Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Bolivia Rising
Traducido del inglés para
Rebelión por Germán Leyens
Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado circulando
en Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción de la
Amazonía”.
El objetivo de esas iniciativas no han sido las corporaciones
transnacionales ni los poderosos gobiernos que las respaldan, sino el gobierno
del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.
Al centro del debate está la controvertida propuesta del gobierno
boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosques, obtuvo
el estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales en 2009. Cerca
de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades
dentro del TIPNIS.
El 15 de agosto, representantes de la Subcentral del TIPNIC que une a
esas comunidades, así como a otros grupos indígenas, iniciaron una marcha a la
capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera.
Se han iniciado peticiones internacionales declarando su apoyo para
esta marcha y condenando al gobierno de Morales por debilitar los derechos
indígenas.
La gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el impacto
de la carretera. Tampoco cabe duda de que el gobierno ha cometido errores en su
manejo del tema.
Por desgracia, peticiones como la iniciada por el grupo de lobby
internacional Avaaz y una carta del 21 de septiembre a Morales, firmada por más
de 60 grupos ecologistas, en su mayoría de afuera de Bolivia, distorsionan los
hechos y dan una dirección errónea a su ataque.
Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha global por
la justicia climática.
Avaaz advierte que la carretera permitiría “que empresas extranjeras
se repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora sobre una de
las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la destrucción ya
tiene lugar en el área, en algunos casos con la complicidad de comunidades
indígenas locales.
Por otra parte, el gobierno de Morales ha prometido introducir una
nueva ley, en consulta con comunidades dentro del TIPNIS, para agregar nuevas
protecciones para el parque nacional. La ley propuesta fijaría penas de cárcel
de entre 10 y 20 años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala de
árboles en el parque nacional.
Avaaz también afirma que “inmensos intereses económicos” motivan el
apoyo de Morales a la carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que una
carretera semejante (pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para Bolivia
y sus pueblos. Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que vincula los
departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el TIPNIS)
expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios básicos para
comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros para recibir
atención médica.
La carretera también permitiría a productores agrícolas locales un
mayor acceso a los mercados para vender sus productos. Actualmente, tienen que
pasar por Santa Cruz hacia el este antes de poder transportarlos hacia el
oeste. En vista del estatus de Beni como el mayor departamento (estado)
productor de carne, eso rompería el control que tienen los mataderos basados en
Santa Cruz sobre la imposición de precios de la carne.
La carretera también permitiría que el Estado ejerciera su soberanía
sobre áreas remotas, incluidas algunas donde tienen lugar talas ilegales. Son
hechos como estos los que han convencido a más de 350 organizaciones
bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que han dirigido
las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a apoyar la
carretera propuesta.
Numerosas organizaciones y comunidades indígenas (incluso dentro del
TIPNIS) apoyan la carretera. Es por lo tanto falso describir lo que ocurre como
una disputa entre el gobierno y la gente indígena. Tampoco es un simple
conflicto entre partidarios del desarrollo y defensores del medioambiente.
Todas las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y una mejora
del acceso a los servicios básicos. Lo que está en juego es cómo el segundo
país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más poderosos
y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su pueblo mientras
protege el medio ambiente.
Considerando este hecho, seguramente tiene más sentido que los que
deseen defender el proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el diálogo,
en lugar de profundizar las divisiones.
Se puede ejercer una crítica legítima del manejo por parte del
gobierno del proceso de consulta. Pero la petición de Avaaz y la carta de
grupos ecologistas simplemente ignoran los repetidos intentos del gobierno de
iniciar discusiones con los manifestantes.
La mitad de los miembros del gabinete ministerial de Morales, junto
con muchos viceministros y jefes de instituciones estatales, han viajado a la
ruta de la marcha para hablar con los manifestantes.
Los peticionarios no mencionan el compromiso público del gobierno de
Morales de realizar un proceso de consulta dentro del marco de la constitución
boliviana, aprobada por el pueblo en 2009. Tampoco mencionan su oferta de que
el proceso de consulta sea supervisado por observadores internacionales
seleccionados por los propios manifestantes.
El gobierno también se ha mostrado abierto a discutir la factibilidad
económica y medioambiental de cualquier ruta alternativa que pueda soslayar el
TIPNIS. Hasta ahora no se ha presentado una alternativa semejante.
Como resultado de estas iniciativas, una serie de comunidades del
TIPNIS que se habían sumado a la marcha, así como representantes de la Asamblea
del Pueblo Guaraní, han decidido volver a casa. Mantendrán las discusiones con
el gobierno.
