Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Eduardo Paz Gonzales
En tiempos despiadados las
personas migrantes quedan expuestas a la violencia de políticas que los
criminalizan, les arrebatan sus derechos, les impiden seguir su trayecto. En
tiempos despiadados la guerra, las enfermedades, el cambio climático obliga a
muchos a buscar refugio y remanso y lo que encuentran es una cerca cerrada, un
hombre armado, un calvario dentro de las burocracias que desprecian a los
extranjeros. La política de derechas se justifica frente a la amenaza del
“otro”, remueve los miedos de los connacionales para ensañarse contra el
diferente. Historia sabida y ominosa.
¿Pero qué umbral hay que cruzar
para dirigir la violencia del Estado contra los propios connacionales,
supuestamente salvaguardados por los derechos que gozan todos los ciudadanos de
un país? Al escribir estas líneas (8/04/20) en la frontera boliviana con Chile,
480 bolivianos son retenidos por el ejército en un campo de cuarentena,
impidiendo su pleno ingreso al territorio. Estos bolivianos se encontraban en
Chile y en el marco de la pandemia del coronavirus decidieron regresar a
Bolivia, reunirse con sus familiares, enfrentar la emergencia sanitaria al
abrigo de los suyos. Lo que encontraron fueron las fronteras cerradas para
ellos en un primer momento, y luego la reclusión en un campamento precario
donde sobreviven en condiciones de frío, con alimento y agua insuficiente, con
pocas baterías de baño y sin duchas.
Los tuits de la Canciller
Por medios de prensa se anunció
que el 30 de marzo 150 bolivianos que se encontraban en un campamento en la
localidad de Huara, Chile serían repatriados. Inclusive la Canciller boliviana
Karen Longaric escribió en su cuenta de Twitter:
Mañana, el Min. de Defensa
@Ferlopezjulio1 [Fernando López Julio] y yo vamos a Pisiga para acompañar el
ingreso de nuestros compatriotas a territorio nacional. Quienes ingresen
cumplirán los protocolos de la OMS y seguirán estrictas reglas sanitarias para
garantizar la seguridad de todos los bolivianos
Se esperó, por tanto, que los
bolivianos entren al país. Según informó luego un alto jefe militar chileno, la
repatriación de bolivianos fue suspendida a último momento por las autoridades
bolivianas. La Canciller escribió entonces en la misma cuenta de su red
sociodigital que
Por decisión presidencial, las
fronteras del país se mantienen cerradas y se suspende la repatriación de los
compatriotas bolivianos varados en Huara, Chile. El ministerio de Defensa
tomará los recaudos para garantizar ayuda humanitaria a nuestros compatriotas.
La medida generó críticas tanto
de autoridades chilenas como de la población boliviana. Los bolivianos en la frontera
quedaron abandonados a los buenos oficios del gobierno de Chile y, como se
entiende del mismo tuit de la Canciller, había sido la misma presidenta Añez
quién reafirmó que ni los bolivianos cruzarían la frontera.
La determinación de la presidenta
Añez va en contra de Derechos Humanos (art. 13) así como en contra de la
Constitución boliviana (art. 21.7). Las implicaciones de las decisiones del
gobierno son serias: desde su nombramiento, la presidenta Añez se apoyó en las
Fuerzas Armadas y la policía para imponer el orden en una Bolivia convulsionada
desde octubre del año pasado. La presencia cotidiana de las fuerzas represivas
del Estado así como normativa aprobada instauran de manera tácita un Estado de
excepción en el que la pandemia de coronavirus es enfrentada con medidas
policiales. El resultado afecta menos a la propagación del coronavirus que a
los derechos de los bolivianos.
La ciudadanía que puedas pagar
El 4 de abril finalmente pueden
cruzar la frontera los ciudadanos bolivianos. En ese momento son 480 y cuentan
mujeres embarazadas, niños y niñas pequeñas. Si bien el gobierno había
anticipado que se seguirían protocolos de control de la OMS, en los hechos ello
no ha ocurrido. Según un comunicado de los bolivianos varados, se encuentran en
un campamento de carpas, sometidos a un frío que ya mella la salud de los
retenidos. La falta de medidas de bioseguridad los expone a contagios y, lo que
resulta más alarmante dado que se supone es una medida para restringir la
proliferación del coronavirus, es que no se les hizo pruebas para establecer si
han sido infectados. Según el mismo comunicado, cualquier protesta dirigida a
los oficiales que llevan el campamento es respondida con amenazas de
devolverlos a la frontera.
Al atardecer del 7 de abril la
prensa boliviana dio a conocer que un avión proveniente de Santiago de Chile
aterrizaría en El Alto. En el vuelo, 36 bolivianos que habrían salido del país
por diferentes motivos, recibían autorización de repatriarse. La Cancillería
boliviana emitió un comunicado en el que señala que “El gobierno facilitará la
repatriación de los ciudadanos que se encuentren varados en el exterior,
siempre que dichas personas puedan costear su retorno y someterse a cuarentena
obligatoria”. El mismo comunicado es explícito en que los costos demandados por
la cuarentena serían pagados por estos pasajeros.
¿A qué ha quedado reducida la
obligación de un Estado para con sus ciudadanos? Es imposible no ver en estas
condiciones que mientras el gobierno está dispuesto a someter a tropelias a una
parte de sus ciudadanos, a aquellos en evidente situación de vulnerabilidad,
para otros bolivianos los inconvenientes se arreglan con dinero. No se trata de
exigir que quienes se encontraban en Santiago deban quedarse allá, si no que,
al igual que los que llegan en avión, los que llegan por tierra ejerzan sus
derechos. Si la situación de pandemia ha puesto en emergencia los ingresos al
país, se debió practicar pruebas de coronavirus a los repatriados y ponerlos en
cuarentena si era menester. Lo que ha ocurrido en cambio se asemeja más a la
instalación de un campo para refugiados en su propio país.
Inclusive en las versiones
mínimas del Estado, éste garantiza los medios de salvaguardar la vida de sus
ciudadanos de amenazas directas. Hoy en Bolivia, el Estado aprovecha del
espacio fronterizo para suspender de facto esas garantías de salvaguarda de la
vida. El gobierno ha justificado su accionar entrando en un juego macabro:
ellos o nosotros. No se trata solo de que no sean los bolivianos iguales ante
la ley, en este caso las de emergencia sanitaria, sino que el gobierno está
dispuesto a aplicar una ciudadanía diferenciada apoyado con la policía y el
ejército.
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