Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Sergio Rodríguez Gelfenstein
Prudente
silencio hice ante el anuncio de la visita a Venezuela de Michelle Bachelet en
su condición de Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. A
pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los
antecedentes políticos de la funcionaria internacional, me abstuve por respeto
a muchos amigos en el país y el exterior que forjaron expectativas a partir de
la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha, lo cual auguraba
neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de elaborar.
Es
menester decir que como hijo de un hombre que fue preso y torturado en
democracia en Venezuela y en dictadura en Chile, que además tengo decenas de
amigos y amigas que pasaron por la prisión, la tortura y la desaparición
forzada en varios países de la región, repudio y rechazo la práctica de
violación de los derechos humanos venga de donde venga, y la Alta Comisionada
que es la autoridad superior en esta materia en el mundo debería también
observar esta compostura en el cumplimiento de sus responsabilidades.
De
esta manera, no me voy a referir al informe que hizo, el cual ni siquiera voy a
leer, pero, como le dije a todos los que quisieron escucharlo, ese informe
estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el hecho que –dada
la trayectoria de la mencionada funcionaria- muy probablemente el mismo había
sido elaborado en Washington. Hoy, eso ha quedado demostrado cuando el gobierno
de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe provienen de fuera
del país. Tengo serias dudas que ese trabajo haya podido hacerse después del
viaje de la Comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado.
Es
decir, no se trata de si el informe dice o no dice la verdad, sino de cuánta
veracidad pueda tener un reporte de una oficina que tiene una pésima reputación
y de una funcionaria que carece de credibilidad en materia de derechos humanos
dadas las continuas violaciones de los mismos mientras fue presidenta de Chile,
sobre todo en la brutal represión al pueblo mapuche.
Otros,
argumentaban que nada podría ser peor en materia de lealtades imperiales que las
del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad, el príncipe jordano Zeid
Ra´ad al Hussein de conocida subordinación a Washington donde hizo una larga
pasantía como embajador de Jordania primero y representante de su país en la
ONU posteriormente.
Pero,
como dice un sabio dicho popular en Venezuela “deseos no empreñan”, me
impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen a Bachelet como
un adalid de los derechos humanos cuando su impronta muestra todo lo contrario.
Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda ser imparcial
respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta fundadora del grupo
de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el derrocamiento del gobierno
venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún momento, cuando se le
inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus actuaciones en esta
materia a su canciller Heraldo Muñoz, a quien según dijo “no puedo controlar”.
Fiel
a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le ha hecho asumir la
responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los funcionarios colocados en
sus puestos “por mi antecesor” a los que supuestamente tampoco puede controlar.
Bachelet,
es de esos extraños personajes que en política podrían caracterizarse de
“extremo centro”, es decir no opinar, no comprometerse, dejar hacer, echar la
culpa a otros y no asumir responsabilidades, al parecer características afines
a la política chilena si nos atenemos a que dos veces fue elegida presidenta de
la nación austral, pero tal identidad en ella no es natural, es asumida
concientemente por instrucciones superiores que estudiaron su perfil y
entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas
instancias de gobierno.
En
junio de 2014 cuando Zeid Ra´ad al Hussein fue elegido para el cargo, los
abogados especialistas en derechos humanos Javier El-Hage y Roberto González
escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que al
describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU decían que:
“…hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido en el mejor de los
casos tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso
reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque
en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la
ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos
pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por
dictaduras con poder de veto y membrecía mayoritaria”. Si nos atenemos al
historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan
ampliamente atinadas.
En
el caso de Michelle Bachelet, después de ser una insignificante militante
política en el partido socialista de Chile -según un artículo publicado en el
desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de enero de 2006- se marchó
a Estados Unidos a cursar “…un diplomado sobre estrategia militar en la
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) —al que
asistieron doce alumnos: seis oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad, y seis civiles donde -por su buen rendimiento—obtuvo el primer lugar
de la promoción, y gracias al patrocinio de la Beca Presidente de la República
continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el Colegio
Interamericano de Defensa, ubicado en Washington D. C., Estados Unidos. A su
regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de Defensa
Nacional” Curiosamente, a partir de ese momento inició su fulgurante despegue
político que la llevó -en tan solo 8 años- a ser elegida presidenta de Chile.
Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el
Pentágono ha ejercido en ella.
Según
la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, en octubre de 2018 había en Chile 20
presos políticos mapuche injustamente condenados por la Ley Anti Terrorista
aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984 cuando no había parlamento durante
la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos
gobiernos, al contrario profundizó la represión contra el pueblo mapuche
durante sus dos gestiones.
Hay
que decir que desde 2001 durante los gobiernos de la pos dictadura, en la
mayoría de los cuales participaba el partido de Michelle Bachelet, fueron asesinados
19 mapuche, de ellos dos, Johnny Cariqueo Yáñez en 2008 y Jaime Facundo Mendoza
Collío en 2009 fueron exterminados durante el primer gobierno de Bachelet y dos
más, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en 2014 y Víctor Manuel Mendoza
Collío en 2014 lo fueron en el segundo gobierno de la ahora funcionaria
internacional, sin que ella hiciera absolutamente nada por aclarar los
homicidios.
Estos
hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada como una feroz represora por
parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al gobierno en 2006 ordenó la
represión a comuneros y comuneras mapuche de la localidad de Quepe de la Comuna
de Freire en la región de la Araucanía, que protestaban por la instalación de
un aeropuerto en ancestrales territorios mapuche usurpados por la fuerza a sus
legítimos propietarios. En agosto de ese año fue asesinado Juan Lorenzo
Collihuin Catril, de 71 años, su asesino un sargento de Carabineros fue
absuelto del caso por la Fiscalía Militar.
El
30 de octubre de 2007, Patricio Queipul Millanao de solo 13 años de edad, fue
herido en el tórax por 6 disparos hechos por Carabineros con sus escopetas
antimotines
El
3 de enero de 2008 fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22
años, por el cabo 2° de Carabineros, Walter Ramírez, sin que las autoridades
realizaran investigación alguna para hacer justicia. El día 30 de ese mes de
enero, Patricia Troncoso quien se encontraba en huelga de hambre por 112 días
tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y 1 día bajo la
ley anti terrorista de Pinochet que sigue imperando en Chile, concluyó su
ayuno. La noticia habría pasado inadvertida sino hubiera sido porque acompañada
por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a Bachelet en la que le
decía: “Yo quiero preguntarle(…) Usted que fue prisionera política, que fue
torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted
señora presidenta? (…) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que
significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la
actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan
condenándonos a una muerte silenciosa”.
En
otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 en protestas convocadas
por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de
Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos,
Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la fuerte acción de la
policía. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo
Martínez llamó al Gobierno a analizar la violencia, a su juicio «inusitada»,
con que actuó la policía. La jornada comenzó cuando miles de manifestantes que
salieron pacíficamente a las calles fueron reprimidos con fuerza por
carabineros, que detuvo en pocas horas a un centenar de personas.
Continuando
con su política de represión al movimiento popular, durante los primeros meses
del año 2008 en las ciudades más importantes del país, los estudiantes
secundarios y universitarios desarrollaron movilizaciones exigiendo la
derogación definitiva del marco legal de educación creado por la dictadura. La
respuesta del gobierno de Bachelet fue ponerse de acuerdo con los partidos
pinochetistas para aprobar una nueva ley que en los sustancial dejaba todo
igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el
beneficio de los que lucran con la educación en Chile Para ello, Bachelet jugó
el papel de articuladora entre las partidos de derecha que estaban dentro y
fuera del gobierno: Democracia Cristiana y los pinochetistas Renovación
Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI) en la oposición, así como
con la desprestigiada y mafiosa iglesia católica, el Opus Dei y otros actores
que se han enriquecido con la educación en el país. Mientras tanto, la
presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles a fin de
ablandar a los líderes, para cooptarlos y desarticular el movimiento, lo cual
fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas
bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos
Vale
la pena recordar también que a finales de diciembre de 2010, un cable de
Wikileaks hizo público que un documento obtenido de la embajada de Estados
Unidos en Chile fechado el 7 de febrero de 2008, hizo patente que la entonces
ex presidenta Bachelet había pedido apoyo de inteligencia a Estados Unidos para
dar seguimiento a la “radicalización” del conflicto mapuche y sus posibles
contactos con “otros grupos terroristas extranjeros”. Con ello, Bachelet
mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su
verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de
Chile autorizando al gobierno de una potencia extranjera a inmiscuirse en los
asuntos internos del país, a fin de reprimir al pueblo lucha por sus legítimas
demandas.
