Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
CELAG
La liberación de exportaciones
decretada por el Gobierno de facto, a pedido de la agroindustria cruceña,
generará inflación y desabastecimiento
El 28 de enero de 2020 se ha
firmado el decreto supremo para la liberación de exportaciones por parte del
Gobierno de facto en Bolivia. Ésta es una de las primeras medidas en el nuevo
rumbo económico que quiere imprimir el neoliberalismo boliviano. Ello deja en
evidencia cuáles fueron los grandes intereses que estuvieron detrás del quiebre
institucional, en tanto esta medida parece una devolución de favores por el
apoyo que brindó al golpe el sector agroindustrial del Oriente. El Gobierno de
facto debe pagar la factura de ese supuesto apoyo económico y político,
liberando las exportaciones de los commodities que produce la agroindustria
cruceña.
En estos más de 60 días el
Gobierno ha hecho ya cuatro anuncios sucesivos de la decisión de implantar la
liberación de exportaciones, pero la medida no se llevó a cabo; luego de tres
postergaciones el ministro del rubro lo acaba de decretar el 28 de enero 2020.
Revisemos qué está en juego y por qué la desregulación de las exportaciones es
el primer gran objetivo para restablecer los viejos poderes económicos.
Alimentos: centralidad de la
política económica de Evo Morales
Uno de los ejes centrales de la
política económica del Gobierno de Evo Morales fue el control de la inflación,
en particular la inflación de alimentos. La baja inflación cumplió dos grandes
objetivos: (i) garantizar estabilidad macroeconómica y (ii) garantizar
redistribución del ingreso nacional por medio de aumentos del ingreso real de
la población más pobre que, históricamente, fue excluida de todo beneficio
estatal.
A su vez la estabilidad del
precio en los alimentos está ligada a un objetivo central de la política
económica de Morales, que fue precautelar la “seguridad alimentaria con
soberanía”, cumpliendo así con la Constitución Política del Estado promulgada
en 2009 y que consagra en su artículo 16[1] que el Estado garantiza el derecho
a la alimentación de toda la población boliviana. Se entiende, así, que no sólo se trata de que
la población acceda a los alimentos[2], sino que este acceso no se convierta en
un mecanismo de dependencia que la someta a designios de economías externas; se
busca que el pueblo pueda ver garantizado su derecho alimentario sin depender
directamente, en lo posible, de lo que decidan otros gobiernos del mundo.
Lograr soberanía como componente
central de la seguridad alimentaria se convirtió en la centralidad de la
política económica, dada la historia de sumisión que el país andino había
vivido gracias a la destrucción de su capacidad productiva, producto de las
“ayudas” al desarrollo de Estados Unidos por medio de la donación de trigo
desde los años ’50. Estas donaciones crearon una gran dependencia alimentaria
al llamado “pan de batalla”, elaborado en su mayor parte con harina de trigo
estadounidense. Analistas bolivianos se han referido a este tema afirmando que
“Bolivia se convirtió entonces en un país trigo-adicto”[3]. Cuando en octubre
de 1982 comenzó a gobernar Bolivia la Unión Democrática y Popular (UDP),
conformada por partidos de izquierda que instalaron un Gobierno progresista, Ronald
Reagan suspendió la donación de harina de trigo y, como resultado la escasez
casi absoluta del pan de batalla, colapsó la economía popular y fue difícil
para la UDP -por esa y otras razones- continuar gobernando.
Así se explica que el impacto de
la inflación del precio de los alimentos en la economía popular fue, para el
Gobierno de Evo Morales, tan o más importante que su impacto económico en la
estabilidad. Uno de los mecanismos que se implementaron para lograr el control
de la inflación de precios de alimentos fue la regulación de exportaciones.
Este esfuerzo por garantizar la soberanía alimentaria se vio reconocido
mundialmente en la premiación que la FAO hizo a Bolivia el año 2015 por la
reducción del hambre[4].
Regulación
de las exportaciones
La implantación del mecanismo de
regulación de exportaciones no fue parte del plan de Gobierno que se inició en
2006. Surgió inicialmente como una medida de emergencia en el año 2008 debido a
la amenaza de elevación de precios de los alimentos. Hasta ese momento el
sector agroindustrial boliviano, principalmente localizado en Santa Cruz,
vendía un 70% de la producción en el mercado interno. No obstante, en su
momento decidió exportar la mayor parte de los productos alimentarios de la
agroindustria, y rápidamente el mercado interno se desabasteció al grado de
llevar al borde del colapso a la economía popular. Bolivia revivía así la
crisis de 1982, cuando Reagan suspendió las donaciones de trigo. Productos como
el aceite comestible, el azúcar, el arroz, el maíz (alimento principal de la
avicultura) y otros, como la carne roja y el pollo, comenzaron a desaparecer de
los mercados, principalmente del Occidente del país, mientras los
agroindustriales exportaban la mayor parte de éstos.
