Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Jorge Quispe
Habían
pasado ocho meses desde que Gonzalo Sánchez de Lozada quiso aplicar el
“impuestazo” al salario, que acabó en un choque entre policías y militares,
hasta que en octubre de 2003 estalló la crisis y se encendió la mecha de la
“guerra del gas”.
Entre
2003 y 2019 han pasado 16 años y Marlene Rojas, la niña de ocho que murió en
Warisata, hubiese tenido 24 años. Y Constantino Quispe, que falleció a sus 30
años en Río Seco, quizás habría visto cómo Ronald, el adolescente de 14 que él
dejó huérfano, se convirtió en un abogado. Casi un cuarto de vida pasó desde
aquellos aciagos septiembre y octubre, cuando la masacre segó la vida de 58
personas y más de 400 heridos desde el 20 de septiembre hasta el 17 de octubre
de 2003, cifra manejada como oficial por la parte civil en el juicio de
responsabilidades contra Sánchez de Lozada.
Y
si bien la llamada “guerra del gas” tuvo en octubre el momento más álgido, todo
comenzó el 2 de septiembre, cuando los campesinos que pedían un pliego de 72
puntos desde 2001 comenzaron a marchar rumbo a La Paz.
La
protesta de las 20 provincias arribó el lunes 8 de septiembre a El Alto y se
atrincheró en las instalaciones de radio San Gabriel, en Villa Adela. En el
altiplano, cerca de Achacachi, el entonces secretario ejecutivo de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe El
Mallku Quispe había ordenado el bloqueo de caminos.
El
Alto. Mientras, el alcalde de El Alto, José Luis Paredes, emitía los
formularios catastrales que elevaban en más del 500% los impuestos por
inmuebles. “Primero fue el ‘impuestazo’ del Goni en febrero (Sánchez de Lozada)
y luego el otro ‘impuestazo’ del Pepelucho (Paredes) los que terminaron por
prender la mecha de la ‘guerra del gas’”, recuerda, 16 años después, Mauricio
Cori, que en ese entonces era presidente de la Federación de Juntas Vecinales
de El Alto (Fejuve).
A
la protesta de los alteños, que comenzaron sus movilizaciones el 15 de
septiembre, se sumó la consigna de rechazo a la venta de gas a Estados Unidos
por un puerto chileno que enarboló en ese momento el Movimiento Al Socialismo
(MAS), en La Paz, El Alto y Cochabamba.
Para
ese entonces ya estaba en marcha el Plan República por orden del entonces
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, que
consistía en una estrategia represora, porque Sánchez de Lozada asumía que en
Bolivia se vivía ya una contienda bélica subversiva. Él se había preparado
desde marzo, tras retroceder en su intento de cobrar impuestos al salario.
Hasta
que llegó el 20 de septiembre, cuando se produjo el “rescate” de turistas desde
el valle de Sorata. En aquel operativo intervinieron policías y militares
liderados por el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Ese día murió la
primera víctima, Primitivo Curaca, de 60 años, cerca de Ilabaya. Posteriormente
falleció también la niña Marlene Rojas con un impacto de bala cuando se acercó
a la ventana para ver cómo los militares ingresaban a Warisata. Otros tres
civiles más cayeron ese sábado 20.
Enterados
de lo que sucedió en Warisata y Sorata, los campesinos rompieron el diálogo con
los ministros en radio San Gabriel.
Por
su lado, el Congreso Nacional nombró la noche del 3 de octubre a Iván Zegada
como nuevo Defensor del Pueblo, en una polémica sesión dominada por el
Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria
(MIR), que habían negado la reelección de Ana María Romero de Campero.
La
tensión y la escasez de alimentos crecieron gradualmente en El Alto y La Paz,
mientras los alteños continuaban con el paro indefinido en contra del
“impuestazo” del alcalde Paredes.
En
ese panorama, falleció el minero José Luis Atahuichi cerca de Ventilla, en un
enfrentamiento entre trabajadores de Huanuni y los militares. Hubo además 21
heridos el jueves 9 de octubre.
Posteriormente
la convulsión se trasladó a la ciudad de La Paz y desde el Palacio de Gobierno,
Sánchez de Lozada ordenó militarizar El Alto desde el sábado 11 de octubre.
“Las Fuerzas Armadas recibieron ataques con armas de fuego”, indicó en ese
momento el vocero, Mauricio Antezana.
La
toma militar se cobró al menos 26 muertos la tarde del domingo 12 de octubre,
cuando una de las “dos caravanas de la muerte” descendió desde Senkata hasta La
Paz “ametrallando a la población”, recuerda Cori al referirse a las cisternas
con gasolina que bajaron desde esa ciudad escoltadas por militares que
disparaban a los altos de la zona Ballivián y otros barrios. Otros vecinos más
murieron en Río Seco y Villa Ingenio. Después, Sánchez de Lozada desistió de
exportar gas sin una consulta previa, pero ya era tarde.
El
lunes 13 de octubre, el vicepresidente Carlos Mesa rompió con Sánchez de
Lozada, sin embargo no dejó su cargo. Esa tarde el Presidente pronunció la
frase célebre: “Yo no voy a renunciar”, arropado por la Organización de Estados
Americanos (OEA). En esa jornada, otras tres personas murieron en Patacamaya.
La
mañana del miércoles 15 de octubre, Romero de Campero inició una huelga general
indefinida junto a otros activistas de derechos humanos. A esas alturas del
conflicto, la población ya pedía la renuncia de Sánchez de Lozada, y el anuncio
de que se haría un referéndum para la exportación del gas pasó solo como
anécdota.
El
jueves 16 de octubre, una masiva marcha en la plaza San Francisco le dijo a
Sánchez de Lozada “ya es tarde”, mientras éste acusó a Evo Morales y Felipe
Quispe de intentar desestabilizar al país. Para entonces ya se habían instalado
46 piquetes de huelga en todo el territorio nacional.
La
mañana del viernes 17 de octubre, La Paz y El Alto amanecieron con sol pleno,
las fogatas prendidas la noche anterior en los barrios exhalaban sus últimas
bocanadas de humo y tras seis semanas de conflicto, 58 muertos y más de 400
heridos, y el abandono de sus aliados políticos, Sánchez de Lozada renunció y
salió del país rumbo a Estados Unidos. Había huido antes de La Paz a Santa
Cruz.
En
la noche, Mesa juraba a la primera magistratura del país en un sencillo acto en
el Congreso Nacional. Se había reservado esa posibilidad con el argumento de no
ser cómplice de la masacre, actitud que en el MNR fue considerada como una
traición.
Al
día siguiente, el nuevo mandatario fue a probar popularidad a El Alto, donde se
habían juntado las organizaciones sociales que habían atizado la rebelión. Allí
Mesa pronunció la frase famosa: “Ni olvido ni venganza, justicia”.
(Sin
embargo esa frase no se hizo realidad, Mesa tuvo la oportunidad de cumplirla cuando
fue llamado como testigo en el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada en EE.UU. y
vergonzosamente Mesa rechazó ser testigo de cargo mediante un memorial enviado
al tribunal federal donde se llevaba adelante el juicio el año 2018)
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