Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Víctor H. Morales Martínez
La primera semana del mes de mayo empezó con una marcha de gremialistas
en La Paz, exigiendo al Gobierno actualizar los valores del Régimen Tributario
Simplificado (RTS), debido a que este sector considera que no debe pagar
impuestos ni emitir facturas, además de mantenerse en dicho Régimen, porque su
capital y volumen de operaciones son mayores a los actualmente permitidos por
norma.
Antes de analizar la correspondencia (o no) de este reclamo, primero es
necesario comprender que el RTS es un régimen especial que fue creado (1987)
con carácter transitorio, para facilitar el pago de tributos a comerciantes
minoristas, vivanderos y artesanos, considerando su bajo nivel de ingresos.
El carácter transitorio supone que los contribuyentes inscritos en este
régimen deben ser incorporados en el Régimen General una vez que incrementen
sus niveles de capital y ventas, al tiempo de que nuevas actividades
productivas se vayan incorporando al mismo.
No obstante, en la práctica este objetivo fue distorsionado a través de
la emisión de cinco disposiciones normativas entre 1987 y 2004, convirtiendo al
RTS en un factor que vulnera constantemente la estructura tributaria, además de
incrementar y perpetuar la informalidad.
Actualmente pertenecen (o deberían pertenecer) a este régimen quienes
cuentan con un capital que va desde los 12.001 bolivianos hasta un máximo de 37
mil bolivianos y cuyas ventas anuales no superen los 136 mil bolivianos. Están
distribuidos en cinco categorías tributarias exentas de la emisión de facturas,
pero cada dos meses pagan montos mínimos al fisco, dependiendo del capital que
tienen.
La propuesta del sector encabezado por Francisco Figueroa, es que se
amplíe el tope del capital para quienes pertenecen al RTS al menos hasta los 70
mil bolivianos, desconociendo el acuerdo alcanzado el l3 de septiembre del
pasado año, entre el actual Gobierno y la Confederación Sindical de
Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de
Bolivia. En otras palabras, un grupo de personas que dicen ser gremialistas
pide que quienes cuenten con un capital de casi 10 mil dólares americanos sean
considerados de “bajos niveles de ingresos”, para efectos tributarios.
Exigencias como ésta flexibilizaron constantemente el RTS, ocasionando
que las personas para quienes el mismo fue creado sean desplazadas al campo de
los no alcanzados con el pago de tributos, al tiempo de absorber a un grupo
cada vez mayor de contribuyentes que por sus características bien podrían
aportar, de acuerdo con su capacidad, dentro el Régimen General.
Otro aspecto que no toma en cuenta este tipo de demandas es que al
flexibilizar el RTS se reducirá el universo de contribuyentes del Régimen
General, y con ello se afectarán los ingresos tanto del Gobierno Central como
de los Gobiernos Municipales y universidades públicas, que perciben recursos
por concepto de coparticipación tributaria, en un 20 y 5% respectivamente,
deteriorando la capacidad de financiamiento de servicios públicos como
educación, salud, seguridad interna y otros, en perjuicio de la sociedad civil
en su conjunto.
Por todo lo referido precedentemente, juzgue usted estimado lector si
esta demanda de un grupo de gente sin representación gremial condice con la
obligación que todos tenemos de contribuir, en la medida de nuestras
posibilidades, para que el Estado pueda financiar el gasto público y la
inversión social, en beneficio de quienes vivimos en este país.
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