Así, el accionar de los
empresarios agroindustriales de Santa Cruz, con marcada intencionalidad
política, fue la base para la reacción gubernamental de regulación de
exportaciones, precedida de una cortísima etapa de prohibición de exportaciones
alimenticias, una medida política que buscó presionar la economía de las
empresas y quebrar las alianzas internas del por entonces oligopolio. En la
práctica, Bolivia era un país esclavo de la clase empresarial, pues la
maximización de la ganancia privada en la exportación afectaba directamente la
capacidad del mercado interno para proveer bienes y servicios. La población
estaba presa de la pura racionalidad capitalista, en la que la ganancia estaba
garantizada a cualquier costo, inclusive el desabastecimiento del mercado
interno.[5]
Así, el Gobierno de Morales
decidió permitir la exportación parcial de los productos agroindustriales a
efectos de cuidar el adecuado abastecimiento del mercado interno, siempre que
el precio de exportación de los productos alimenticios fuese mayor que el
precio en el mercado interno. Durante los últimos 10 años el mecanismo fue
perfeccionándose hasta garantizar abastecimiento en el mercado interno y, a la
vez, permitir la rápida exportación de los excedentes. Se creó el “certificado de
abastecimiento interno a precio justo” que recibían las industrias y que las
habilitaba para exportar una vez que el Estado verificase que cumplían con el
abastecimiento al mercado interno de una parte de su producción al precio
previamente acordado entre el Gobierno y los agroindustriales, denominado
“precio justo”. Además, el Gobierno monitoreaba el número de hectáreas
plantadas en el país en cada ciclo de producción agrícola para calcular el
rendimiento por hectárea ponderado por cada tipo de producción o rendimiento
animal según la tecnología empleada. En base a los costos de producción se
discutía el denominado “precio justo” que adicionaba a los costos de
producción, generalmente, un 15% por concepto de utilidades empresariales de la
agroindustria. La puja entre el Gobierno y productores estaba en la definición
de una ganancia que se alejara de una estructura oligopólica y, al mismo
tiempo, garantizara el buen funcionamiento de la iniciativa privada.
El proceso de cálculo del precio
justo de cada alimento, implicó que el Estado debía verificar y ajustar los
precios de todos los insumos necesarios para la producción, desde semillas para
agricultura, alimentos del ganado, combustible, etc., pasando por los demás
costos de producción. Con ello el Gobierno adquirió conocimiento sobre cómo se
forman los precios en la economía para un número importante de la producción
boliviana. De esta forma, la regulación de las exportaciones se convirtió en un
espacio de concertación de precios de la mayor parte de los insumos en toda la
cadena productiva de los alimentos básicos agroindustriales. Por ejemplo, para
concertar el precio final del kilo de pollo, se debía dejar acordado el precio
del quintal de maíz considerando la ganancia razonable de los productores de maíz
y esto, a su vez, suponía que se había acordado el precio de las semillas a
través de la operadora de mercado de alimentos del Gobierno, la empresa EMAPA.
Este procedimiento garantizaba
que el precio justo en el mercado interno de estos alimentos no fuera
establecido unilateralmente por el Gobierno -lo que generaría la aparición de
mercados negros de los productos, algo que nunca sucedió en los 14 años- y que
se tomaran en cuenta los costos de producción de los agroindustriales y
pequeños productores.
La construcción de consensos en
torno a los parámetros técnicos fue tan difícil de lograr que, una vez
acordados -y para no retroceder en lo avanzado y consolidar los acuerdos-
fueron plasmados en leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejemplos
de ello son la Ley del Complejo Productivo del Azúcar y la Ley del Complejo
Productivo de la Leche.
Resultados
de la regulación de exportaciones
Las críticas a la regulación de
exportaciones por parte del sector agroindustrial de Santa Cruz no se hicieron
esperar, y desde el primer momento se orientó a señalar que sería la “tumba” de
la agroindustria exportadora boliviana debido a que la venta de productos en
mercado interno a precio regulado, aunque sea basado en un acuerdo, no era
“incentivo” para la producción agroindustrial y que se avecinaba una gran
disminución de la producción de aceite de soya, azúcar, arroz, maíz, etc.
Contrariamente a lo vaticinado
por los exportadores agroindustriales de Santa Cruz, la producción de esos
alimentos fue mejorando enormemente y también su exportación (ver gráfico 1).
