En menos de 6 meses, el régimen
conducido por Jeanine Añez y agentes extranjeros ha hecho retroceder 37 años
continuos de valiosos logros que contribuyeron a la democratización e
institucionalización de las Fuerzas Armadas. Lo que se había considerado un
patrimonio de la joven democracia boliviana vinculada a la obediencia
constitucional del instituto armado y su serenidad no deliberativa hoy se ha
convertido en una nefasta reiteración que nos ha devuelto a los peores años de
las dictaduras militares. Tanques de asalto en las calles, soldados desnutridos
con fusil en mano amenazando a la población civil, coroneles y generales
envilecidos por un fajo de billetes, provenientes de los más oscuros linderos
de la corrupción han socavado el orden constitucional y violentado los derechos
humanos mediante represiones infames y amenazas propias de una mentalidad
retrógrada que considerábamos superada en el tiempo. El actual régimen no ha
hecho otra cosa que preñar de violencia las calles y sembrar de miedo hasta las
paredes. Nuevamente, las FF. AA. han perdido el norte estratégico, su prestigio
profesional, su disciplina o su consagración al país para entregarse dócilmente
y sin remilgo alguno a la voracidad de los intereses norteamericanos que hoy
ocupan arteramente nuestra Patria de la mano sucia y asesina de los actuales
gobernantes. Empero, las nuevas generaciones de militares están a tiempo de
devolverle al país el rumbo desquiciado que se ha impuesto a sangre y fuego.
Los bolivianos estamos al borde del precipicio fatídico y nada hace presumir
que las propias Fuerzas Armadas sean víctimas de la misma violencia que
ayudaron a sembrar el 10 de noviembre del 2019.
I
En las últimas horas se ha
producido la destitución del jefe de la Casa Militar y jefe de Edecanes, además
de otros oficiales, quienes cumplían destino o asignación en el Palacio de
Gobierno. El régimen de Jeanine Añez y más propiamente el ministro de la Presidencia,
Yerko Nuñez, dispuso, en un acto de prepotencia e injusticia, el abandono
inmediato de sus oficinas como si se tratara de vulgares ladrones acusándolos
de haber filtrado a los medios de comunicación información reservada respecto
al uso de aviones, avionetas y helicópteros, propiedad del Estado
Plurinacional.
El Gral. Brig. Adhemar Terán
Mendoza, jefe de la Casa Militar, Cnl. DAEM Edwin Vega Arancibia, jefe de
edecanes y My. FAB Juan Claros Arispe, además de otros oficiales de bajo rango,
fueron alejados de Casa Militar sin ninguna justificación que no fuera una
burda sospecha de infidencia. La feroz crítica de la población contra el
Gobierno por el abuso de los bienes estatales los condujo a buscar culpables en
el Palacio de Gobierno y no encontraron vecinos más cercanos que no fueran los
militares a cuyo cargo se encuentra el movimiento aéreo del Gobierno. Como
acostumbran los políticos de turno, éstos buscaron expiar culpas propias en el
equipo militar responsable de la seguridad presidencial.
Convendrá recordar que en los
últimos días se denunció el uso indiscriminado y abusivo de avionetas del
Estado por Carolina Ribera, hija de la candidata presidenta quien, abusando de
su condición de jefa de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia, realizó
un viaje privado con el novio y los padres del mismo a la ciudad de Roboré, en
procura de disfrutar el fin de semana en las turísticas aguas termales de la
comunidad indígena de Aguas Calientes. Sorprendidos por la prensa del lugar y
la crítica expresada por el alcalde de Roboré que ignoraba el arribo de la
comitiva, el Gobierno no tuvo más salida que simular la entrega de insumos y
alimentos a familias pobres en un acto por demás montado y grotescamente
ejecutado que no disminuyó la intensidad de la condena social.
