Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Como
había sido anunciado, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado el
proyecto de Ley de Organizaciones Políticas. La norma tiene como base un
anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta semana
será el turno del Senado.
Si
bien el debate se concentró en un artículo, la nueva ley incorpora varias
innovaciones sustantivas. Un día en comisión y dos jornadas en el pleno
bastaron para que la Cámara de Diputados, al impulso de la mayoritaria bancada
oficialista, aprobara lo que pronto será la Ley de Organizaciones Políticas
(LOP).
Esta
norma busca reemplazar la legislación todavía vigente, pero obsoleta en la
materia (en especial la Ley de Partidos Políticos, de 1999). Si bien la LOP
contiene 105 artículos, los actores políticos y la cobertura mediática se
ocuparon en exclusiva de las primarias para la elección de binomios
presidenciales.
¿Por
qué es necesaria una nueva norma que regule a las organizaciones políticas?
Porque la democracia interna en estas agrupaciones sigue siendo una asignatura
pendiente. Y la LOP plantea precisamente una serie de mecanismos para que los
partidos y las agrupaciones ciudadanas se democraticen integralmente, empezando
por la definición de sus candidaturas y dirigencias. El reto es que, además de
tener vida orgánica, las organizaciones políticas sean democráticas y no estén
sujetas a decisiones cupulares, verticales y discrecionales.
Otra
importante innovación de la LOP tiene que ver con el financiamiento. Después de
una década librados solo al financiamiento privado de las organizaciones
políticas, la nueva norma plantea un avanzado modelo mixto que incorpora la
figura del “fortalecimiento público”. No es un retroceso al pasado de
financiamiento directo, sino un avance en tanto se prevén recursos públicos,
administrados por el TSE, para garantizar condiciones más equitativas de acceso
a los medios en procesos electorales.
Hay
otros dos cambios sustantivos. Uno es el reconocimiento de los derechos de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en elecciones
con sus organizaciones propias, aunque restringidas al nivel subnacional. El
segundo es la inédita adopción normativa de la “democracia paritaria” y de un
“régimen de despatriarcalización” en las organizaciones políticas para
garantizar la participación igualitaria de las mujeres, a quienes se protege
también con mecanismos contra el acoso y la violencia política.
Ninguna
de estas cuestiones fue debatida ni destacada al calor de la disputa entre oficialismo
y oposición por las elecciones primarias que, en rigor, son parte de la
querella mayor en torno a la repostulación del presidente Morales. Las
disposiciones transitorias de la LOP establecen la realización de tales
primarias el 27 de enero de 2019. Ello implica que la muy esperada
“competencia” y definición del TSE sobre las candidaturas se anticipa para los
primeros días de diciembre próximo. Será ley.
Publicado en la Editorial del
periódico La Razón
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