Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Rubén Medinaceli Ortiz
Con frecuencia se escucha o se
lee que el gran crecimiento de la renta petrolera en los últimos 13 años se
debe principalmente a la subida de los precios internacionales de los hidrocarburos;
con ello se busca de alguna manera demeritar la nacionalización de estos
recursos decretada el 1 de mayo de 2006 por el presidente Morales.
Gonzalo Sánchez de Lozada, en su
primer gobierno (1993-1997), promulgó la Ley 1689 de Hidrocarburos (30/04/1996).
Esta ley clasificaba los hidrocarburos en “existentes” y “nuevos” y establecía
por la explotación de hidrocarburos “nuevos” el pago de una regalía
departamental (11%), una regalía nacional (1%), y una participación (6%) en
favor de YPFB; vale decir, el 18% del valor de la producción de hidrocarburos
en boca de pozo favorecía al Estado y el resto (82%) a las compañías
petroleras, generalmente extranjeras.
Carlos Villegas, en su libro
Privatización de la industria petrolera en Bolivia-Trayectoria y efectos
tributarios (2004), afirma que las reservas “existentes” representaban solo el
3% del total de las reservas, mientras que las reservas “nuevas” constituían el
restante 97%; en otras palabras, prácticamente todas las petroleras explotaban
hidrocarburos “nuevos” y aportaban al Estado solo el 18%.
Esta ley estuvo vigente hasta la
promulgación de una nueva ley de hidrocarburos, la Ley 3058 promulgada el 17 de
mayo de 2005. Esta última, con la creación del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) (32%), subía la participación del Estado en el valor de la
producción de hidrocarburos al 50%.
Sin embargo, fue el actual
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia quien, mediante Decreto Supremo
28701 del 1 de mayo de 2006, nacionalizó los hidrocarburos, lo que dispuso que
el valor de la producción se distribuya de la siguiente manera: 82% para el
Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de IDH y 32% a través de una
participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías petroleras.
En 2005 (último año del gobierno
de Carlos Mesa), la producción de gas natural alcanzó a 442.694,39 millones de
pies cúbicos (INE); el precio ponderado promedio del gas natural fue igual a
$us 2,73 por mil pies cúbicos (INE), por lo que el valor de la producción llegó
a $us 1.209 millones; la distribución efectuada, de acuerdo con la Ley 1689 de
Hidrocarburos de Sánchez de Lozada, fue aproximadamente la siguiente: $us
217,62 millones (18%) para el Estado y $us 991,38 millones (82%) para las
compañías petroleras.
Si el presidente de entonces,
Carlos Mesa, hubiera escuchado el clamor popular y nacionalizado los
hidrocarburos en los términos que lo hizo el presidente Evo Morales, la
distribución habría sido $us 991,38 millones para el Estado y $us 217,62
millones para las petroleras; vale decir, la participación del Estado habría
pasado de $us 217,62 millones a $us 991,38 millones, un incremento de $us
773,76 millones que con seguridad le habría evitado a Carlos Mesa extender la
mano para pedir limosna a los organismos financieros internacionales y con el
que habría podido pagar sueldos y aguinaldos. En 2012, el precio ponderado
promedio del gas natural boliviano alcanzó su valor máximo: $us 9,94 por mil
pies cúbicos (INE). Ese año, la producción de gas natural fue de 652.443,34
millones de pies cúbicos (INE); por tanto, el valor de la producción de gas
natural llegó a $us 6.485,00 millones. Si el precio del gas natural no hubiera
subido y se hubiera mantenido en el nivel de 2005 ($us 2,73 por mil pies
cúbicos), el valor de la producción de gas natural habría sido solo de $us
1.781,00 millones.
El siguiente cuadro muestra la
distribución del valor de la producción de 2012 efectuada de acuerdo con el DS
28701 de nacionalización; pero además muestra la que se hubiera tenido con la
Ley 1689 de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada:
El cuadro a continuación refleja
distribuciones del valor de la producción de gas natural de 2012, asumiendo que
el precio no se hubiera incrementado desde 2005:
Una comparación de estos dos
cuadros muestra que, si bien el incremento del precio del gas natural fue
importante para el crecimiento de la renta petrolera, la decisión de
nacionalizar los hidrocarburos fue mucho más importante. No otra cosa significa
que la participación del Estado con la nacionalización pero sin incremento del
precio ($us 1.460,42 millones) sea mayor a la participación del Estado sin
nacionalización pero con el incremento del precio ($us 1.167,30 millones).
Senador del Movimiento Al Socialismo
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