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CÓMO CUBRIR EL COSTO DE LA SUBVENCIÓN A LOS HIDROCARBUROS

Por: Miguel Morales

Una de las grandes preocupaciones del Ministro de Finanzas es la subvención a los hidrocarburos. No es para menos, pues significa un creciente y pesado costo para el presupuesto nacional. Sin embargo, no todo es negativo con la subvención. El mantener congelado el precio de los hidrocarburos en el mercado nacional tiene, en realidad, consecuencias diversas.

Por una parte, mantiene un costo de vida muy bajo; no sólo los hidrocarburos son baratos en Bolivia, sino también el transporte; en realidad, debido al efecto multiplicador del transporte y de la energía, en Bolivia todo es barato, incluyendo los salarios. Tanto es así que el salario mínimo en Bolivia es, de lejos, el más bajo de Sudamérica (ver recuadro).

Por lo tanto, no es sorprendente que los costos de producción en Bolivia tiendan a ser mucho menores que en los países vecinos. En otras palabras, el mantener los hidrocarburos baratos hace que nuestra economía sea más competitiva en el mercado internacional.

Pero por otro lado, el mantener los precios de los hidrocarburos congelados genera también dificultades para la economía nacional; por una parte está el tremendo peso que significa para el presupuesto nacional. Según el Ministro de Hacienda, en 2013, la subvención a los hidrocarburos llegará a mil sesenta millones de dólares, equivalentes al 3.5 % del PIB. No parece ser mucho, pero lo es.

Pero también genera problemas de desabastecimiento del mercado interno; los productores nacionales prefieren vender su producción en los países vecinos, donde les pagan el doble o el triple que en el mercado boliviano. De ahí que regularmente el mercado interno enfrenta periodos de escasez, que rápidamente se traducen en incremento de precios, como es el caso actual del maíz.

No hablaremos en este artículo del contrabando, que también se ve incentivado por la subvención, pues la solución a este delito pasa más por medidas de tipo policial y educativo que por medidas económicas.

Soluciones económicas

Para superar los problemas que genera la subvención, sin eliminar sus beneficios, hay varias soluciones posibles, diferentes alternativas que se pueden elegir en función de la eficacia y el costo que implican.

El gasolinazo. Esta fue la primera medida pensada por el Gobierno hace dos años; consistía en eliminar directamente la subvención, duplicando de la noche a la mañana el precio de los hidrocarburos en el mercado local. Demás está decir que esta medida tuvo un impacto negativo para la economía nacional, pues desató una ola de especulación, que benefició, como siempre, a los poseedores de capital. Fue una medida impopular, aún si quedó anulada, que tuvo como principal efecto político la pérdida importante del apoyo de las clases medias al Gobierno. Por ello, se debe descartar esta opción, sería un verdadero suicidio político implementar un nuevo gasolinazo.

Reducir el crédito fiscal de hidrocarburos. Esta ingeniosa medida, que está en vías de implementación actualmente, busca incrementar las recaudaciones de tributarias reduciendo el crédito fiscal de los hidrocarburos. De este modo, las empresas o personas que consumen gasolina como materia prima terminarían pagando un mayor impuesto; es, en otras palabras, un incremento al impuesto al valor agregado para estas empresas. Sin embargo, esta medida tiene un impacto limitado, pues permitiría recaudar tan sólo cerca de cincuenta millones de dólares por año, que equivalen al 5% de la subvención. Pero, además, deja la sensación de que es una medida injusta porque parecería que está afectando únicamente al sector del transporte que paga impuestos, que no es el único ni el principal beneficiario de la subvención.

Afectar a los principales beneficiarios. ¿Quién es, entonces, el beneficiario de la subvención a los hidrocarburos? El principal (sino el único) beneficiario de tener un bajo costo de vida en Bolivia es el sector exportador. Gracias a la subvención, los exportadores tienen costos de producción bajísimos, que les permiten obtener ganancias extraordinarias en los mercados internacionales.

