidad penal a los miembros del ejército en el uso de la fuerza
militar-, sino que le pone un precio “global y único de 50.000 pesos
bolivianos” a la vida de un indígena boliviano.
Esta crueldad e insensibilidad de
la derecha golpista boliviana queda en evidencia cuando se compara el Decreto
Supremo 4100 con el 4082, firmado el 15 de noviembre por Jeanine Añez y sus
ministros en pleno, que le otorga a las Fuerzas Armadas un total de 34.796.098
millones de bolivianos para la compra de “equipamiento” militar.
De este modo, el Gobierno de
facto de Añez pretende pagar alrededor de 210.000 dólares a las familias de los
29 fallecidos, y por otro lado otorga más de cinco millones de dólares a unas
fuerzas armadas que tienen su parte de responsabilidad tanto en la ejecución
del golpe de Estado como en las masacres de Sacaba y Senkata. Al no establecer
responsables, el gobierno de facto otorga impunidad a quienes dieron las
órdenes de abrir fuego y a quienes apretaron el gatillo de los fusiles.
Estos hechos muestran que la
restauración neoliberal, que utiliza por ahora a Jeanine Añez, sabe que, aún
después de unas nuevas elecciones, solamente podrá mantenerse en el poder
utilizando la impunidad, la represión, la mentira y el saqueo del Estado.
Se puede prever que el actual
“gobierno interino” otorgará amnistía a separatistas, corruptos y autores de
masacres como Branko Marinkovic, Mario Cossío, Manfred Reyes Villa, Carlos
Sánchez Berzaín, Leopoldo Fernández y otros, mediante el establecimiento de un
“Comité interinstitucional de defensa a las víctimas de injusticia por motivos
políticos e ideológicos de los últimos 14 años”, anunciado ya este 5 de
diciembre.
Este “gobierno de transición”
también está copando puestos de representación y dirección con políticos
neoliberales como Jorge Quiroga y con secuaces del golpe como la ministra de
Comunicaciones, Roxana Lizárraga, o la derechista Karen Longaric, quien funge
de canciller y que llama a la asonada golpista y al uso del ejército para
cometer masacres como “la fuerza moral del pueblo boliviano”.
Los operadores del golpe de
Estado, que utilizan a Jeanine Añez como una figura de conveniencia, buscarán
callar las voces críticas usando plomo, plata o la manipulación de la justicia.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utiliza el lenguaje de las dictaduras
de Banzer y García Meza al referirse a la oposición como “sediciosos y
terroristas”. Con esta justificación ha lanzado una campaña de persecución y
amedrentamiento contra dirigentes de movimientos sociales, contra periodistas y
contra la militancia del MAS. El objetivo es impedir a toda costa que este
partido político pueda organizarse adecuadamente para lidiar en las próximas
elecciones.
Tras el 10 de noviembre, ha
regresado al Palacio de gobierno de Bolivia un racismo secular que le pone
precio a la vida de un indígena. A un quechua, a un aymara al que el golpismo
neoliberal mata porque se atreve a defender su voto, se atreve a defender un
país que es suyo y no de los que buscan vender Bolivia a los intereses de
Estados Unidos, a sus compañías transnacionales y sus cipayos locales.
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