Una segunda denuncia del abuso de
los bienes del Estado se produjo cuando la diputada Gina Torrez y su hijo
fueron trasladados en otra avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de la
ciudad de Tarija a La Paz, con el argumento de asistir a la sesión de la
Asamblea Legislativa presuntamente convocada que nunca se produjo, como lo
confirmó la diputada Norma Piérola. A esta última, el Gobierno la amenazó por
develar la mentira de Gina Torrez y poner en evidencia el uso privado de la
avioneta. En realidad, el viaje de Torres obedecía simplemente al capricho de
Carolina Ribera que había pedido que se trasladara por vía aérea a la madre y
al hijo para asistir a su cumpleaños. Jeanine Añez y Carolina Ribera, violando
la regla de la cuarentena, lograron reunir en la Residencia Presidencial de San
Jorge a más de una docena de amigos y parientes en torno a la fastuosa
celebración.
El tercer episodio, tan
vergonzoso e indignante como los dos anteriores, fue protagonizado por el
ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien en un arranque de
“humanitarismo” decidió trasladar a la ex miss Rurrenabaque, Yaracobi
Shiraishi, a la ciudad de La Paz con el argumento de que la señorita se
encontraba mal de salud. Nuevamente, en medio de un bochornoso juego de
mentiras o medias verdades, Núñez declaró a la prensa que no conocía a la
exmiss y que decidió trasladarla en su avioneta sobre la base del informe
médico local. Horas después de la seguidilla de mentiras se reveló que el
certificado médico fue otorgado por una militante del partido de Núñez y que
Yaracobi no presentaba ningún signo de malestar, por el contrario, se
encontraba en perfectas condiciones para seguir disfrutando de los paseos
aéreos con el ministro a quien en un audio lo trataba con excesiva
familiaridad. El propio Núñez señaló que conocía a la familia pero que no
conocía a la hija, a pesar de que él mismo había participado años antes como
jurado calificador para la elección de la miss Rurrenabaque, ciudad de la que
fue alcalde durante 14 años consecutivos. Un verdadero circo mitómano envolvió
al ministro de marras ante el escándalo público que puso al descubierto las
incontrolables tentaciones carnales del régimen.
La indignación social estalló en
las redes sociales y en algunos medios de comunicación, a pesar del intento de
encubrimiento de varios periódicos y radios afines al Gobierno, hasta que Yerko
Núñez tuvo que pedir perdón a la población comprometiéndose a no repetir el
abuso de poder y el uso ilegal de los bienes públicos para fines privados, lo
que no significa la extinción del delito. No ha estado exento de crítica el uso
discrecional de los helicópteros del Gobierno usados en prodigar bendiciones a
la población de las principales ciudades del país en semana santa,
contradiciendo el carácter laico del Estado y los elevados costos operativos de
las aeronaves que podían servir para otros menesteres menos ostentosos y
mundanos.
II
Los tres episodios sucesivos,
además de otros que aún se desconocen, revelan los aberrantes abusos de poder
de la presidenta y del círculo íntimo del Gobierno, inmerso en un mar de
corrupción y saqueo desvergonzado de empresas estratégicas del Estado
Plurinacional. Por otra parte, estos actos bochornosos ocurrieron en medio de
la mayor ineptitud del régimen para controlar la pandemia del coronavirus,
caracterizada por la caótica gestión del Ministerio de Salud, falta de
equipamiento hospitalario, inexistencia de materiales de bioseguridad, protesta
generalizada de médicos y enfermeras por la precariedad de las condiciones
laborales, carencia de reactivos para las pruebas de diagnóstico y decenas de
promesas incumplidas, sumado a la crisis en la gestión de los servicios
departamentales de salud que fueron intervenidos por el Gobierno sin resultados
aparentemente positivos.
Estos abusos de poder en relación
con los bienes estatales revelan, en primer lugar, una inequívoca conducta de
desprecio a las normas administrativas, en segundo lugar, explica una cultura
política de despojo inmisericorde de los bienes públicos y tercero, una
cuestionable conducta inmoral y desconsiderada con la población que desde hace
varias semanas se encuentra confinada en cuarentena. Demuestra también la
indolencia respecto a las múltiples necesidades que tiene la población más
pobre del país que hoy sufre hambre, desocupación y una angustiante
incertidumbre sobre el futuro inmediato.
