Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por Eduardo Paz Rada
Mientras el gobierno de facto de
Bolivia, apoyado por las corporaciones mediáticas más grandes del país y
algunos “analistas imparciales”, ha iniciado una campaña para mantenerse en el
control del poder buscando postergar por tercera vez la fecha de elecciones
fijada ahora para el 6 de septiembre, las organizaciones populares coordinadas
por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que reúne a
campesinos, indígenas, mujeres y vecinos de los barrios marginales de las
grandes ciudades, se movilizan y luchan por la supervivencia cotidiana, la
recuperación de la democracia y la realización inmediata de los comicios.
Los argumentos prorroguistas no
solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos
de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo
golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada norteamericana y
a los partidos neoliberales y conservadores, aunque las movilizaciones de los
sectores populares en todo el país han conseguido que importantes grupos de
jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se pronuncien
públicamente contra la mala gestión del Gobierno, el que prácticamente ha
dejado abandonada a la población frente a la pandemia.
Un nuevo golpe llevaría a una
situación de enfrentamiento con el pueblo movilizado. Se recuerda que en el
golpe de Estado de noviembre de 2019 se produjeron las masacres de Senkata en
El Alto y Sacaba en Cochabamba, cuando murieron más de 30 personas y quedaron
heridas cerca de un millar. A partir de ese momento se produjo también la
persecución y detención de centenares de dirigentes políticos y sociales.
Asimismo, la crisis económica ha
dejado sin trabajo a más del 20% de la población económicamente activa, la
recesión alcanza niveles elevados, el gobierno ha paralizado la inversión
pública y la tendencia al aumento de la pobreza y la extrema pobreza es
evidente. A esto se suman los hechos de corrupción en la compra de insumos
médicos y en las empresas estatales Entel e YPFB, entre otros.
El discurso de varios ministros,
autoridades y medios de comunicación en sentido de que los masivos sectores de
la población que incumplían la cuarentena y salían en busca de trabajo, medios
de subsistencia y realización de pequeñas actividades comerciales y productivas
eran “ignorantes” y “masistas” y por esa razón se infectaban del virus, se
volcó radicalmente porque ocho ministros, más de una decena de viceministros y
otras autoridades han sido quienes han contraído la enfermedad. Más aún, la
propia autoproclamada presidenta, Jeannine Áñez, tiene coronavirus y gobierna
desde su aislamiento en la casa presidencial. La diferencia es que estas
autoridades tienen pruebas, médicos, fármacos, terapia intensiva y atención
especializada.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de consultas con los partidos políticos, el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinó el 25 de junio fijar la fecha de elecciones para el 6 de septiembre, en tanto que diversas encuestas establecen que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, ganarían las elecciones en una primera vuelta frente a los candidatos de la derecha de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, y de JUNTOS, Jeannine Áñez y Samuel Doria Medina.
Ante esta situación y
argumentando ahora que en una entrevista periodística Luis Arce hizo
referencias a una encuesta interna del MAS que le daba importante ventaja
electoral, varios partidos y los ultraconservadores Comités Cívicos han
comenzado una acción con el objetivo de que el TSE anule la personería jurídica
del MAS y no participe de los comicios después que no pudieron sustentar y
comprobar la denuncia de fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando
ganó las elecciones Evo Morales Ayma.
En este panorama social,
sanitario, político y económico de crisis la única opción en Bolivia es contar
con un gobierno legal y legítimo y con la organización, movilización e impulso
de las iniciativas comunitarias en las ciudades y el campo para enfrentar la pandemia,
derrotar a la dictadura y salir de la crisis económica con los sistemas de
producción, intercambio y consumo organizados espontáneamente por los sectores
económicos populares y estatales.
* Sociólogo y docente de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
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