Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Anselmo
Esprella
En el último tramo de la
contienda electoral, el candidato de Comunidad Ciudadana, se “autoproclamó”
campeón de la lucha contra la corrupción, caminando despreocupado por la frágil
cornisa de la memoria de los electores. En el entendido de que quien acusa de
corrupto a otro está exento de toda culpa, ha encarado una vieja cruzada
medieval que podría costarle caro.
Corrupción hay en todos los
países del mundo, lo que diferencia a una nación de otra, es la conducta
institucional, cuando se descubre algún hecho de irregularidad en la
administración de los caudales públicos. En 13 años de gobierno, la actual
gestión ha procesado a decenas de funcionarios, muchos de ellos purgan penas de
varios años de cárcel. Sin embargo, en 20 años de gobiernos neoliberales, no
existen referencias de arrestos a los principales responsables por la entrega
de los recursos naturales y el remate de 360 empresas del Estado.
El equipo de comunicación de
Carlos Mesa, ha delineado con precisión de cirujano, los temas que les interesa
instalar en la opinión pública, sacando de un puntapié temas superfluos, como
la economía y todo lo que tenga que ver con la administración del Estado.
El viernes 29 de marzo, en una
improvisada reunión con algunos dirigentes de las provincias de La Paz, el
candidato de Comunidad Ciudadana, admitió estar de acuerdo con el actual rumbo
económico del país: “No pienso privatizar ninguna empresa, yo no creo en el
neoliberalismo”, dijo el mismo hombre, que el 4 de diciembre de 2002, había
afirmado que: “El proceso de capitalización en Bolivia debe fortalecerse”,
(04/12/2002 El Diario). ¿Cuál de los dos, es el verdadero Carlos Mesa?
Al destaparse que había vendido
un departamento a un conocido narcotraficante, refiriéndose al partido de
gobierno, sostuvo casi a los gritos, “este es el gobierno más corrupto de la
historia democrática”, gesticulando con todo el cuerpo y apoyando su
razonamiento en el aire de la mañana.
El candidato sabe que si quiere
arañar un par de escaños, debe reforzar el sentido común de las clases medias,
exacerbar los prejuicios de éstas, dedicarse a la construcción de
subjetividades como elemento de defensa y sacar del eje del debate su propio
pasado.
Sin embargo, el autor de
“Presidentes de Bolivia entre urnas y fusiles”, intencionadamente pasa por alto
algunos pasajes de la historia nacional, de los cuales ha sido protagonista
excluyente.
Historiador, empresario de medios
de comunicación y candidato a la presidencia, periodista que jamás fue
perseguido por ninguna dictadura, escribió apasionadamente la historia de
Bolivia desde el balcón de su casa en un barrio exclusivo de la ciudad de La
Paz. Durante 40 años, mientras se escamoteaba el erario nacional, se dedicó a
cultivar el ejercicio del periodismo complaciente, que guardó “un silencio
bastante parecido” a la complicidad.
Desde los primeros años del
neoliberalismo se benefició de sus dádivas. El Decreto Supremo 22758, del 21 de
marzo de 1991, fue confeccionado exclusivamente para favorecerlo. Establecía la
inmediata “nacionalización del material y el equipo de video importado por la
empresa, Periodistas Asociados de Televisión (PAT)”. Esta exención, fue
únicamente para la red PAT, cuando su mayor accionista era Mesa Gisbert. ¿Cómo
podría el empresario periodista, cuestionar las atroces medidas económicas, si
se había beneficiado de ellas?
Mientras miles de niños del Norte
de Potosí, morían de inanición sin médicos ni escuelas, el candidato de
Comunidad Ciudadana elogiaba a Sánchez de Lozada: “Cada día parece más claro
que de 1952 a esta parte ningún gobierno boliviano ha propuesto al país un
programa de gobierno tan decisivo hacia el futuro. El llamado Plan de Todos, lo
vemos ya hoy con nitidez, es una propuesta de transformación estructural de la
nación”, (La Razón, 02/07/1995).
El 17 de octubre de 2003, al
asumir la presidencia, luego del cinematográfico escape de “Los Sánchez”, se
resistió a trasladarse a la residencia presidencial de San Jorge, arguyendo
“sentirse más seguro en su domicilio”, por lo que ordenó contratar de manera inmediata,
una empresa para blindar las paredes, puertas y ventanas de la casa donde
habitaba con su familia. Sus adicciones suntuosas, triplicaron los gastos en
seguridad, logística y alimentación, de un país que desde su fundación se
debatía en permanente banca rota.
Mientras la empresa de blindaje,
se ocupaba de su integridad física, un ejército de periodistas y medios de
comunicación, se dedicaron a esconder en el fondo del baúl, las “andanzas del
autoproclamado” campeón de la lucha contra la corrupción. El 31 de enero de
2004, ordenó quemar los documentos de 20 años de coimas y sobornos a políticos,
militares y periodistas “seducidos” con la partida de la corrupción, denominada
“Gastos Reservados”.
En tiempos del “Capitán América y
los Avengers”, lo que diremos a continuación parecerá una aberración, pero no
lo es. Durante su presidencia, Carlos Mesa envió una carta al Congreso
Nacional, solicitando la ratificación del convenio de inmunidad para militares
norteamericanos. Es decir, en caso de que ciudadanos de aquel país, cometiesen
delitos de lesa humanidad, el Estado boliviano, se comprometía a no remitir el
caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por su parte, el entonces
embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, aseguró que “la firma
del pacto que da inmunidad contra la CIJ, es condición imprescindible para
continuar recibiendo cooperación en el campo militar” (La Razón, diciembre de
2003).
Lava Jato boliviano. Durante su
gobierno, se emitieron seis Decretos Supremos, destinados a “licitar”,
“dividir” y “adjudicar” la carretera Roboré - Puerto Suarez, provocando un
sobreprecio de 42.5 millones de dólares, monto inaudito para un país anclado en
la miseria. Las coimas de las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, a
ministros y viceministros de su gobierno, hacienden a un monto indeterminado de
millones de dólares.
El domingo 30 de junio, luego de
afirmar que Comunidad Ciudadana, “solo cuenta con diez millones de dólares para
la campaña”, el vocero Diego Ayo muy seguro de sus palabras, sostuvo “y no
hemos recaudado ni siquiera el 20% de lo que pensamos recaudar”. Por lo que se
puede deducir que en realidad recaudarán 50 millones de dólares. Diego Ayo,
remató señalando que habían recolectado ese dinero “realizando kermeses”.
¿Cuál es el origen verdadero de
esos recursos? Pues realizando kermeses demorarían 100 años. ¿Qué se
comprometió a entregar Carlos Mesa para que le cedieran esos montos? ¿Por qué
se niega a decir de dónde obtuvo esa extraordinaria suma?
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