Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Alfredo Rada Vélez
Corría el año 2008. En una
reunión de Gabinete de Ministros, propuse la movilización de una parte de las
Reservas Internacionales Netas (RIN) que por entonces ya habían superado
holgadamente el monto que necesitábamos en calidad de respaldo a nuestra economía,
sumando el saldo neto de nuestra deuda externa y el previsible movimiento de
importaciones. Sin embargo la propuesta, que la pregoné motivado más por mis
afanes de economista que por las específicas responsabilidades que tenía como
ministro de gobierno, no tuvo acogida más que en unos pocos colegas. Es que
todavía en ese momento había grandes dudas respecto a la utilización de
aquellas Reservas, a las que la mayoría del Gobierno seguía considerando sólo
como un ahorro inerte y no como un posible fondo para la inversión productiva.
Eran tiempos en los que la agenda
política consumía gran parte de la gestión gubernamental. Tiempos en que se
gestaba conflictivamente–con los naturales dolores de todo parto histórico,
podría decirse- el nuevo Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Eran
tiempos también en que nuestra atención en materia económica estaba casi
exclusivamente puesta en la nacionalización de los hidrocarburos, iniciada con
el Decreto “Héroes del Chaco” de mayo de 2006 y cuyo itinerario, con aciertos
pero también con errores, se extiende hasta hoy. Es que no asumíamos la
nacionalización de los hidrocarburos como un solo acto sino como un proceso,
que requería cada vez nuevas medidas gubernamentales de transformación del
sector.
Pasó el tiempo y las cosas
cambiaron. Hoy ya no se discute si se movilizan o no las Reservas, lo que se
debate es cómo hacerlo y a qué sectores productivos se fortalecerá con el flujo
de esas inversiones. Está bastante claro que la utilización responsable de
1.200 millones de dólares estadounidenses, que es el monto fijado en el
proyecto de Ley del Fondo de Inversión Productiva (FIPRO) que el ejecutivo
remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe estar destinada al sector
social y comunitario de la economía
Recordemos que esto tiene que ver
con la implementación del nuevo Modelo Social y Comunitario, que fue el que
discutió a profundidad en la Asamblea Constituyente–ya hemos dicho en otros
artículos que la mentada “economía plural” fue una concesión a los sectores de
la derecha conservadora dentro de esa Asamblea.
El nuevo modelo se sustenta en
dos pilares: el sector estatal y el sector social y comunitario. El primer
pilar, el Estado, tiene un rol definido por la nueva Constitución de conductor
y planificador de la economía y para cumplir tales propósitos debe acceder al
control de las actividades estratégicas, aquéllas en las que se genera el
excedente económico y cuyo peso en nuestra estructura de exportaciones es
decisivo: hidrocarburos y minería.
Una vez recuperado el excedente
económico –lo que en buena medida se ha dado en el sector hidrocarburífero,
pero escasamente en el sector minero- el siguiente paso es transferir una parte
de ese excedente al sector de la economía que es generador neto de empleo-ingresos,
es a este sector que en la Asamblea Constituyente y luego en el texto
constitucional, se denominó sector social y comunitario. En este sector están
todos aquéllos productores de bienes que están destinados al consumo interno,
que se organizan en base a lógicas asociativas o colectivas de producción, en
cuya actividad económica todavía no está plenamente separado el capital del
trabajo y por tanto no se puede, en rigor teórico, catalogar sus relaciones de
producción como capitalistas.
He aquí la enorme diferencia
entre la concepción económica que debe guiar al actual Gobierno y la que
aplicaron los nacionalistas que enajenaron la insurrección obrera y popular de
abril 1952. En ese momento se logró recuperar el excedente económico minero de
manos de los “barones del estaño”, se potenció la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) y se transfirió, utilizando mecanismos espurios, parte del excedente
para la financiación de una nueva burguesía, que se pretendía nacional y
progresista. Este modelo mixto entre capitalismo estatal y privado fracasó y en
su derrumbe arrastró al país a una mayor dependencia; la nueva burguesía devino
en oligarquía y, como tal, décadas después apoyó fervientemente el modelo
privatizador.
Seguramente que en el gobierno
del presidente Evo Morales, no faltarán quienes busquen recrear aquélla
experiencia, pero esta vez con rostros cobrizos en los nuevos beneficiarios de
los procesos de acumulación capitalista. Se escuchan en algunos ministerios
teorías sobre un “capitalismo de base ancha”, un “capitalismo andino-amazónico”
o un “tercer sistema”; cualquiera sea el marbete que se le ponga, será
capitalismo al fin de cuentas.
Tales teorías que nada tienen de
novedosas chocan con el nuevo paradigma del Vivir Bien, cuyos principios de
solidaridad, reciprocidad, redistribución y sustentabilidad en base al respeto
a la Madre Tierra, son incompatibles con la lógica capitalista que se basa en
la explotación asalariada de la fuerza de trabajo y en la depredación de la
naturaleza considerada como fuente de riqueza. Precisamente la movilización de
aquellos 1.200 millones de dólares provenientes de las RIN de las que
hablábamos al comenzar este artículo, debe tener como guía práctica el
despliegue de los contenidos anticapitalistas del Vivir Bien. Con todo lo
señalado tenemos completa la designación del nuevo modelo económico: Social
Comunitario para Vivir Bien.
Este es uno de los debates que
precede al VIII Congreso del MAS que se realizará a fines de marzo en
Cochabamba, evento en el que con toda probabilidad se terminará aprobando una
Tesis Política que fije como objetivo estratégico el Socialismo Comunitario,
siendo el nuevo modelo descrito que signe el período de transición histórica
para su construcción. Como socialista militante desde hace décadas no puedo
menos que apoyar un planteamiento de esa naturaleza, pero también estoy en la
obligación ética de advertir que ningún socialismo comunitario se construirá a
base de acuerdos y concesiones a la burguesía agroexportadora o financiera,
ningún socialismo comunitario podrá forjarse sino es afectando al capital
transnacional minero, ningún socialismo comunitario será posible sino es
rearticulando al Bloque Social Revolucionario, que hoy se debilita por el
alejamiento de sectores obreros sindicalizados e indígenas de tierras bajas.
Publicado en el
periódico de circulación nacional Página Siete, el domingo 4 de marzo de 2012
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