Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
El actual gobierno golpista,
desde noviembre del 2019, se ha dado a la tarea de desmantelar el Modelo
Económico del Proceso de Cambio, a través de una serie de acciones en
diferentes ámbitos de la gestión pública, demostrando en todos los casos una
total ineptitud y acción tardía. Junto a la oligarquía cruceña, se ha empeñado
en dos ámbitos:
En el manejo de la inversión y
las empresas públicas. Componentes de la economía sobre los cuales, desde el
primer día, han actuado con una obsesión fanática: paralizando y boicoteando
completamente la inversión y las empresas públicas. Si bien se negaron a
reconocerlo públicamente, la carta de José Luis Parada y Guillermo Aponte,
enviada al Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitando el préstamo –que fue
desembolsada sin autorización de la Asamblea Legislativa–, explicita la actitud
servil de estos dos funcionarios donde rinden cuentas al FMI, afirmando que se
logró bajar el déficit fiscal en base a la reducción de la inversión de las
empresas públicas y se comprometen a reducir aún más el déficit fiscal, para lo
cual nuevamente apelarán a la reducción de la inversión y el gasto operativo en
las empresas estatales.
En el sistemático favorecimiento
a algunas empresas privadas y particularmente a la banca privada, a la cual se
le han retirado varias condiciones financieras para fomento a la producción y
la vivienda que estaban vigentes hasta el año pasado, y, asimismo, se le ha
otorgado fondos de liquidez sin condicionamiento alguno.
En ese contexto, a través del DS
4272, el gobierno de facto, que tenía como único mandato convocar a elecciones,
ha aprobado el “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”, el cual, como
todo lo que hace este Gobierno, es una improvisación sin claridad en las
medidas de promoción a la actividad económica, menos en la protección del
empleo y, peor aún, en las fuentes de financiamiento.
Aquí caben una serie de
preguntas:
¿Por qué el decreto de
“reactivación del empleo” no cuenta con ninguna medida que salvaguarde el
empleo? ¿Al Gobierno realmente le preocupa proteger el empleo?
El DS 4272 es la nueva versión
del neoliberalismo aplicada en el país, donde el supuesto básico es que la
generación del empleo es el resultado de la acumulación capitalista, en otras
palabras, en la medida en que los empresarios acumulen más, entonces recién se
podrá generar empleo; por otra parte, fiel a su concepción, no considera la
protección del empleo entre sus prioridades, por el contrario, la desocupación
permite que los costos de producción empresariales bajen y exista una mayor
acumulación, resultado de una tendencia a la reducción del salario de los
trabajadores.
Es decir, con este decreto se
consolidará el desempleo originado por el desmantelamiento de la economía a
manos de Áñez y el shock del coronavirus. Y la justificación para permitir la
desocupación serán “los 13 años de despilfarro del Movimiento Al Socialismo
(MAS)” y el coronavirus y, ante las dificultades presupuestarias, el mensaje
será “ajustarse los cinturones hasta que la inversión privada se recupere y se
puedan crear empleos”. Este discurso ya fue implementado en el país con el DS
21060 el año 1986, y a nivel regional, la experiencia más cercana fue el
gobierno Macri en la Argentina, cuyos cantos de sirena neoliberales nunca se
cumplieron, a pesar del millonario endeudamiento con el FMI.
Por tanto, al gobierno actual y
cualquier otro neoliberal, como Carlos Mesa, no les interesa proteger el
empleo, porque su modelo neoliberal basado en la empresa privada requiere de la
desocupación para su funcionamiento.
¿Por qué desde octubre han
iniciado un contundente desmantelamiento de las empresas públicas y en forma
clara se han comprometido con el FMI a reducir el déficit fiscal a costa de
estas? ¿Por qué el decreto no tiene ninguna medida de protección a la inversión
pública y más bien propone una serie de medidas veladas, pero orientadas
sistemáticamente a su cierre? ¿La inversión pública no genera empleo?
Desde el primer día del gobierno
de Áñez se ha procedido a un sistemático desmantelamiento de las empresas públicas,
lo cual había sido detectado y denunciado oportunamente, no solo por el hecho
específico del desmantelamiento de las empresas públicas, sino por el efecto
nocivo que iba a tener en la economía y que se confirmó con la disminución de
dos puntos porcentuales en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
2019.