En
fechas más cercanas, ya durante su segundo gobierno la organización pro
estadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por el
desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos se vio obligada a
recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de
los derechos humanos. Precisamente, hicieron mención a la aplicación de la Ley
Antiterrorista. En este sentido, la Secretaría General de esa organización
Irene Khan, afirmó en 2008 que: “Los pueblos indígenas son muy discriminados y
marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia
económica que está destruyendo su vida y su sustento”. A este respecto,
Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a
la aplicación de esta ley en los gobiernos de la pos dictadura dijo que : “La criminalización
de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió
principalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se
repitió durante el gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron
figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de
derechos de las comunidades mapuche“.
El
tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo chileno que re eligió a
Bachelet en 2014 para un nuevo período presidencial de cuatro años. Uno de sus
planes emblemáticos fue una vez más la represión del pueblo mapuche. Para esto
diseñó la denominada “Operación Huracán” que configuró acciones nunca antes
vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura. La disposición de montajes de
operaciones de falsa bandera al más puro estilo del gobierno colombiano de
Álvaro Uribe que condujo a acusaciones de líderes mapuche para justificar la
más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo
gobierno de Bachelet. El funcionario que dirigió las operaciones, alto
dirigente del partido socialista de Chile realizó reuniones con autoridades
judiciales, policiales, con fiscales y abogados para construir una trama a
objeto de criminalizar a los líderes mapuche. En lo más alto de la cúpula de
este criminal entramado se encontraba el ministro del interior y la propia
presidenta Bachelet, tal como lo denunció Rodrigo Román, abogado de la
Defensoría Popular en declaraciones a la Radio de la Universidad de Chile.
Román afirmó que sin embargo Bachelet no había sido afectada porque estaba
protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, recordando además que
“una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no
aplicación de la Ley Antiterrorista”, pero “ lejos de no aplicarla, ha
invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis [hermanos en
mapudungun, la lengua mapuche] sobre conductas terroristas”.
Continuando
con su estela de represión, en septiembre de 2016, la lideresa mapuche Juana
Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por negarse a aceptar la construcción
de un camino que pasaba por su propiedad. Desde hace más de 20 años la
comunidad Juan Paillalef a la que pertenece la lonko [jefe/a de una comunidad
mapuche] mantiene un conflicto con el Estado debido a que se opone a la ruta
trazada para tal vía que “dividiría a su comunidad y destruiría espacios
sagrados donde se realizan ceremonias y rogativas, y además, su construcción no
ha sido consultada de forma previa, libre e informada como lo determina el
Convenio 169 de la OIT” según un reporte del portal digital chileno
eldesconcierto.cl. En marzo de 2011, Calfunao encaró a la ex presidenta
Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo en Bruselas por la aplicación de la
Ley Antiterrorista.
Bachelet
siempre guardó silencio como presidenta y lo sigue haciendo en su nueva función
de proteger a los amigos de Estados Unidos desde la ONU mientras utiliza su
cargo para atacar a los que lo adversan, actuando de la manera servil y
rastrera que la caracteriza. Incluso, inmersa en una patología conocida como
Síndrome de Estocolmo, se ha encargado de proteger a los militares incursos en
la violación de derechos humano durante la dictadura no moviendo un dedo para
que fueran eliminados las cárceles cinco estrellas donde asesinos, violadores y
torturadores pasan su maravillosa existencia en condiciones materiales óptimas.
