Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Desde las elecciones del 20 de
octubre de 2019, Bolivia atraviesa la peor crisis política de su historia. El
Tribunal Electoral confirmó la victoria de Evo Morales por un 47,08% de los
votos emitidos con una diferencia mayor al 10% (648.180 votos) sobre el
candidato Carlos Mesa por lo que fue suficiente para ganar las elecciones en
primera vuelta.
La primera afirmación de fraude
por parte de la OEA desencadenó violencia de parte de los grupos de choque de
la oposición que quemaron los tribunales electorales departamentales y sedes
del partido Movimiento Al Socialismo MAS-IPSP. Muchas autoridades como la
alcaldesa de Vinto en Cochabamba Patricia Arce, el ex viceministro de
interculturalidades Feliciano Vegamonte, el presidente de la cámara de
diputados Víctor Borda, el ministro de minería César Navarro y sus familias
fueron secuestrados y brutalmente agredidos obligándolos a renunciar a sus
cargos.
El amotinamiento de fuerzas
policiales en todo el país y las FFAA acuarteladas dieron pie a una campaña de
terror en contra del “masismo”, cuyos miembros fueron amenazados, secuestrados,
torturados, sus domicilios particulares quemados en un ambiente de total
impunidad, obligándolos a la renuncia en el caso de ser autoridades como la
alcaldesa de Vinto en Cochabamba.
Con la sugerencia de renuncia
del Presidente Evo Morales realizado por el comandante de las FFAA, el 10 de
noviembre, Morales se vio obligado a dimitir argumentando con ello que esa
decisión pondría alto a la violencia de la oposición y sus grupos de choque y
paramilitares (motoqueros).
Consumado el golpe con la
renuncia de Evo Morales, se desató la represión de los grupos paramilitares
apoyados por la Policía y las FFAA, calificando a los manifestantes que
defendían al gobierno de “turbas”, “vándalos”, “radicales” o “delincuentes”.
Las redes sociales y la mayoritaria y casi hegemónica prensa privada
sostuvieron una campaña de propaganda a favor del golpe de estado.
El presidente del Comité Cívico
de Santa Cruz, Fernando Camacho, el principal líder de las bandas paramilitares
amenazó a los “masistas”, autoridades de gobierno y empresarios de Santa Cruz
simpatizantes del Gobierno de Evo Morales, con tener preparada una lista de
traidores a los que se eliminaría al estilo de Pablo Escobar en Colombia.
La oposición al gobierno del
Presidente Evo Morales, conformó milicias armadas que contaron con el apoyo
abierto de la Policía boliviana. Grupos como la Unión Juvenil Cruceñista,
definida por la Federación Internacional de Derechos Humanos como “grupo paramilitar
fascista”, fueron los principales ejecutores de la represión.
Se asaltaron y destruyeron los
medios de comunicación de las organizaciones campesinas como la CSUTCB
(Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), cuyo
director, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y torturado, así como la de las
organizaciones sociales de base como las radios comunitarias (RPOs), o BTv, el
canal de televisión estatal. Al ser señalados como partidarios del gobierno,
los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de servicio
público fueron atacados, humillados e impedidos de trabajar.
Mediante redes sociales circuló
un listado de lugares para bloquear que incluye las sedes de ministerios y
otras instituciones estatales, residencias de funcionarios gubernamentales y
las misiones diplomáticas de Cuba y Venezuela. A raíz de acusaciones falaces,
grupos violentos iniciaron el hostigamiento permanente de dichas Embajadas y la
persecución constante a su personal diplomático, hasta lograr que este salga
del país. Estas acciones violentas vulneran el derecho internacional, la
Convención de Viena y otros tratados internacionales.
Como pudieron verificar los
organismos de DDHH que vinieron al país, el 15 de noviembre, una marcha de
campesinos de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba fue balaceado en
Sacaba con 9 víctimas mortales y decenas de heridos. A través de videos
grabados por los propios campesinos se pudo evidenciar el uso de armamento de
guerra. Las FFAA actuaron ese día amparados en el DS N°4078 que les permitía el
uso de armamento bélico sin responsabilidades posteriores.