El uso de los bienes públicos por
parte del régimen explica también la perversa lógica que subyace en los
funcionarios públicos jerárquicos cercanos a la presidenta. Estos, en su
mayoría provenientes del Beni y Santa Cruz, familiarizados con esa antigua
lógica patronal o cacical de la Amazonia, poseen en su núcleo mental la idea
casi naturalizada respecto al abuso de poder que entraña, entre otras cosas, el
saqueo ilimitado de bienes públicos, desprecio por las normas universales
además de un secular racismo larvario como denominador común. En buena medida
expresan el infortunio de un origen geográfico distante al desarrollo estatal o
a procesos de modernización institucional siendo más cercanos a la lógica
patronal estanciera.
Que el Gobierno dirigido por Añez
sancione injusta y abusivamente a los oficiales de las FF. AA., responsables de
la seguridad palaciega, por delitos y abusos cometidos por altas autoridades y
familiares del régimen, da cuenta del cinismo con el que se maneja el país y la
intolerancia incluso contra aquellos militares que se supone que son aliados
estratégicos del Gobierno golpista.
La destitución del personal
militar destinado al Palacio de Gobierno es interpretada por las FF. AA. como
un castigo drástico que modificará significativamente la hoja de vida y, en
definitiva, la propia carrera militar de los afectados, que en buenas cuentas
sirven al arrogante régimen de turno como simples chivos expiatorios. Ninguno
de ellos pidió ser destinado al Palacio de Gobierno y mucho menos a la
administración de la flota de aviones y helicópteros adquiridos en la gestión
de Evo Morales. Sin que medie investigación alguna y sin más trámite que una simple
sospecha de infidencia, sutilmente deslizada por edecanes policías, el personal
militar, además de ser destituido y acompañado de un informe lapidario de su
desempeño profesional, fue enviado al Estado Mayor de las FF. AA. como si se
tratara de simples delincuentes.
Para descargo de este personal
destituido convendrá señalar que, en los tres casos de abuso de poder y uso
ilegal de bienes públicos, fueron algunos medios de comunicación y redes
sociales quienes circularon y denunciaron profusamente cada uno de los hechos
que adquirieron la estatura de escándalo público. Habría sido un verdadero
contrasentido para su propia ética u honor militar que quienes estaban
destinados a preservar información confidencial la entregaran a medios de
comunicación que, como se sabe, son los menos indicados para mantener un grado
razonable de reserva.
Resulta paradójico que los
oficiales responsables de planificar el movimiento aéreo de las autoridades
civiles y de preservar la seguridad de las naves, insólitamente fueran
convertidos en culpables de los múltiples escándalos y en directos responsables
del repudio popular contra el Gobierno. Como se suele decir en el romancero
popular, el cojo le echa la culpa al empedrado. Conviene no olvidar que los
mismos personajes que criticaban acremente al Gobierno anterior por el uso de
aviones y helicópteros son los que hoy multiplicaron dicha práctica en solo 6
meses de gobierno transitorio.
La decisión de destituir injusta
y arbitrariamente al equipo militar del Palacio de Gobierno es una muestra
fehaciente del desprecio e intolerancia que siente el régimen ante cualquier
asomo de denuncia de sus recurrentes arbitrariedades. Esta reacción poco serena
y casi explosiva del Gobierno explica su necesidad imperativa de ejercer
control sobre los medios de comunicación con quienes se ha construido un
verdadero cerco mediático para que la sociedad viva en el reino de la opacidad.
En este caso, el personal subalterno de las FF. AA. interpreta la decisión
política como desmesurada y unilateral que ofende el prestigio militar.
Empero, esta decisión ni es
improvisada ni es casual. En primer lugar, es una señal categórica a las FF.
AA. de que el régimen no permitirá ningún desliz de infidelidad ni de tibieza
política en el cumplimiento de las tareas asignadas, particularmente las
represivas, mucho menos la aceptación de concesiones políticas en favor de sus
adversarios como el acceso a supuesta información confidencial que los
perjudique en sus aspiraciones de continuidad presidencial. Por otra parte, es
una expresión desconsiderada respecto al extraordinario esfuerzo y sacrificio
que hoy hacen las FF. AA. en procura de hacer cumplir las disposiciones emanadas
de la emergencia sanitaria nacional.
