Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Hasta
ahora el gobierno golpista ha demostrado una total incompetencia en la gestión
pública y en el caso de la gestión de la pandemia del coronavirus, ha adoptado
medidas mal copiadas de manual (protocolos), sin considerar la realidad de
nuestro país medidas destinadas solo a una parte del país como consecuencia de
un pésimo manejo informativo desde el ente rector (Ministerio de Salud) hacia
poblaciones vulnerables, concentración solo en datos estadísticos (cantidad de
casos), mostrando la vulnerabilidad de un sistema de salud que no tiene
respuesta no por su capacidad, sino por su ineficiencia como gestión
gubernamental a través de la cuarentena que disimula esa ineficiencia y se
traduce en medidas sistemáticas de represión vía militarización.
Asimismo,
aparentemente existen muchos más contagiados que los que se reportan
oficialmente y es probable que por ello hayan definido la cuarentena total y
universal de forma pura y simple. Es más fácil lanzar un decreto prohibiendo la
circulación de “todo el mundo” y si alguien se opone detenerlo, multarlo y
procesarlo penalmente; precisamente este es el carácter fascista y de clase de
las medidas particularmente cuando se refieren a El Alto y el Chapare
estigmatizando y criminalizando a la población desinformada y empobrecida.
Las
medidas que se tomaron deberían considerar con seriedad la realidad de la población
boliviana y, por tanto, combinar acciones efectivas contra la pandemia al mismo
tiempo promover la actividad económica considerando los diferentes tipos de
economías; no se debe olvidar que la mayoría de vecinos de la ciudad de El Alto
o de la ciudadela Andrés Ibañez en Santa Cruz (Plan 3000) por ejemplo, viven al
detalle, es decir generan ingresos para alimentarse ellos y sus familias
diariamente; pequeñas ventas y negocios se ven afectados y están fuera de la
cuarentena porque no están todo el tiempo en las redes sociales o viendo los
canales de televisión, porque están obligados por su condición económica a
estar en las calles intentando generar ingresos para poder alimentar a su
familia.
Si
bien el gobierno de facto determinó medidas de apoyo económico, estas expresan
su carácter oligárquico porque principalmente favorecen a los empresarios y
ninguna de ellas reconoce la micro actividad comercial popular y cuenta
propistas o trabajadores estacionarios, dado que sus pequeños capitales
devienen de microcréditos otorgados por entidades financieras que recogen
diaria o semanalmente los capitales e intereses otorgados a grupos de
comerciantes, a más de ello, deben pagar alquiler, transporte y sus propias
medicinas. Pero esa realidad no la conoce el gobierno de facto; esta población
con empleos precarios que es la más numerosa y vulnerable con ciclos diarios de
ingresos y gastos no puede tomar previsiones para las dos semanas de cuarentena
y prácticamente está condenada a su destrucción y peor aún al hambre y las
enfermedades que ello conlleva tan o más graves que el coronavirus.
Entonces
debemos exigir que el gobierno, en vez de sus amenazas fascistas y represivas
vía militarización, primero informar verazmente a través del ministerio de
Salud y otros a través de mecanismos de promoción y prevención en poblaciones
vulnerables; no esperar que la enfermedad llegue a un sistema de salud también
vulnerable sino prevenirlo, es más fácil llegar con brigadas de salud y
concientizar en el lugar que aplicar gritos e insultos, golpes y detenciones, multas,
cárcel y juicios a estos sacrificados compatriotas vistos como criminales por
ser pobres. Si este gobierno realmente dice que está para prevenir y cuidar de
la salud de las y los bolivianos, entonces que destine los recursos suficientes
y las acciones necesarias para subvencionar las actividades de estas personas
que son también bolivianas y bolivianos por medio de recursos del Estado para
mayor promoción de la salud, cuya fuente de financiamiento sea de la banca
privada que es uno de los sectores que mayores utilidades ha tenido a lo largo
de los últimos lustros, es decir se debería aplicar un impuesto extraordinario
a los bancos para que estos compartan sus grandes utilidades en favor de los
afectados por la cuarentena.
El
uso de la fuerza pública para obligar a acatar una medida sanitaria a una
población golpeada sistemáticamente en sus derechos, vilipendiada y
estigmatizada como ignorantes, salvajes masistas y otros epítetos discriminadores,
no solo es un error, sino que en el fondo demuestra el carácter racial y de
clase de este gobierno que ahora ve en esta crisis una oportunidad política de
desprestigiar al pueblo alteño, que de llegar el virus a la curva de contagios,
tendrá autoridad para culpar a los pobres de su ineficiencia. Asimismo, la
represión también está destinada a exacerbar más el sentimiento de rebeldía de
un pueblo que ve en policías y militares, representantes del odio, el racismo,
el abuso de poder símbolo de muerte que expresa el actual gobierno.
Es
por eso que exigimos dialogo, información e inclusión de todas y todos para
prevenir y combatir esta pandemia; rechazamos que se use como excusa de
represión, criminalización y culpabilidad a los pobres de no acatar la
cuarentena, el principal responsable es el Estado y el actual gobierno que no actuó oportunamente.
La Escuela Socialista Comunitaria
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