Lamentablemente, los oponentes cruciales del proceso de consulta
propuesta están entre los dirigentes de la marcha, que incluye a organizaciones
basadas fuera del TIPNIS. Esas organizaciones fueron también los principales
proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del inicio de
la marcha. Muchas de esas demandas son legítimas, pero es alarmante que algunas
de las demandas más peligrosamente retrógradas hayan sido ignoradas o
descartadas por grupos medioambientales internacionales.
Por ejemplo, la carta a Morales presenta preocupaciones respecto a la
declaración del presidente boliviano de que “la perforación petrolera en el
Parque Nacional Aguaragüe ‘no será negociada’” Esos yacimientos representan un
90% de las exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de
fondos que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza
y desarrollar la economía de Bolivia.
El hecho de que el grueso de los ingresos del gas esté controlado por
el Estado boliviano en lugar de por corporaciones transnacionales es el
resultado de años de luchas de las masas bolivianas, que creen legítimamente
que este recurso debe ser utilizado para desarrollar su país.
Las preocupaciones de las comunidades locales deben ser, y han sido,
tomadas en consideración. Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta fuente de
ingresos tendría consecuencias dramáticas para el pueblo de una de las naciones
más pobres de América.
Sería, sin exagerar, un suicidio económico.
Inicialmente, los manifestantes también demandaban la interrupción de
la extracción de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en esto y ahora se
concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en desuso debido a
la contaminación que podría causar a suministros locales de agua.
De la misma manera, ninguna de las declaraciones en Internet menciona
el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción de Emisiones de Carbono
causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus
siglas en inglés). REDD es un programa burdamente antiecológico de las Naciones
Unidas que apunta a privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono”
que permiten que los países ricos desarrollados sigan contaminando.
Algunos de los mayores proponentes de esta medida se encuentran entre
las ONG que promueven la marcha. Muchas de ellas han recibido financiamiento
directo del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue expulsado en
septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista contra el gobierno
elegido de Morales.
En lugar de defender la soberanía de Bolivia contra la interferencia
de EE.UU., la carta denuncia al gobierno boliviano por sacar a la luz las
conexiones entre los manifestantes e “intereses oscuros”. Esos “intereses
oscuros” incluyen a la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que se
estableció con fondos del gobierno de EE.UU. Sus patrocinadores incluyen a la
agencia de ayuda del gobierno de EE.UU., USAID, y a la Fundación Konrad
Adenauer que frecuentemente financia acciones contra gobiernos como Cuba a los
que se oponen EE.UU. y gobiernos europeos.
Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados recientemente por WikiLeaks
y archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. han mostrado concluyentemente
que USAID apunta directamente a comunidades indígenas en un intento de
apartarlas del apoyo a Morales y para que apoyen intereses estadounidenses.
Detrás de esos intereses muy reales yace una campaña de naciones ricas y grupos
ecologistas conservadores de promover políticas que representan una nueva forma
de “imperialismo verde”.
Después de siglos saqueando los recursos de otros países, aniquilando
poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis ecológica, los gobiernos
de las naciones ricas utilizan ahora las preocupaciones medioambientales para
promover políticas que niegan a naciones subdesarrolladas el derecho a
controlar y administrar sus propios recursos.
Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a los pueblos
indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países ricos para proteger
áreas limitadas, mientras las corporaciones multinacionales destruyen el
medioambiente en otros sitios.
La mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy diferente.
Apunta a crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o tratando
como grupos minoritarios que requieren protección especial. Aliados a otros
sectores oprimidos, quieren dirigir su país en función del beneficio colectivo
de la mayoría.
Las masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder
gubernamental a las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el
gas y otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.
Se han cometido errores, y son probables que se los siga cometiendo en
el futuro. Pero son los errores de un pueblo de un país pequeño, sin salida al
mar y subdesarrollado, que combate contra constantes ataques imperialistas.
Clave para la lucha de los pueblos bolivianos es el frente mundial
por la justicia climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de
liderazgo. Un ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático,
con la participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno de Morales
en Cochabamba en abril de 2010.
La declaración final identificó a los países desarrollados como
“causa principal del cambio climático”. Insistió en que esos países deben
“reconocer y asumir su deuda climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la
ayuda a naciones más pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y
servicios necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su
población”.
Para lograr eso, el movimiento internacional por la justicia
climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las naciones ricas a
aceptar sus responsabilidades. El movimiento global debe rechazar
explícitamente la intervención imperialista en todas sus formas, incluidas las
políticas de “imperialismo verde” de las ONG financiadas por EE.UU. Solo a
través de una campaña semejante podemos apoyar los esfuerzos de países más
pobres para planificar un camino de desarrollo que respete el medio ambiente.
Por desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la carta
contra Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos culpables. Su
campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y antiimperialistas que
luchan por un mundo mejor.
[Federico Fuentes es un ecosocialista australiano, edita http://boliviarising.blogspot.com]
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