Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Luis M. Arancibia Fernández
La agenda de conflictividad
social del gobierno transitorio ha develado la incapacidad de las autoridades
para identificar y gestionar las soluciones básicas a las causas reales que dan
lugar a distintas movilizaciones y protestas en el país y que el Órgano
Ejecutivo intenta reducir a meras acciones de orden político, destinadas
simplemente a desestabilizar la gestión de la presidenta transitoria, Jeanine
Áñez.
Pero lo cierto es que lejos de
posibilitar un ambiente de paz relativa en el país, posterior a los sucesos de
octubre y noviembre de 2019, los actuales ministros y viceministros han corrido
por el camino fácil para intentar contener las movilizaciones de la población,
a través del amedrentamiento, la intervención coercitiva de las fuerzas
represivas y el procesamiento judicial de dirigentes y miembros de
organizaciones sociales.
Producto de una mirada
reduccionista de la realidad boliviana, el gobierno de facto pone en evidencia
su total desconocimiento (o rechazo deliberado) de la realidad social,
económica y hasta cultural del país, es así que mediante acciones directas de
policías y en muchos casos militares apoyados con vehículos o aeronaves de
combate, han intervenido marchas y movilizaciones, buscando únicamente arrestar
personas cuya responsabilidad nunca logran determinar. A todas luces se trata
del proceso de criminalización, judicialización y penalización de la protesta
social.
El artículo 7 de la Constitución
Política del Estado (CPE) dispone expresamente que la soberanía reside en el
pueblo y se la ejerce de forma directa o delegada, lo que bajo ninguna
circunstancia implica que esa soberanía desaparezca cuando una autoridad asume
el poder, menos en las actuales circunstancias; por el contrario, la población
puede recurrir a su derecho humano a la libre expresión, el derecho a la
reunión y al derecho a la protesta. Todos estos derechos están directamente
interrelacionados y su reconocimiento no es solo constitucional, sino también
que fueron adoptados como tales en varios instrumentos de carácter
internacional, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, por lo tanto, su protección va más allá de la jurisdicción nacional.
No es casual que todas las
actuaciones estatales, respecto de las protestas que se desarrollan estos días,
terminen con personas detenidas o, al menos, con más de un dirigente sobre
quien pesa una medida cautelar, al parecer la fórmula perfecta para que en la
práctica los movimientos sociales sean sujetos de las acciones arbitrarias del
Estado, es precisamente la connivencia de jueces y fiscales que actúan
oficiosamente para dar legalidad a las acciones que, a todas luces, han
sobrepasado los preceptos más elementales que sostienen el Estado de derecho.
De ahí que no resulta novedoso informarse por llamados de solidaridad difundidos
en redes sociales, referidos a detenciones arbitrarias en las que participan
únicamente efectivos policiales, muchas veces vestidos de civiles, sin la
presencia de un fiscal, sin contar con mandamiento de aprehensión alguno y
haciendo uso desmedido de la fuerza.
En ese contexto, cabe preguntar
cuál el rol que juegan los medios de comunicación, pues estas arbitrariedades
salen a la luz gracias a la solidaridad que cunde rápidamente en las redes
sociales, y no así en radioemisoras o medios televisivos, que muestran las
noticias a destiempo y con un claro sesgo que no permite evidenciar los
acontecimientos como vulneraciones flagrantes de los Derechos Humanos. Demás
está mencionar que muchas veces y, sobre todo en estos tiempos, la prensa se
convierte en un apéndice del aparato represor del estado.
Ahora bien, resulta más
cuestionable aún que un gobierno que cuenta al interior de su estructura con un
Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, que
es parte del Ministerio de la Presidencia, a la fecha no haya dejado ver
actividad alguna en ninguno de los conflictos sociales que, ni por atisbo,
intentó contener el gobierno de facto. Demás está mencionar que, por mandato
del Decreto Supremo de estructura organizativa del Órgano Ejecutivo, es
atribución y obligación de todos los ministerios, coordinar con los movimientos
sociales las políticas públicas y el control de la gestión gubernamental, hecho
que resulta inviable si la única respuesta del Gobierno es la acción policial y
con ella las consecuencias judiciales que pesan sobre los dirigentes y
población movilizada queda en evidencia que las dinámicas de relacionamiento
entre las autoridades del Órgano Ejecutivo y los movimientos sociales, se
vieron mermadas al extremo de casi neutralizarse y pasar a ser parte de la
gestión policial del conflicto.
Finalmente, existen aspectos que
los distintos núcleos de poder estatal no consideran: las demandas sociales
estructurales no están siendo atendidas y la situación de marginación, pobreza
y desigualdad sigue asfixiando a la población que siente que su condición de
exclusión y despojo está lejos de ser mitigada. Las tensiones entre sociedad y
Estado están rebasando toda posibilidad de control, sobre todo si la respuesta
es violencia institucional promovida por un gobierno ilegítimo, operada por dos
instituciones duramente cuestionadas como son la Policía Boliviana y las
Fuerzas Armadas, además de un sistema judicial corrupto puesto al servicio de
los poderos de turno.
Abogado defensor de los Derechos
Humanos
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