Evolución
producción aceite de soya
Este gráfico, cuya fuente es un
instituto privado financiado por el empresariado agroindustrial, en sus propias
palabras reconoce que en los diez años señalados (en los que estaba vigente de
la regulación de exportaciones) las exportaciones de soya se incrementaron.
Sin embargo, a pesar de los
resultados conseguidos durante los 10 años de vigencia de la regulación de
exportaciones, la agroindustria de Santa Cruz ha demandado al Gobierno de facto
su total y plena liberación, a efectos de poder aprovechar para sí los buenos
precios que tienen los commodities en el mercado internacional.
Al liberarse las exportaciones de
estos alimentos, la primera reacción de los empresarios será aprovechar
cualquier buen precio externo para exportar toda su producción y se
desabastecerá el mercado interno, haciendo depender la alimentación de los
bolivianos de la capacidad de importación que se hará a precios de mercado internacional.
Pero, por otro lado, al no funcionar el mecanismo de concertación de precios
que era una rutina para fijar conjuntamente los precios justos del mercado
interno, los precios de todos los insumos se desregularán, lo que -sumado a la
escasez- traerá un descontrol total del precio de algunos alimentos básicos,
con el consiguiente descontrol de la inflación.
El sólo anuncio de la decisión
gubernamental de suspender el control de exportaciones e implantar la
liberación plena de las exportaciones de productos agroindustriales ha tenido
reacciones adversas en los más diversos sectores de la sociedad, debido a que
se considera que el control de exportaciones en estos 12 años impidió el
desabastecimiento y subida de precios de los alimentos. El control de exportaciones
funcionó como un mecanismo efectivo de traslación de riqueza desde las élites
exportadoras hacia la población que consume alimentos en el mercado doméstico.
El posible impacto es el
desabastecimiento de alimentos en el mercado interno y la consiguiente subida
de precios, que constituirán un atentado contra la economía popular y contra la
seguridad y soberanía alimentarias que se había estado construyendo desde 2006.
Por otro lado, queda claro que
para que la liberación de exportaciones sea adecuadamente utilizada por la
agroindustria de Santa Cruz, debe ir acompañada por medidas de ajuste del tipo
de cambio, lo que resultará en adicionales impactos negativos en el funcionamiento
del modelo económico que se había instalado en el país.
[1] Constitución Política del
Estado, Titulo II Derechos fundamentales y garantías Capítulo Segundo, Derechos
Fundamentales. Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la
alimentación, II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad
alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda
la población.
[2] Según la FAO, los componentes
del concepto de Seguridad Alimentaria son 1) la disponibilidad física de los
alimentos; la seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la
“oferta” dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del nivel de
producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto. 2)
el acceso económico y físico a los alimentos. Una oferta adecuada de alimentos
a nivel nacional o internacional en sí no garantiza la seguridad alimentaria a
nivel de los hogares. 3) La utilización de los alimentos que es la forma en la
que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos y 4)
La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores.
[3] La especialista en comercio
exterior María Luisa Ramos, refiere lo siguiente: “Desde sus inicios, el 90%
del total de la ayuda alimentaria que llega a Bolivia proviene del programa
PL-480 y está compuesta por trigo y harina de trigo. La ayuda alimentaria
norteamericana disminuye en gobiernos que no favorecen los intereses políticos
y económicos de los Estados Unidos. Esta disminuyó durante el gobierno del
General Juan José Tórrez (1970-1971) que era de tendencia izquierdista. En
cambio en los gobiernos que sí tenían una orientación favorable a los Estados
Unidos, tuvieron un gran apoyo, tal es el caso del Gobierno dictatorial del
General Hugo Banzer (1971-1978) y del Dr. Víctor Paz Estenssoro (1985-1987),
quien inició la entrega del país mediante la privatización de las empresas más
grandes”. María Luisa Ramos Urzagaste: La ayuda alimentaria y la política
estadounidense en Bolivia. ECOACCION – FOBOMADE.
[4] Por Roma/EFE, “La
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ,
con sede en Roma, premió hoy a Bolivia, Costa Rica y República Dominicana por
reducir el hambre en los últimos 25 años, de acuerdo a los compromisos
internacionales” 7 de junio de 2015. “El informe, publicado el pasado 27 de
mayo, reveló que Bolivia disminuyó el porcentaje de hambre del 38 % de
1990-1992 al 15.9 % en la proyección para 2014-2016 y las personas con
desnutrición bajaron de 2.6 millones a 1.8 millones en los últimos 25 años.”
[5] La regulación de
exportaciones se realizó también considerando que la agroindustria exportadora recibe una
subvención pública a través del precio del Diesel que usa como combustible. La
subvención de diésel le costaba al estado 490,9 millones de dólares en 2011, el
12,6% del diésel subvencionado se entregaba a la agroindustria.
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