Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Alfredo Rada
Una de las pocas cosas positivas que dejó el ciclo de conflictividad de agosto-octubre de 2011, es la convocatoria hecha por el presidente Evo Morales a una Cumbre Social para diciembre próximo.
Esta Cumbre ya tiene un telón de fondo que son los impactos de la crisis internacional del capitalismo en nuestra propia economía. La crisis global se despliega de manera inexorable tanto en profundidad estructural como en extensión geográfica; hace rato que alcanzó al sector real productivo de la economía, por lo que es incorrecto hablar de ella meramente como una “crisis financiera”. De forma sorprendentemente rápida se irradió desde Norteamérica hacia Europa, está comenzando a afectar también a los países asiáticos y, como van las cosas, será cuestión de tiempo para que alcance a Latinoamérica.
Ni somos inmunes ni estamos “blindados”. Por el contrario, en la historia económica del país, nunca como hoy estuvimos tan vinculados a la economía mundial, al punto que una recesión en Estados Unidos (ya está), otra en Europa (ya hay) que contagie a Asia (probable), con repercusión en Latinoamérica (probable), será un efecto-dominó que puede bajar la demanda global para nuestras materias primas minerales y gasíferas, que constituyen el 80% de las exportaciones bolivianas.
Un eventual deterioro de la situación económica es un tema de interés nacional, por lo que es absolutamente pertinente que la Cumbre Social diseñe una nueva agenda programática, tanto para rectificar los errores cometidos como para profundizar el proceso de transformaciones. Este y no otro debe ser el sentido del encuentro de diciembre; convertirlo en un escenario en el que cada organización social pugne por insertar “su” demanda particular perdiendo la perspectiva general estratégica, o en el que el Gobierno trate de validar sus propias iniciativas sin escuchar a los sectores populares (incluyendo a los sectores disidentes), puede significar una nueva frustración con el consiguiente efecto de desgaste político.
El contexto en el que se desarrollará la Cumbre Social seguirá marcado por la conflictividad, esta vez de carácter regional, abierta inmediatamente concluyó la marcha en defensa del TIPNIS. Los problemas de límites entre Killacas (Oruro) y Coroma (Potosí), así como la disputa por el reparto de regalías hidrocarburíferas del Campo Margarita entre Chuquisaca y Tarija, se prolongarán por lo menos durante un semestre. A esto se sumarán las demandas municipales, departamentales y universitarias en torno al Presupuesto General del Estado de la gestión 2012, así como las reivindicaciones salariales de los sectores sindicalizados que seguramente se comenzarán a activar en las próximas semanas. Hacer una Cumbre Social en estas condiciones será como construir un puente sobre aguas turbulentas, lo que va a requerir de buenos operadores políticos gubernamentales.
Y requerirá también propuestas para encarar la nueva situación que se viene, acá queremos llamar la atención sobre los siguientes aspectos:
1. Plan de Reactivación Productiva. Demandado por varios sectores sindicales y campesinos, este Plan debe poner énfasis en la producción de alimentos y la generación de empleo, movilizando para este efecto un monto de 1.200 millones de dólares provenientes de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que el Gobierno anunció se utilizarían en el potenciamiento de la economía social comunitaria. Será un paso real de implementación del nuevo modelo de desarrollo que reemplace al neoliberal.
2. Más regalías e impuestos a las transnacionales mineras. Hace unos días el Ministro de Minería indicó que este año llegaríamos a los 3.000 millones de dólares de exportación minera y que el Estado percibiría 500 millones de dólares por concepto de regalías e impuesto a las utilidades cobradas a las empresas mineras. ¡Esto significa que la presión regalitaria y tributaria en el sector está por debajo del 20%! Hago mías las palabras del presidente Evo Morales que propuso a la Cumbre del G-20 (las 20 economías nacionales más desarrolladas del mundo) que “en tiempos de crisis las transnacionales deben pagar doble impuesto”. Es una buena idea que podemos aplicarla en Bolivia aprobando una nueva Ley Minera que incremente los ingresos para el país en un sentido nacionalizador.
3. Cambios y ajustes al sistema financiero. Vuelvo a afirmarlo públicamente: la Banca privada ha reportado en este último quinquenio utilidades extraordinarias que son resultado de la diferencial entre tasas pasivas bajas (las que pagan a los ahorristas) y tasas activas elevadas (las que cobran a los prestatarios). La permisividad estatal no puede continuar, se deben cambiar las reglas para el sector a través de una nueva Ley de Bancos que, entre otras cosas, canalice la enorme liquidez bancaria hacia el crédito productivo.
4. Retenciones impositivas a los grandes agroexportadores. El subsidio estatal a los carburantes (diesel, gasolina) se ha convertido en una pesada obligación para el Tesoro. Lo que hay que discutir es cómo preservamos ese subsidio para los sectores de bajos ingresos que se benefician de él, suprimiéndolo para sectores capitalistas a los que también favorece; es el caso de los grandes agroexportadores, a los que el país les subvenciona diesel barato para la zafra, contribuyendo con ello a sus altas tasas de ganancia. Si esto va a continuar lo correcto es que el Estado les cobre más impuestos.
5. Impuesto al lujo o consumo suntuario. Pese a los enormes esfuerzos que ha realizado el Gobierno para incrementar el gasto social, a través de transferencias monetarias a sectores sociales de menores ingresos vía Bonos y Rentas, hay que reconocer que seguimos siendo uno de los países con mayor desigualdad en la región. Es necesario, tal y como se hace en varios países vecinos, generar un impuesto al lujo sobre aquel segmento privilegiado de la población que concentra la mayor parte del ingreso al punto de ostentar lujos y derroches.
Es cierto que en la Cumbre se debatirán otros aspectos importantes: la ratificación de las políticas salariales, frenar el contrabando con participación social, mayor austeridad en el gasto público, mejorar la calidad de la inversión pública especialmente en cuanto se refiere a la industrialización de los recursos naturales. Todo esto es bueno, pero las cinco medidas anotadas permitirán profundizar las transformaciones económicas, sin caer en una postura conformista y conservadora de sólo administrar lo hasta aquí avanzado.
La Paz, 3 de noviembre de 2011
El autor forma parte de la Escuela Nacional de Formación Política
Publicado en Página Siete el 6/11/2011
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