Actualmente miles de soldados,
sargentos y oficiales de las FF. AA. cumplen tareas de patrullaje y control de
la cuarentena en todo el territorio nacional, sometidos a condiciones
infrahumanas y expuestos al contagio inminente del coronavirus.
Excepcionalmente, el personal militar dispone de recursos para la
sobrealimentación y no cuenta con ningún material de bioseguridad que inmunice
su trabajo diario, pese a los recurrentes reclamos de los mandos intermedios.
No cabe duda de que existe una abierta complicidad e indiferencia de parte del
Comando en Jefe de las FF. AA., al mando del Gral. Div. Sergio Orellana y su
Estado Mayor con el Gobierno, que hacen oídos sordos a las súplicas del
personal subalterno que exige un mínimo de dotación de vestuario y equipo
adecuado para cumplir sus sensibles y peligrosas labores diarias.
El país ignora la cantidad de
soldados, sargentos u oficiales contagiados por el coronavirus ante el olímpico
desprecio que expresa el Ministerio de Defensa Nacional por la transparencia y
el manejo responsable de la información. Se presume que existe más de un
centenar de soldados infectados en todo el país a cuyas familias se les está
privando el derecho a la información. Al mismo tiempo, el personal profesional
de mando, sargentos y oficiales, junto a los soldados, se exponen al contagio
callejero que pone en riesgo a sus familias ante la falta de pruebas de
diagnóstico oportunas en los cuarteles. Ciertamente, se advierte un agotamiento
mayúsculo de la tropa que no ha tenido la posibilidad de relevo estos tres
meses, peor aún, de recibir un trato alimenticio y sanitario adecuado que está
generando severos problemas de disciplina y salud mental y física en los
conscriptos. Pero es lo que menos importa para el poder político y militar,
puesto que subsiste la mentalidad colonial respecto a los soldados que en su
mayoría son indígenas y, por lo tanto, desechables.
III
Los rumores cuartelarios señalan
que las FF. AA. estarían siendo tratadas como “animales de carga” sujetas a
caprichos políticos con la complicidad de sus mandos que estarían recibiendo
jugosos gastos reservados como precio por su silencio venal. El malestar del
personal profesional es mayúsculo dada la comparación que se hace con el trato preferente
que el Gobierno dispensa a la Policía Nacional. Estos últimos estarían
recibiendo recursos económicos adicionales, equipos suficientes de
bioseguridad, dotaciones extraordinarias de uniformes y racionamiento
alimenticio suplementario que incluye jornadas de descanso reparador.
Además de lo anterior, las FF.
AA. consideran que económicamente están siendo injustamente maltratadas en
relación a la Policía, a quienes asignaron un aumento salarial sustantivo
otorgándoles, al mismo tiempo, un margen oprobioso de tolerancia al conjunto de
actos delictivos relacionados con su cultura extorsiva e institucionalizada.
Hasta el momento, el personal militar desconoce si se le otorgará un aumento
salarial.
Hace pocos días, oficiales del
Ejército denunciaron públicamente evidentes prácticas extorsivas y bloqueos
deliberadamente planificados y activados por personal de inteligencia de la
Policía para acusar al MAS de romper la cuarentena y enfrentar a los militares
con la población civil. Dichas denuncias no habrían merecido hasta ahora
ninguna investigación, por el contrario, habrían sido eludidas por las
autoridades y silenciadas por los medios de comunicación.
Es ya un rumor generalizado que
en este régimen las FF. AA. se habrían convertido en peones baratos de la
Policía y en empleadas domésticas maltratadas por el Gobierno al que consideran
el más corrupto, incapaz e indolente de toda la historia. Incluso, las
incautaciones que realizan los militares al contrabando en las fronteras, con
el riesgo de sus vidas, estarían siendo dirigidas masivamente en favor de la
Policía en lugar de servir a sectores pobres y marginales. Por otra parte, el
sector militar siente que su esfuerzo institucional es capitalizado
políticamente por los titulares de Defensa o Gobierno en procura de exaltar sus
méritos personales.
