Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Lejos de dar seguridad, el
Gobierno se esfuerza por sembrar la desconfianza ciudadana. No se puede
explicar de otra manera la resolución del Ministerio de Salud que restringe las
pruebas para detectar coronavirus solo para pacientes con sintomatología activa
y que hubieran estado en lugares donde hubo contagio durante los últimos 15
días. No solo eso, también advierte con sanciones a quienes infrinjan esta
nueva norma, penalizando a quienes quieren seguir los pasos de las naciones
donde se actuó exitosamente frente a la pandemia.
La resolución ministerial no fue
comunicada como se hace con las otras normas vinculadas con la pandemia. Fue
una periodista en La Paz la que denunció y el ministro de Salud salió a justificar
la medida, señalando que era necesario “racionalizar” las pruebas.
Ya se sabe que Bolivia es uno de
los países que menos análisis ha realizado con relación a los vecinos del
continente. También es uno de los que menos casos reporta, pero a estas alturas
y dadas las consideraciones gubernamentales, salta la duda respecto a si las
cifras que se informan cada noche son reales o son muy inferiores a lo que en
realidad está pasando en Bolivia.
Países que enfrentaron con éxito
al coronavirus tienen en común la gran cantidad de pruebas realizadas a sus
ciudadanos para detectar el coronavirus. Son países con mayores recursos
económicos es cierto, pero en Bolivia también está uno de los peores sistemas
de salud del mundo. Entonces el Gobierno no puede pretender, por un afán a
todas luces político, tapar el sol con un dedo y pretender engañar a la
ciudadanía, confirmando solo los casos inocultables, cuando se sabe que por
cada paciente positivo hay unos siete portadores del Covid-19 que no tienen
síntomas y que pueden estar regando la pandemia en todos los rincones de
nuestro territorio.
La resolución ministerial que
“racionaliza” o prohíbe las pruebas se ve irresponsable con la seguridad
sanitaria de la población. Una acción de esa naturaleza tira por la borda las
restricciones de la cuarentena y el enorme sacrificio de las empresas que dejan
de producir y que están al borde de la quiebra, así como la salud mental de la
población que debe estar encerrada, interrumpiendo su vida normal. ¿De qué
sirve todo esto si la realidad terminará desbordando el ilusorio control que
pretende hacer ver el Gobierno? Al final, los pacientes no detectados pueden
ser muchos más de los estimados y acabar colapsando el pésimo sistema de salud,
con la consecuencia lamentable de más muerte y dolor para los bolivianos.
Tras conocerse la resolución
ministerial se puede comprender que haya inestabilidad en el Ministerio de
Salud, ya se fue un titular de esa cartera aduciendo temas personales, pero sin
que se sepa exactamente las razones. ¿Es que el doctor Cruz no estaba de
acuerdo con la política de mirar a un costado? ¿Es que les incomoda la manera
en que Santa Cruz estaba encarando la pandemia que tuvieron que cambiar al
delegado presidencial?
La presidenta debe dar una
explicación urgente. Es más, ella debe revertir esa resolución ministerial,
porque no es coherente ni responsable con Bolivia. En este momento en que las
puertas de países y organismos internacionales están abiertas para hacer
donaciones y colaborar para enfrentar el Covid-19 de manera exitosa, es esa la
ruta que hay que seguir. No se equivoque presidenta Jeanine Añez. La política
puede esperar en este momento. Su rol principal es proteger a los bolivianos y
eso se logra haciendo las cosas bien y no en contra ruta de lo que hicieron
países como Alemania, Corea del Sur e incluso Chile.
Editorial del Periódico El Deber (19 de abril)
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