Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Rafael Puente
Una vez
más vemos en emergencia a los niños y adolescentes trabajadores (los famosos
NAT) luchando para mantener su derecho al trabajo. La amenaza es que la
Asamblea Legislativa decida acatar los mandatos de la OIT, que se basa en los
criterios de Naciones Unidas, y prohíba el trabajo infantil.
La polémica es antigua. En la línea de la OIT se encuentra nada menos que Unicef, con su prestigio y aparato, que parte de principios, principios que en sí mismos pueden parecer correctos y, sobre todo, deseables.
En la línea de los NAT se encuentra una serie de organismos que llevan decenios trabajando con niños, niñas y adolescentes y que, por tanto, conocen el problema de cerca; no parten de principios, sino de hechos.
El
"principio” es que en las primeras fases de la vida los seres humanos
deberían disfrutar del juego, de la convivencia familiar y del aprendizaje
escolar, algo evidentemente deseable (salvo en aquellos espacios culturales
donde cierto tipo de trabajo forma parte de la convivencia familiar y
aprendizaje, como ocurre en nuestras comunidades campesinas, también en las más
sanas y económicamente estables; de ahí la insistente propuesta de que en las
áreas rurales el calendario escolar se adapte al calendario agrícola). Pero no
hablamos de este sector, ya que los niños campesinos no piensan hacer caso ni a
la OIT ni a Unicef, sabiendo que sus pueblos son ahora sujetos centrales del
nuevo Estado.
Los NAT
organizados, y que periódicamente se ven obligados a defender su derecho al
trabajo, son los/as que se mueven en otros espacios laborales, son los/as que
precisamente no cuentan con el necesario apoyo familiar para dedicarse
tranquilamente a la escuela y al juego.
Son niños, niñas y adolescentes que con esta decisión de la Asamblea Legislativa no se juegan el carácter más o menos placentero de la infancia y adolescencia, sino la vida.
Trabajan
porque no tienen otra opción, y si ahora saliera una disposición legal
prohibiéndoles que trabajen se verán obligados y obligadas a desacatarla, o sea
que seguirán trabajando, pero encima sabrán que están fuera de la ley (e
incluso sometidos/as a posibles sanciones).
¿Es que
los señores de la OIT ignoran una realidad tan elemental? ¿Es que la
preocupación por la problemática laboral puede estar tan separada de la
realidad social de la infancia y adolescencia?
Quienes
sueñan con un país donde niños, niñas y adolescentes disfruten del juego, de la
convivencia y de una escolarización gratificante deberían emplear sus energías
en promover mejores condiciones laborales para padres y madres de familia,
deberían presentar a las instancias gubernamentales proyectos sociales que
apunten a hacer innecesario el trabajo infantil (y de paso presentar proyectos
que hagan de la escuela algo gratificante, y no un antecedente del futuro
cuartel), y, por cierto también, deberían promover que el sistema de adopciones
sea ágil y motivador, en lugar de burocrático y decepcionante.
Pero parece que inconscientemente hemos asumido la cultura de la prohibición: pretendemos resolver el problema de la inseguridad ciudadana con prohibiciones y penalizaciones; pretendemos resolver el problema de la drogadicción con leyes milochos y otras barbaridades, y, ahora, pretendemos resolver el problema de niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a trabajar poniéndolos/as fuera de la ley… ¿Qué nos pasa, señores?
Esperemos
que nuestro Presidente, quien se ha destacado por la franqueza con que pone en
su lugar al mismísimo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se deje
chantajear con la amenaza de "descertificación” que proviene de la OIT (y
que Evo conoce muy bien a propósito de la producción de hoja de coca) y siga
manteniendo el derecho de los NAT a trabajar (defendiendo por supuesto el
trabajo digno y bien remunerado). Ukhamau.
El autor es miembro del Colectivo
Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.
Una vez más la ley ante el dilema entre el “ser” y “el deber ser”. Es cierto que debemos superar la fase del “legislasismo mágico” (la ingenuidad de creer que si se legisla sobre un tema, la realidad se transforma), aunque también es verdad que la realidad empieza a transformarse cuando la soñamos, cuando imaginamos cómo quisiéramos que fuera, luego verbalizando lo soñado, mucho mejor si la verbalización se da por escrito, y con carácter normativo… pero lo que sigue es operar sobre la realidad con acciones de verdad…
ResponderEliminarEstá claro que el asunto es mucho más complejo y desafiante que decir en una ley si prohibimos o validamos el trabajo de los menores de 14 años. Si se prohíbe, tendremos una ley más que solo será otro “saludo a la bandera”; si se habilita, estamos aceptando nuestro fracaso como sociedad en la tarea de proteger a nuestros niños y niñas de los riesgos que supone el trabajo infantil, además de asumir que validamos que en nuestro país ¡hay niños y niñas, por un lado, y hay NAT, por el otro, porque claramente no estarán igualdad de oportunidades para crecer y educarse, y estaremos validando eso en una ley!!!!
Actualmente la ley establece que la edad mínima para trabajar son los 14 años, pero la realidad es otra, aparentemente porque, en muchos casos, es i-n-e-v-i-t-a-b-l-e… pero, ¿acaso sabemos cuántos son, en números absolutos, dichos “casos”?, ¿acaso tenemos políticas y estrategias, así como una institucionalidad sólida y solvente, capaz de realizar acciones específicas para atender, como sociedad, dichos “casos”? Eso en cuanto a los NAT, además de lo que menciona el Sr. Puente respecto a políticas sociales que hagan innecesario el trabajo infantil, que promuevan la mejora de las condiciones laborales y hagan de la escuela una experiencia educativa y valiosa, en vez de la absurda formalidad que es por estos días, que se supone es lo que se está haciendo, hoy por hoy, no es verdad??
Dudo mucho que suceda, pero sería fantástico que el debate sobre la edad mínima para trabajar condujese a la sociedad a reflexionar profundamente acerca de las condiciones de vida que creamos para nuestras “jóvenes generaciones”, cómo les criamos, cómo les protegemos (o no), qué clase de escuela les ofrecemos… discutir acerca de que haremos o no haremos tal o cual cosa porque la OIT dice o no dice, me recuerda al proceso que está viviendo mi hijo adolescente, y creo que solo da cuenta de la inmadurez de nuestro proceso de “descolonización”. Debemos hacer o dejar de hacer, no para llevar la contra o seguir la corriente a la ONU, al UNICEF, etc., sino como producto de un profundo debate social, que devenga en acciones, acerca de lo que queremos para nuestros hijos y nietos, los de sangre, y los otros, en el entendido que todos son “nuestros”.