El favoritismo del Gobierno hacia
la Policía Nacional en desmedro de las FF. AA. no es un invento ni mucho menos
un ardid político malintencionado. El propio ministro de Defensa, Luis Fernando
López, en un acto que constituye un verdadero agravio para los militares, llamó
a los policías “camaradas”, con el único objetivo político de granjearse la
simpatía policial en procura de preservar una relación amable entre ambas
instituciones. Lo que López ignora es el profundo sustrato histórico de
rivalidades irresueltas e irreconciliables entre ambas instituciones que no las
hacen comparables en prestigio, profesionalidad ni mucho menos en decoro
profesional desde la perspectiva militar. Este arranque demagógico y desconsiderado
de López con la memoria militar ha introducido en el ánimo de las FF. AA.,
particularmente del Ejército, una sensación de inocultable molestia y desazón.
Similar actitud de encono ha
despertado la conducta política y la apuesta partidaria del comandante en jefe
de las FF. AA., Gral. Sergio Orellana, al tratar de convertir la institución en
una fuerza política uniformada al servicio del Gobierno. Exigido por el poder
político, Orellana se ha encargado escrupulosamente de eludir y encubrir los múltiples
altercados entre policías y militares que se producen permanentemente,
situación que solo se explica por su adscripción familiar dado que el padre es
un viejo oficial de policía.
Orellana se ha mostrado solícito
a las necesidades represivas del Gobierno, incluso por encima de su propia
capacidad operativa, lo que dice claramente que su prioridad no es el bienestar
de las FF. AA. ni su adscripción a las leyes, sino la estabilidad del régimen.
La petición gubernamental para que las FF. AA. participaran en la distribución
de bonos en el área rural fue transformada por Orellana en una oportunidad
propicia para reforzar su adhesión y fidelidad al Gobierno. Propuso que el Plan
de Distribución de bonos sociales se denominara JUNTOS POR BOLIVIA, usando el mismo
color y nombre del partido de Gobierno en la documentación oficial de las FF.
AA. El material impreso para este fin, así como la entrega personalizada de los
bonos tiene como objetivo servir como la mejor estrategia de difusión y
socialización del programa del partido gobernante. Mediante este Plan, las FF.
AA. desarrollarían una agresiva campaña electoral en el área rural en favor del
régimen llevando a los lugares más inhóspitos la campaña electoral con el
nombre de la presidenta. Inducir al voto y satanizar la gestión de Evo Morales,
mostrando un conjunto de irregularidades administrativas constituye la base de
la campaña militar propuesta por Orellana y López.
De igual manera, Orellana reiteró
su alineamiento incondicional al partido gobernante al denominar el Plan de
Movilización militar-policial de los fines de semana con el nombre nuevamente
de JUNTOS con el ánimo de mostrar la inexistencia de enconos institucionales
entre policías y militares y mostrarse como un indisoluble cuerpo armado al servicio
del Gobierno. Con el pretexto de motivar a la población durante la cuarentena,
el Comando en Jefe diseñó el plan en el marco de Operaciones Psicológicas,
recomendadas por el Grupo Militar de EE. UU., que tiene como objetivo la
movilización simultánea de miles de soldados y policías a lo largo y ancho del
país, que en realidad no es más que una muestra de su capacidad política
disuasiva.
El alineamiento de Orellana al
servicio del Gobierno se traduce también en la propuesta de ascenso de
coroneles a generales enviada al Palacio de Gobierno para su consideración por
la Comisión de Defensa del senado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Dicha lista difiere radicalmente de aquella que fue elaborada con base en los
méritos personales y presentada al Gobierno por el anterior mando militar, al
mando del Gral. Kalimán. Como por arte de magia, Orellana modificó dicha lista
eliminando de ella a un numeroso grupo de coroneles supuestamente cercanos al
gobierno de Evo Morales para dar cabida a un nutrido grupo de oficiales
considerados leales y aparentemente alineados al actual régimen.
La consecuencia perversa en la
discrecional y politizada elaboración de listas para ascensos se expresa en la
injusta asignación de cargos al personal considerado favorecido por el
Gobierno, entretanto, los coroneles supuestamente “masistas” habrían sido
pasados a la lista de disponibilidad militar, quedando no solo perjudicados en
su derecho de ascender, sino también al margen de la asignación de cargos que
no es otra cosa que su pase a retiro. En realidad, se estaría produciendo un
virtual proceso de depuración política o de limpieza ideológica entre los
coroneles.