Es de suponer que esto también sea parte del acuerdo con el Pentágono, toda vez
que hasta Sebastián Piñera, sin haber cambiado mucho, ha tomado medidas en este
ámbito.
Así,
en el desempeño de su más reciente responsabilidad, Bachelet guarda absoluto
silencio frente a las brutales violaciones de derechos humanos de las
monarquías árabes aliadas de Estados Unidos, no opina sobre los ataques de
Israel al pueblo palestino, no se inmuta ante el desastre humanitario que
Arabia Saudita está produciendo en su guerra contra Yemen, tampoco se ha
enterado que en Colombia todos los días asesinan activistas sociales, de
derechos humanos y desmovilizados de las FARC, ha asumido mudez absoluta ante
los crímenes del gobierno de Honduras, no se ha dado cuenta que todos los meses
la policía de Estados Unidos asesina a ciudadanos negros solo por esa
condición, ni ha hecho mención a la brutal represión y exterminio de migrantes
en Estados Unidos y ha emitido una débil voz en la imprescindible condena a la
ilegal detención de Lula.
Ella
sabe que la sola evocación de cualquiera de esas flagrantes violaciones a los
derechos humanos le haría perder su cargo, por eso prefiero asegurarlo aceptando
entregar el informe que Washington hizo sobre Venezuela.
Resulta
curioso darse cuenta que a diferencia de los otros tres presidentes de su
alianza política que le precedieron, los que entregaron el poder a otro miembro
de esa coalición, Bachelet en dos ocasiones traspasara el bastón de mando al
pinochetismo en nombre de Sebastián Piñera y que en ambos casos, Estados Unidos
le consiguiera un puesto en un organismo internacional para asegurarle una
huida económicamente provechosa. Uno inocentemente podría preguntarse ¿Para
quién trabaja?.
Ella
ha cumplido su parte y con Venezuela lo ha hecho con creces, con el mismo
ímpetu, dedicación y esfuerzo con los que participó en la fundación del Grupo
de Lima, creando condiciones nuevamente para justificar una intervención
militar en Venezuela. Debe saber que si ello ocurriera, deberá ser acusada como
una criminal de guerra, cómplice del genocidio que sobrevendrá.
Quiero
repetirlo, no me interesa el informe que haya hecho Bachelet, no tiene ninguna
validez, toda vez que fue elaborado antes de su visita al país, además según
dicen los que lo leyeron, no incorporó ninguna de los datos que aportó el
Estado venezolano, es decir fue un juicio sin derecho a defensa.
No
se trata del informe, incluso si todo lo que ahí se dijera fuera verdad, el
problema es si esa oficina posee real autonomía e imparcialidad para hacerlo y
si la persona que lo conduce tiene la autoridad ética y moral para dirigirla.
Evidentemente no. En esa medida es que carece de valor el informe que ha hecho.
La impronta de su vida política anula la validez del informe.
Ella
actuó como lo que es, una persona sin opinión que funciona a favor de quien le
paga, nunca ha tenido criterio propio para nada, alejada de cualquier ética o
compromiso con la humanidad. Hasta cuando su hijo, funcionario en La Moneda
bajo su mandato presidencial, realizó actividades fraudulentas que la justicia
está investigando, dijo que no sabía nada. Nunca sabe nada, otros saben por
ella, otros piensan por ella.
Estimados
lectores y lectoras, cree usted que con semejantes antecedentes, una persona
puede hacer un informe de manera imparcial y objetivo sobre algo, sobre
cualquier cosa, no sólo sobre derechos humanos. Imposible, la deleznable
naturaleza de las acciones que ha realizado a lo largo de su vida política la
retrata y la desnuda.
Recuerdo,
cuando en Viena en el año 2006, en el marco de la Cumbre Unión Europea-América
Latina, el presidente Chávez se reunió con ella por primera vez, al preguntarle
si tras la reunión emergía alguna instrucción para el gobierno, el Comandante
solo dijo: “Ella es la hija de mi General Bachelet”. Solo eso es. No le da para
nada más.
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