Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por Rolando Morales Anaya
En el supuesto que cada persona gaste en promedio dos bolivianos al día en transporte en área urbana, el gasto diario de una familia de cinco personas será diez bolivianos. Esto significa el 10% del ingreso de una familia con un ingreso igual a la media y el 20% para aquellas que se encuentran en el 25% más desfavorecido.
En el caso en que se hubiera consolidado el alza de precios de los carburantes en diciembre 2010, el gasto en transporte hubiera subido al 20% del ingreso para la mayor parte de las familias y para las más pobres, al 40%. Teniendo en cuenta estas cifras se entiende que el intento de aumentar el precio de los carburantes haya provocado el rechazo popular, pues muchas familias hubieran tenido que dejar de comer para pagar su transporte.
Se ha informado que el total del subsidio a los carburantes sobrepasará mil millones de dólares el año 2012, que ello constituye un duro impacto en la economía del sector público y que incentiva el contrabando de carburantes hacia los países vecinos. Todo esto es cierto, pero ¿cuál es la responsabilidad del Gobierno para que ello ocurra?
El monto del subsidio a los carburantes además de depender de su precio es función de la cantidad consumida, de la brecha entre oferta y demanda, y de las importaciones que el país realiza para atender la demanda.
El volumen del consumo se ya ha inflado por el contrabando, el ingreso masivo de autos chutos y la circulación de movilidades privadas de alta cilindrada. Si no hubiesen esos factores, el consumo sería menor y en consecuencia el subsidio disminuiría. El control del contrabando de carburantes hacia países vecinos es de exclusiva responsabilidad del Gobierno. Algo similar puede comentarse con relación a los llamados autos chutos. Hace un par de años, el Gobierno ha legalizado la internación de 100 mil de estas unidades y actualmente muestra inoperancia para evitar que sigan entrando. Por otra parte, entre los municipios y el Gobierno deberían acordar normas destinadas a disminuir la circulación en los centros urbanos de movilidades privadas de alta cilindrada que generalmente llevan a una sola persona y cuyo gasto en gasolina o diésel es dos o tres veces superior al de un auto pequeño. El Gobierno, dueño de cientos de vagonetas de más de 3000 cc, debería dar el ejemplo, deshaciéndose de ellas o reservándolas para su uso exclusivo en trayectos de larga distancia. Debería también limitarse la circulación de autos antiguos, en particular de los chutos.
Por otra parte, la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda de carburantes. La producción de gasolina es de 950 millones de litros anuales, mientras que el consumo alcanza 1.250 millones de litros anuales, es decir hay un déficit del 24% con tendencia a crecer debido al aumento acelerado de la demanda y a la disminución de la producción doméstica.
El subsidio de marras es tan grande debido en parte a que la producción a cargo de YPFB se encuentra estancada haciendo necesario importar grandes cantidades de gasolina y diésel para cerrar la brecha entre oferta y demanda. Los especialistas sobre el tema afirman que ello se debe al manejo ineficiente de esta entidad. Si eso fuese correcto, una vez más sería poco ético hacer pagar a los pobres por problemas cuya corrección es responsabilidad del Gobierno.
Si el Gobierno no adopta medidas para disminuir el ritmo de crecimiento de la demanda y aumentar la producción nacional, el subsidio se irá por los cielos y no habrá política de precios que permita mantenerlo bajo control. En otras palabras, constituye un grave error técnico tratar de disminuir la subvención subiendo los precios domésticos sin atacar las causas que llevan a que la brecha entre oferta y demanda se agrande.
Por último, está el tema del equilibrio de las cuentas del sector público y la definición de prioridades de gasto. Es verdad que mil millones de dólares en subsidio a los carburantes es mucho dinero, pero también es mucho dinero el cúmulo de gastos que el Gobierno se ha acostumbrado a hacer y que no tienen rendimiento alguno. Si se trata de disminuir el gasto para equilibrar las cuentas del sector público, ¿por qué no hacerlo de otra manera que castigando a los pobres?
El autor es economista.
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