IV
No cabe duda de que la
politización de las FF. AA. con el actual Gobierno, impulsado por los apetitos
continuistas, ha logrado configurar una suerte de feudalización institucional,
echando por tierra los tímidos avances en procura de su democratización y profesionalización
de los últimos 37 años. La instrumentalización de las designaciones en cargos
jerárquicos, el manejo caprichoso de destinos del personal con arreglo a la
cercanía o lejanía ideológica del régimen, la modificación de listas en los
ascensos, así como la disponibilidad represiva para contener la protesta social
forman parte del imperativo político del régimen en complicidad con los altos
mandos, abonado por el pago de incentivos económicos provenientes de fuentes
financieras dudosas, aunque con firme sospecha de que procederían del Grupo
Militar de los EE. UU. Forma parte de este proceso de quiebre institucional el
uso de organismos de inteligencia militar y policial dedicados, por decisión
política, a identificar o perseguir oficiales críticos o aparentemente
vinculados con el gobierno anterior. Desde el propio Comando en Jefe se ha
dispuesto que los servicios de inteligencia militar, en cada una de las
fuerzas, dediquen sus esfuerzos a identificar a personal militar vinculado con
Evo Morales. Como pocas veces en las últimas décadas, se ha restablecido una
sañuda persecución política de la mano de sanciones injustas contra el personal
militar sospechoso o no alienado con el actual régimen.
Las FF. AA. no solo han sido
ocupadas políticamente desde adentro, sino que también obedecen decisiones
externas alimentadas por intereses extranjeros, en particular norteamericanos.
Desde esta perspectiva, directa o indirectamente, la institución militar
sustenta el proceso de desnacionalización del Estado Plurinacional y, por lo
mismo, ha pasado a formar parte del despojo del patrimonio nacional. Su
condición de soporte material y armado del régimen coloca a las FF. AA. en el
vergonzoso papel de correa de transmisión del vaciamiento nacional y aplastamiento
de la Patria.
Empero, estas no son reflexiones
que forman parte de las preocupaciones sustantivas del personal militar, sino
aquellas que son más mundanas vinculadas con su sobrevivencia diaria. En este
sentido, la irritación militar no es menor cuando se trata de revisar los
beneficios o prerrogativas logradas en el anterior gobierno en relación con la
dotación de víveres o a la manipulación insidiosa en las designaciones del
personal en las empresas militares o en el seguro social militar, que estaría en
riesgo de quiebra. Para abreviar el conjunto de arbitrariedades podemos decir
que el Gobierno, a través de su ministro de defensa y el Comando en Jefe de las
FF. AA., ha decidido usar el perverso apotegma: “a los amigos todo, a los
enemigos la ley”.
Consecuente con la consigna de la
amistad a prueba de fuego, el círculo de confianza del ministro de Defensa se
ha nutrido por una cofradía de oficiales retirados del arma de caballería que
han convertido el sector de defensa en el reino de sus negocios personales. En
los pasillos del ministerio se respira un aire de arrogancia, soberbia y de
racismo nunca antes visto, alimentado por una caterva de exoficiales mediocres,
cuya carrera fue sustentada en el servilismo y la doble moral. Una mayoría de
este elenco considera que el uso radical de la fuerza militar es la única
manera de frenar a las turbas macilentas y a los “indios de mierda” para que
nunca más se atrevan a desafiar el poder blancoide o “pitita”. Este racismo que
lucen a flor de piel resulta tan ruinosamente inexplicable a la luz del origen
social de este pequeño núcleo de renegados.