Este deplorable daño a la
economía ha sido obra de empresarios comprometidos con el golpe de Estado y sus
funcionarios, que desde noviembre del año pasado han estado a cargo de la economía,
quienes con absoluta premura y determinación han paralizado completamente las
empresas, poniendo en riesgo su continuidad operativa y la inversión pública,
para favorecerse a costa el Estado y, simultáneamente, para aplicar el
recetario neoliberal, establecido oficialmente en documentos del FMI sobre
Bolivia, cuando dispone que el Estado no debe intervenir en la economía y menos
en la actividad productiva, por lo que las empresas públicas deben pasar a
manos privadas, para que esta motorice el desarrollo, que luego “beneficiará a
los trabajadores y el pueblo”.
El decreto propone una serie de
medidas referidas a las empresas públicas, en apariencia para mejorarlas, lo
cual es absolutamente falso porque el propósito de este Gobierno es su cierre y
privatización, por tanto, luego de haberlas paralizado y puesto en estado de
coma desde noviembre de 2019, se “evaluará su viabilidad”, para justificar su
cierre. ¿Ejemplos de esto? El manejo de Boliviana de Aviación (BOA) a costa de
favorecer a empresas amigas del gobierno como Amaszonas; cierre de operaciones
de la planta de Urea en Bulo Bulo, con los costos de paralización y pérdida de
mercados que esto implica.
¿Por qué definen metas rígidas y
universales de reducción del gasto público y reducción de personal de
instituciones públicas, sin considerar sus efectos en el desempleo y en la
demanda interna?
Esta es otra medida típica del
clásico recetario neoliberal, reducir el Estado a un rol mínimo que permita la
acción del mercado. Por esta razón, el Gobierno, en su capitulación ante el
FMI, confesó haber reducido el déficit fiscal a costa de las empresas públicas
y se comprometió a cumplir con metas rígidas de disminución del déficit fiscal,
nuevamente a costa de las empresas públicas, sin importar la cantidad de
trabajadores echados a la calle. Esta intención de cumplir metas de déficit
fiscal es demencial en un momento donde ningún país del mundo está preocupado
del déficit, porque las restricciones presupuestarias no lo permiten. El
conocimiento popular nos dice que nadie que este muriendo de hambre se ocupa de
pagar deudas, solo un gobierno servil y antipopular puede hacerlo. Entonces,
como dijimos, la desocupación es necesaria para el funcionamiento del modelo
neoliberal, sin que importe el sufrimiento del pueblo.
Estas medidas son copia de la
lamentable experiencia de la relocalización del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), cuando miles de trabajadores de empresas públicas fueron
echados a la calle sin protección alguna.
¿Por qué el decreto en todas sus
líneas favorece al sector privado, particularmente a la banca privada? ¿Por qué
hasta ahora se ha dispuesto tanta cantidad de recursos incondicionales para la
banca privada?
La base del modelo neoliberal es
la inversión privada y la promesa de que, a través de su crecimiento, el
conjunto de los trabajadores y la población se verán beneficiados. Para ello,
además del achicamiento del Estado, se
requiere poner a disposición de las empresas privadas todo el apoyo del Estado,
a esto se suma el hecho de que empresarios a través de sus empleados en cargos
del gobierno han procedido a sacarle el máximo provecho al Estado en favor de
sus empresas.
Por ello, además del asalto a
empresas como Entel, BOA, entre otras, el Gobierno actual ha ido tomando medidas
de favorecimiento a las empresas privadas y, particularmente, a la banca
privada, como los 500 millones de dólares
de bonos del tesoro que se han puesto para su libre disposición con el
pretexto del coronavirus, para su libre disposición y sin condicionamiento
alguno. En el conjunto del decreto de “reactivación del empleo” se favorece a
la gran empresa privada, con una sangría de fondos estatales y ni una sola
medida que asegure que los recursos que se están poniendo a disponibilidad de
la banca privada se destinen a la protección del empleo. Por lo tanto, gracias
a las medidas del gobierno actual, durante la crisis de la pandemia y sus
efectos económicos posteriores, el único sector que tendrá ganancias aseguradas
será la banca privada.
Se trata, en resumen, de un
programa dizque de “reactivación del empleo”, pero no es más que un intento de
consolidar el desmantelamiento del Estado Plurinacional para la implementación
del modelo neoliberal sin ninguna protección al empleo.
* Miembro de la Red Boliviana de
Economía Política
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