Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por medio de la presente, los
integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la
opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión
de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y
culturales que atraviesa el pueblo boliviano. Es dable destacar que la
delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales
y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y
reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos
políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica
situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En concreto, se tomaron
testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad
de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se
visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos
de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos,
campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las
actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno
(de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.
Tras realizar un análisis
preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:
1. Marco político y social: golpe
de estado y gobierno de facto
1. El Estado Plurinacional de
Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos,
sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas
con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno
de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el
de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar
disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre
múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe,
particular con Fernando Camacho.
2. Los actores promotores del
golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la
sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el
22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo
quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar
después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas
elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un
“comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones
golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión
social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto
entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables
declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara
intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable
destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la
auditoría.
3. Esta Delegación corroboró que
existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de
los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central
Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones
sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su
voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia
de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de
dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el
gobierno de facto, después.
4. La renuncia de Evo Morales,
Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores
de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión
ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples
amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones
físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes.
Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados
por grupos golpistas. Con todo, es dable destacar que en ningún caso se
cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas,
lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.
5. Pese a ello, el Gobierno de
facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar
legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez
se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado
Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los
requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación
de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.
6. A partir de ese momento, el
gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y
represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y
sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más
vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos
originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas
autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este
contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya
tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.
2. Violaciones a los Derechos
Humanos
Hemos constatado que el sistema
represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos,
centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos
de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad
física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños,
ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.
Esta Delegación logró constatar
la existencia de las siguientes situaciones:
1. Masacres perpetradas contra
población civil: a. Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares
de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.
b. Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas
desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia
del accionar de las Fuerzas Armadas
2. Desaparición forzada de
personas Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas
de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen
detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido
contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información
respecto de su paradero.
3. Torturas, violaciones y
delitos sexuales Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en
espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos
casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de
las fuerzas armadas y de seguridad. Recibimos testimonios sobre estos delitos,
en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de
otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que
inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.
4. Ataques contra gobernantes,
legisladores, funcionarios y sus familiares Esta delegación logró constatar una
cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares
por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la
destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de
familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas
indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos
parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque
la Unión Juvenil Cruceñista.
5. Persecución selectiva de
dirigentes de movimientos sociales Esta delegación logró constatar la irrupción
y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y
Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos
dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la
persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más
elementales.
6. Confección de listas negras de
dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa. Diversos
testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es
coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera:
“Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que
voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (...). A
partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de
varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes
fiscales”. Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes
políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran
detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado
el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los
defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.
7. Represión de manifestaciones
públicas Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de
seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de
violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado
de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de
disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por
la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y
criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados
por sedición y terrorismo.
8. Restricción manifiesta de la
libertad de prensa La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios
locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y
restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa
internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial
gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino
Sebastián Moro.
9. Promoción del racismo y los
discursos de odio Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de
odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a
dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas
discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son
significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la
destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.
10. Negación de salvoconductos
para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de
recepción Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares
se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les
han negado las garantías necesarias para poder salir del país.
11. Inacción y encubrimiento del
poder judicial
El poder judicial se encuentra
sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para
cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder
ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del
acceso a la justicia. Para esta Delegación fue imposible reunirse con
funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a
pesar de los reiterados requerimientos realizados.
12. Hostigamiento policial y
parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo
operaciones de espionaje y escuchas ilegales Esta delegación pudo constatar, en
su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de
derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el
aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los
pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia
policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los
controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron
sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego
de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos
abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en
un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que
solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar
a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos
amenazaron.
Al día siguiente, el Ministro de
Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior,
dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al
país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con
cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que
están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer
terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y
tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con
terrorismo, sedición y movimientos armados”. Por la tarde, un grupo de
Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la
Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos
de choque allí los estaban esperando.
En todo momento, durante nuestra
visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las
actividades que realizamos. Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales
contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la
sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis
Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros
elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda
alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los
derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que
encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Hacemos un llamamiento a los
organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad
internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos,
civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el
actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno
de facto.
Frente a esta situación, la
apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que
implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de
derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida
en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En
particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes
políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la
imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad
necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable
la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas
las instancias del proceso electoral.
La Delegación redactará y dará a
conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los
casos relevados en el marco de la nuestra visita.
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