La corrupción en el área de
defensa es similar a lo que ocurre en otros despachos ministeriales convertidos
en verdaderos botines de guerra de sus titulares y adláteres. Al respecto, se
ha denunciado un conjunto de irregularidades en la dotación de víveres al
personal militar que corresponden a la gestión pasada y los reclamos son cada
vez mayores respecto a las irregularidades en esta gestión. Las denuncias
recaen sobre el responsable de la dirección general de logística del Ministerio
de Defensa, Pedro Rea, a quien se atribuyen acciones dolosas en la
administración de recursos destinados a la compra de víveres para el personal
militar del servicio pasivo y activo. Rea, otro militar retirado, considerado
mano derecha de Luis Fernando López, es acusado de hacer compras parciales de
víveres con sobreprecio, con calidad cuestionable de los productos, además de
una caótica distribución que agrega una dosis de malestar dentro de las FF. AA.
Hará falta iniciar procesos de investigación sobre la adquisición de agentes
químicos, munición o equipos antimotines realizados a los Gobiernos de Ecuador
y Brasil, así como los numerosos vuelos clandestinos realizados por la FAB para
el traslado de material policial desde los EE. UU. con la complicidad del Grupo
Militar extranjero.
No cabe duda de que el régimen
actual ha decidido convertir a las FF. AA. en un feudo político en el que prima
la manipulación de procesos, asignaciones discrecionales, favoritismo de armas,
corrupción, alineamientos ideológicos ultraconservadores y designaciones
deliberadas en favor de una pequeña minoría de oficiales privilegiados que
consideran el momento propicio para la obtención de beneficios personales, lejos
de cualquier consideración normativa o acción fiscalizadora.
En medio de un malestar general
en el que el país está sumergido y que afecta a las propias FF. AA., el
Gobierno está extremando recursos políticos para acelerar la aprobación de los
ascensos a generales como un incentivo para preservar la lealtad de los mandos
y al mismo tiempo reinyectar una dosis de “espíritu de cuerpo”. Empero, dicho
ascenso solo alcanza a unos cuantos oficiales, mientras una mayoría del
personal militar mira las estrellas doradas de sus futuros generales con el
mismo desdén con el que sienten el maltrato del Gobierno que anticipó el
ascenso de generales en la Policía.
En una búsqueda desesperada por
frenar esta cascada de desmoralización militar e impedir brotes de descontento
explícito, el Gobierno ha recurrido, como nunca antes, a autorizar el ascenso
de toda la tropa de soldados de las FF. AA., sin excepción, un indicador
ciertamente gravísimo que muestra el proceso de descomposición interna de la
institución militar.
En las últimas horas se ha
conocido de la aprobación de un presupuesto adicional para las FF. AA. de 26
millones de bolivianos. De acuerdo con el Decreto Supremo N° 4230, el Gobierno
autorizó la contratación directa de obras, bienes y servicios en el territorio
nacional o extranjero para efectuar trabajos de mantenimiento de las vías de
acceso al sistema de radares (8.551.456 bolivianos) y asignó recursos para la
alimentación, socorro y movilización o desmovilización de soldados y marineros
(17.674.913 millones de bolivianos) de las FF. AA.
No queda la menor duda de que el
régimen empieza a mostrar un cuerpo político tembloroso y con ánimo abatido
ante el conjunto de protestas y amenazas de sectores sociales y empresariales
gravemente afectados por la crisis económica que empiezan a crispar la
situación política del país. Las condiciones de hambre, empobrecimiento
acelerado y desempleo, además de la contención de la pandemia, ponen en jaque
al régimen que se muestra cada día con menos capacidad de resolver las demandas
sociales. La caída de la credibilidad pírrica del régimen se retroalimenta con
los descomunales hechos de corrupción, nepotismo, abuso de poder y represión.
La convocatoria a la iglesia católica para que medie en los conflictos
emergentes es una señal elocuente de su crónica debilidad política y de la
pérdida radical de legitimidad.
El ciclo golpista pareciera haber
agotado su capacidad represiva, minada por el coronavirus, cuyo cuerpo militar
débil, desmoralizado y crítico, que hasta hace pocas semanas sostenía sin
vacilación al régimen, ahora mira con estupor el desolador panorama nacional
que habla de una curva de infección del coronavirus que no cesa de trepar
incesante ante la cruel ineptitud de Añez y su pandilla, ocupados en saquear los
escasos recursos que le quedan al país frente a un futuro ciertamente
desolador.
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