Si el sector exportador es el principal beneficiario de esta costosa medida, cabe preguntarse ¿cuánto aporta este sector al Estado boliviano, cuánto de impuestos paga?

Pues hechas las averiguaciones resulta que el sector exportador no paga ningún impuesto, cero. No paga el impuesto IVA, aunque genera valor agregado. No paga impuesto a las transacciones, aunque firma contratos millonarios; no paga impuesto a las utilidades, a pesar de tener la tasa de ganancia más alta del mercado. Y, por si fuera poco, el Estado devuelve a los exportadores el crédito fiscal de sus insumos, o sea les da plata en forma de CEDEIM.

En síntesis, el sector que más se beneficia de la subvención a los hidrocarburos, no paga ni un centavo de impuestos en Bolivia.

Estas ventajas tributarias para la exportación no fueron diseñadas por el actual Gobierno, sino que vienen del periodo neoliberal, cuando, bajo el lema de “exportar o morir”, se aprobó la ley 1489 de abril de 1993.

Inexplicablemente, a pesar de que el nuevo modelo económico declaró la muerte del decreto 21060, esta parte del viejo modelo sigue en plena vigencia; se ha dejado intocado al poderoso sector exportador, con un costo elevado para todos los bolivianos.

Impuesto al exportador

El costo de la subvención de los hidrocarburos debe ser cubierto por quien se beneficia de ella, por el sector exportador. Hay varias alternativas posibles para crear este impuesto, como eliminar los CEDEIM, o crear un impuesto al volumen de exportación, crear un impuesto al valor agregado de la exportación, o crear un impuesto a las utilidades extraordinarias del exportador, o crear impuestos a las exportaciones de materias primas que no tienen valor agregado, crear un impuesto diferenciado, entre otras.

Un tal impuesto a las exportaciones (bajo cualquier forma y nombre) permitiría no sólo recaudar importantes ingresos para el país (con tan sólo cobrar un impuesto del 10% sobre las exportaciones se recaudaría un monto que supera la totalidad del costo de la subvención de hidrocarburos), sino también permitiría mantener mejor abastecido el mercado interno. Y no tendría ningún efecto negativo sobre el costo de la vida en el país, pus no afectaría a los precios del mercado interno. Y tendría un efecto positivo sobre la imagen del Gobierno, pues por fin se estaría cobrando a un sector privilegiado.

Los economistas neoliberales objetarán dos cosas: primero, que no se puede cobrar impuestos al sector exportador porque esto sería como exportar impuestos, pecado mortal en la teoría del comercio internacional. Se podría responder que, por el contrario, el no cobrar impuestos a los exportadores es exportar la subvención; los precios baratos de nuestras exportaciones benefician, en última instancia, al consumidor del país extranjero. Pero en rigor, no nos debería preocupar lo que diga la teoría dominante del comercio internacional pues, en esencia, no es más que un dogma ideológico que busca justificar el libre comercio.

Segundo, estos economistas objetarían que con un impuesto a las exportaciones se perdería competitividad en las exportaciones; nuestros productos se harían más caros y no encontrarían comprador en el mercado internacional y se dejaría de exportar, provocando, a la larga, desempleo en el país.

Nuevamente, es un argumento ideológico, nada científico. En una economía en la que la subvención está generando condiciones para ganancias extraordinarias, con utilidades muy superiores al resto de la economía, un impuesto bien dirigido tenderá únicamente a reducir las utilidades   de   los   exportadores,   hasta   nivelarlas   con   la   tasa   de   ganancia   del   resto   de   la economía y no afectaría al precio del bien final exportado. Por lo tanto, en la actualidad, con un impuesto a las exportaciones no se afectarán los volúmenes de exportación si se afectan a las ganancias extraordinarias de los exportadores.

En resumen, el grave dilema en el que se encuentra el Gobierno, de cómo hacer sostenible las cuentas nacionales con la subvención a los hidrocarburos, tiene una solución simple, sin necesidad de pasar por el trauma del gasolinazo: que los exportadores paguen impuestos, como pagamos todos los bolivianos.