Lo mismo pasó en Senkata, El
Alto, provocando la muerte de al menos 10 personas y decenas de heridos cinco
días después. Las fuerzas represoras conformadas por la Policía y las FFAA
indicaron que actuaron en contra de “terroristas”, que querían provocar una
explosión de la planta de gas. Los movimientos sociales, antiguos miembros del
gobierno, campesinos e indígenas que se manifestaban en contra del golpe de
estado son asesinados, el total de las víctimas asciende a 35 muertos y más de
800 heridos.
El 25 de noviembre miembros del
brazo paramilitar del gobierno de facto ocuparon la sede de la Federación
Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz para quemar sus equipos y
documentación. Estas operaciones continúan hasta el día de hoy. El viernes 17
de enero se informó de la eliminación de las antenas de la Empresa ENTEL en
varias provincias rurales que proveía de los servicios de acceso a comunicación
celular y radiofónica.
El 6 de diciembre, el gobierno
de facto, aprobó el DS N°4100 cuyo objeto era el de indemnizar a los familiares
de los 35 fallecidos y centenares de heridos por la represión policial y
militar, con la condición a que renunciaran a llevar el caso a las Naciones
Unidas u otros organismos de derechos humanos.
Al respecto, la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) expresó su preocupación ante el decreto,
por incluir una cláusula que imposibilitaría el recurso de las víctimas a
instancias internacionales para denunciar los crímenes de los que fueron
víctimas violando tratados internacionales como el Tratado de Roma que prevé el
principio de imprescriptibilidad en materia de crímenes contra la humanidad. La
Misión de observación de la CIDH, que recogió numerosos testimonios de las
masacres de Sacaba y Senkata, denunció que en Bolivia no existe “ninguna
garantía de independencia del poder judicial”.
La persecución, las detenciones
arbitrarias, las amenazas de muerte contra ex autoridades del gobierno de Evo
Morales, así como a dirigentes de organizaciones sociales y del MAS han sido
cotidianas. Es evidente la judicialización de la protesta social y de la
libertad de expresión (Incendios de casas, linchamientos, ataques racistas, etc.).
La Defensoría del Pueblo de
Bolivia, también ha sufrido hostigamiento, principalmente en la ciudad de
Cochabamba, tanto en las oficinas de dicha entidad así como en los domicilios
privados de sus representantes y sus familias.
Por otra parte, el permanente
hostigamiento a la embajada y residencia de México, viola todas las
convenciones y acuerdos internacionales que protegen a las representaciones
diplomáticas de los diferentes países. La no emisión de salvoconductos para
personas que solicitaron asilo político, que además fue otorgado por dicho
país, es una flagrante violación de los derechos humanos y políticos de las
personas.
Cabe destacar la persecución de
altos funcionarios del gobierno de Morales asilados en la embajada de México en
La Paz y a quienes se les niega la emisión de un salvoconducto para que puedan
abandonar el país como el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el
ex ministro Hugo Moldiz; la ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador
de Oruro Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico Nicolás
Laguna; el ministro de Defensa Javier Zavaleta; el ministro de Justicia Héctor
Arce, el de Minería César Navarro entre otros.
Es evidente que las acusaciones
en contra de las ex autoridades son parte de una estrategia de persecución
político-judicial, denominada “Lawfare”, que pretende anular la participación
política del MAS-IPSP en las próximas elecciones programadas para el 3 de
mayo.
El ministro de gobierno de
facto, Arturo Murillo, afirmó que iría de “cacería” contra miembros del
gobierno destituido y del MAS. Hizo pública su intención de llevar a Evo
Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya “por crímenes de lesa
humanidad”, culpándole de las 35 víctimas mortales, incluso después de su
dimisión y exilio del país. Las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani,
Ovejuyo, etc., fueron documentadas por diferentes organizaciones
internacionales de derechos humanos y por países amigos. La información de
primera mano levantada por éstas da testimonio de la brutalidad del golpe de
estado en Bolivia.
El uso de adjetivos agraviantes
y denigrantes por su contenido discriminador es frecuente de parte del gobierno
de facto como el hecho de referirse como “salvajes”, “narcoterroristas”,
“vándalos”, “delincuentes”, etc., en contra de los miembros del gobierno de Evo
Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan, así como a las misiones
internacionales de observación de derechos humanos, a la defensoría del pueblo
e incluso a los periodistas, tildándolos de “guerreros digitales” o
“terroristas informáticos”.
