El empinado camino a la Cumbre

Por: Alfredo Rada

El 12 de octubre, Evo Morales convocó a una Cumbre Social para diciembre. El momento era oportuno y el objetivo trascendente: elaborar desde el pueblo una nueva agenda, un conjunto de medidas que el Gobierno debería tomar para rectificar y profundizar el proceso de transformaciones.

Desde que se lanzó aquella iniciativa, el debate ha comenzado a desplazarse de lo político a lo económico, seguramente porque se intuye tanto entre los analistas como en la población que los cambios económicos serán fundamentales en los siguientes años. Y cuando se resalta la economía no es porque la política ya no sea importante, en realidad esa separación entre una y otra se la debemos al pensamiento burgués del fines del siglo XVIII cuando comenzaron a distanciar la economía (para los liberales el mercado) de la política (para los liberales el Estado). Más de un siglo después, corriendo el año 1921 Lenin, dirigente de la revolución bolchevique en Rusia, volvió a unir en la teoría lo que en la realidad es indivisible: “la política es la expresión más concentrada de la economía”.

En Bolivia, luego del proceso constituyente más importante de nuestra historia que permitió inaugurar un nuevo Estado Plurinacional y abrir paso a una descentralización del poder territorial a través de las autonomías, hoy es el momento de tomar definiciones respecto a la transformación de la estructura económica. Esta transformación se dará con un Nuevo Modelo Económico que modifique las relaciones de producción predominantemente capitalistas, impulse el crecimiento de las fuerzas productivas internas y cambie el patrón de acumulación basado en la exportación de materias primas.

Y este nuevo Modelo no es sólo de “economía plural”, pues si hablamos con rigor teórico toda Formación Económico Social (o sistema económico como le llaman los neoliberales) es plural, compuesta por distintos modos de producción (capitalistas, pre-capitalistas, no capitalistas). Este del “pluralismo económico” es un discurso cada vez más repetido en esferas gubernamentales; discurso contradictorio en su manejo categorial, pero en el que tiende a prevalecer una concepción simplista, que sólo sirve para justificar el conservadurismo de los nuevos tecnócratas en los ministerios, siempre reticentes a transformar las estructuras económicas del país. Si se mantiene ese conservadurismo los procesos de nacionalización económica implementados entre el 2006 al 2009 pueden quedar a medio camino, en una nueva versión de capitalismo de Estado que coexista con varias formas de capitalismo privado nacional y transnacional. El país ya pasó por esta frustración histórica luego de la nacionalización de las minas de 1952 hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado.

Aun aceptando que el capitalismo de Estado tiene componentes redistributivos a los que de manera genérica se denomina “justicia social”, no llegan al punto de transformar las condiciones estructurales del propio capitalismo, que originan la desigualdad cada vez más marcada entre aquellos que acaparan medios de vida y aquellos a los que apenas les alcanza para sobrevivir.

¿Cuál sería el nuevo modelo económico que reemplace al modelo neoliberal? Si hacemos una lectura cuidadosa del artículo 306 de la Constitución Política del Estado (CPE), que habla de la “organización económica del Estado”, veremos que los principios más importantes que sustentan esa organización son tendencialmente anticapitalistas: complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución y sustentabilidad. Se verá también la siguiente idea-fuerza económica: “La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo”. Acá y en varios otros artículos de la CPE está la definición, el nombre y apellido si se quiere, del Modelo Económico Social y Comunitario. Es este Modelo que debe relanzar la Cumbre Social y puede hacerlo con base en el texto constitucional aprobado por el pueblo boliviano el año 2009.

Ahora bien, la implementación del nuevo modelo económico requiere de un conjunto de medidas que debe tomar el Gobierno. Una de esas medidas tiene que ver con el sistema financiero controlado por la banca privada. Acá se ha planteado la necesidad de aprobar una nueva “Ley de Bancos” que fortalezca las políticas de control sobre las tasas de interés que cobran las entidades financieras, que fije disposiciones efectivas para movilizar su enorme liquidez acumulada hacia el crédito a los sectores productivos, y les cobre más impuestos sobre las extraordinarias utilidades que están logrando a costa de los ciudadanos. En los últimos días, ante el sólo anuncio del incremento de impuestos a la banca sus representantes reaccionaron quejándose por el “desincentivo”; tendrán que asumir que deben aportar más al país y que los días de la liberalización financiera están acabando.

Otro sector en el que hacer ajustes es el de las empresas transnacionales mineras. Éstas controlan la extracción y exportación de plata y zinc, que por su volumen de producción dominan hoy el panorama minero junto al estaño de la estatal Empresa Huanuni. Aprobar una nueva “Ley Minera” con sustanciales incrementos de impuestos a las transnacionales es un imperativo nacional. Por supuesto que los voceros de esas empresas hablarán también de “desincentivo” a sus inversiones, el mismo gastado argumento que blandían las compañías petroleras cuando el 2004 se gestaba la nueva Ley de Hidrocarburos.

Este par de medidas, junto a otras como la movilización de una parte (se habla ahora de 2.000 millones de dólares) de nuestras Reservas Internacionales en un Plan productivo y de generación de empleo, tienen que ser consideradas en la Cumbre. La reunión puede servir para relanzar el proceso de cambio si logra una convocatoria nacional y popular en un contexto plagado de conflictos. Este contexto está convirtiendo el camino a diciembre en una ruta empinada.

El autor es miembro de la Escuela Nacional de Formación Política

Publicado en La Razón, el domingo 27 de noviembre de 2011