Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Lo sucedido el
jueves pasado en Santa Cruz de la Sierra es una de las peores señales sobre el
estado del espíritu democrático en algunos sectores de la sociedad. El ataque a
tres casas de campaña de candidatos del MAS y los enfrentamientos entre los
agresores y jóvenes del partido gobernante recuerdan, una vez más, que no todos
los que dicen defender la democracia la practican.
Todo comenzó
cuando jóvenes del MAS anunciaron una actividad para recaudar dinero en favor
de los afectados por los incendios en la Chiquitanía en las rotondas del
Segundo Anillo. Esa tarde, decenas de personas identificadas con banderas del
21F se reunieron a los pies del monumento al Cristo Redentor, y desde allí se
dirigieron a las casas de campaña masistas, donde causaron grandes destrozos e
incluso lastimaron a mujeres y niños, que recibían atención médica en una de
ellas.
En la refriega,
los atacantes no escatimaron violencia, empleando piedras, palos y hasta
petardos no solo contra quienes asocian con el partido en función de gobierno,
sino también contra la Policía. La cual al final del día arrestó a decenas de
manifestantes y los puso a disposición del Ministerio Público, que finalmente
decidió imputar a nueve personas y liberar a las demás.
Los candidatos
del oficialismo afectados por los ataques deploraron la violencia y sus
efectos. A su vez, el Presidente del Estado calificó los hechos como un
“atentado contra la democracia”. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral
solicitaron una investigación que ayude a dar con los responsables de lo que
calificaron como “delitos electorales”. Entretanto, dirigentes cívicos y
representantes de los principales frentes opositores deslindaron
responsabilidad, y poco menos que justificaron la violencia asociándola con los
incendios forestales que afectan el oriente del país desde hace más de un mes y
a la negativa gubernamental de declarar “desastre nacional”.
Lo verdaderamente
preocupante está en que mientras los dirigentes cívicos justificaban de esta
manera la violencia, muchas personas comenzaron a reactualizar discursos
regionalistas y racistas que responsabilizan a los “collas” de todos los males;
mientras que fueron pocas las voces, especialmente entre los dotados de
notoriedad e influencia, que rechazaron tales argumentos, y llamaron más bien a
conservar la calma y el espíritu democrático.
Tiempos de
incertidumbre y crispación como los actuales posibilitan que cualquier motivo
sirva para encender la mecha de la violencia latente; menos por natural
predisposición de las personas que por oscuros intereses que alientan discursos
que empujan a los violentos a actuar. Y mientras el oficialismo se declara
víctima, en la vereda opositora subrayan que el que más se favorece con estos
actos es el MAS, olvidando que la violencia no beneficia a nadie, y más bien
daña el tejido social.
Publicado en la
editorial del periódico La Razón
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