Murillo, celebra y se ufana del
miedo sembrado en la gente por la “pacificación” a través de la brutalidad
policial/militar en contra de la subversión de las “hordas indígenas y
masistas”. Se “matan entre ellos”, “No toleraremos terroristas ni
sediciosos, los estamos vigilando”, afirma.
El gobierno de facto impuesto
por la violencia de los grupos paramilitares y policiales, así como por las
FFAA, eliminó derechos fundamentales a la protesta y al derecho al voto que fue
desconocido por las élites que ahora gobiernan el país como lo había hecho
durante los 180 años de la República colonial y excluyente.
El gobierno de facto ha
militarizado el país y reprimido cualquier tipo de protesta haciendo
demostraciones de fuerza con militares y armas de guerra en las calles de las
principales ciudades de Bolivia.
El argumento y la apelación a
la amenaza terrorista, la denuncia de la existencia de núcleos subversivos o
grupos sediciosos armados masistas justifican la necesidad de crear Unidades
Especiales de la Policía para la lucha antiterrorista asesorada por el gobierno
de Israel como afirma el mismo ministro de facto Murillo. Es la justificación
para más violencia y brutalidad represiva estatal.
Se asegura la existencia de
actividades sediciosas y terroristas para justificar la represión, se otorga
impunidad a las fuerzas militares para masacrar indígenas, se militariza el
país y se hace demostraciones de fuerza con el uso de armas de guerra.
La sistemática violación de los
derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y garantías
individuales es resultado evidente de la existencia de un régimen dictatorial
impuesto por un golpe cívico, policial y militar.
Liquidar toda fuente de
información independiente es parte de la estrategia de implementar un cerco
mediático. Los organismos de derechos humanos de todo el mundo, deben presionar
para que cesen la persecución política y la represión encabezadas por las
bandas paramilitares protegidas por la Policía y las FFAA.
Por lo antes expuesto:
Condenamos el golpe de estado
ejecutado y financiado por fuerzas de la derecha boliviana antidemocrática y
otras fuerzas foráneas que pretenden recuperar el control de los importantes
recursos naturales del país como el Litio y el Gas.
Condenamos enérgicamente los
mensajes de odio y racismo, así como la violencia extrema perpetrada por los
partidarios de la derecha radical antidemocrática contra los pueblos indígenas,
campesinos.
Condenamos contundentemente el
“Lawfare” del gobierno de facto que ha desplegado una maquinaria perversa de
persecución política mediante un continuo linchamiento mediático, invención de
causas judiciales y violación permanente de toda convención, norma
internacional y constitucional de Bolivia.
Exhortamos a las FFAA y la
Policía Nacional de Bolivia a velar y resguardar, ante todo, la vida y la
dignidad de cada persona que se encuentre en territorio boliviano, sea cual sea
su afinidad política o nacionalidad, así como a respetar la inmunidad de las
representaciones diplomáticas y proteger sus funcionarios, asilados e
instalaciones.
Hacemos un llamado a todas las
fuerzas democráticas para que condenen este golpe violento, así como las
violaciones cotidianas que conculcan todas las libertades individuales,
sociales, jurídicas, culturales y políticas de las grandes mayorías.
Pedimos a la Comisión de DD.HH.
de la ONU que en base a los informes, investigaciones y testimonios de la CIDH,
la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otras organizaciones de DD.HH. que
inequívocamente condene la violación sistemática de los derechos ciudadanos, la
brutal represión, los asesinatos y todos los demás atropellos de perpetrados
por el gobierno de facto, hechos sobre los cuales urgentemente elabore un
informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.
Instamos también a seguir
denunciando este golpe de estado perpetrado ante todos los organismos
internacionales, la prensa y las autoridades de todos los Estados del
mundo.
¡NO AL GOLPE DE ESTADO EN
BOLIVIA!
¡NO A LA MILITARIZACIÓN EN
BOLIVIA!
Suiza, 19 de enero de 2020
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