Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Valentina Enriquez
En Colombia se lidia con un gobierno débil, que solo se sostiene de las balas de los militares, esa es la principal paradoja del sistema colombiano y del gobierno de Duque, quien destituyó a los altos mandos del ejército y la policía, que, a un inicio, eran partidarios del proceso de diálogo, y por añadidura, el presidente entregó la cúpula de ambas fuerzas al exmandatario Uribe. Hoy, muchos sostienen que Duque es prisionero de Uribe, ya que no solo le entregó la fuerza pública (armamento), sino también la responsabilidad del manejo del capital direccionado al “orden público”. El hoy exministro Carrasquilla, quien también desempeñó como ministro de hacienda y crédito público en el gobierno de Uribe como en el de Duque, solo obedecía a Uribe y a los banqueros.
Dos grandes errores de política económica cometió Carrasquilla. En primer lugar, siguiendo las órdenes de Uribe, hacer aprobar la reforma tributaria del 2019, donde se rebajaban entre 9 y 15 billones de pesos colombianos los impuestos anuales que pagaban empresas petroleras, carboneras, bancos y otras grandes corporaciones. Y, en segundo lugar, ya con la presencia del covid-19, sobreendeudar al Estado, gastando dinero de la deuda pública, para mantener las utilidades de los dueños de los bancos que, en total, alcanzaron 14 billones de pesos el año pasado, mientras el país colombiano se quebraba en crisis. En solo dos años de gobierno, Carrasquilla desfinanció al Estado y lo sobreendeudó haciendo de la situación económica, insostenible. Desesperados para remediar el enorme déficit fiscal que ellos mismos provocaron, Duque, Uribe y Carrasquilla, acudieron a una política muy usual en los gobiernos de corte neoliberal, que es pasarle la factura a los que menos tienen. Impuestos a la comida, impuestos al salario y al ingreso laboral. En un país con el hambre en auge, arrinconado por la pandemia, la nueva propuesta de reforma, incendió el país. La respuesta de Duque a la enorme protesta social que el mismo desató, es el ejército y la policía, para así construir una narrativa en la que buscan hacer de las manifestaciones, que son un genuino derecho democrático, un acto de guerra, sacando a las fuerzas represivas del Estado, para así combatir un supuesto vandalismo. Tal es el exabrupto intelectual que defienden. Han destapado la barbarie que intentaban ocultar desde hace tiempo en Colombia, cuando usaban estrategias de distracción, metiéndose con la política interna venezolana consecutivamente, matando a líderes sociales, reduciendo el presupuesto de la educación, etc.
Gracias a las denuncias mostradas en redes sociales, se puede ver como asesinan al pueblo, como recorren las calles con armamento de guerra buscando a quien dañar, a quien torturar y violar, a quien desaparecer. Ya son 50 años desde que el sistema colombiano hace creer al pueblo que algún momento la guerrilla bajara del monte a tomar ciudades, esta semana el pueblo se dio cuenta de que quienes hacen eso, duermen en los cuarteles y están gobernando desde La casa de Nariño hace muchos años. Aun así, después de tanta barbarie, hoy muchos analistas sostienen que hay que salvar a Duque de Uribe, es decir, salvarlo del mismo, de su propio sistema. La tarea de Duque es garantizar por mandato constitucional la paz social ¿y cuál es el precio que se tiene que pagar para lograr aquello? Que los petroleros, carboneros, banqueros, tendrán que volver a pagar los impuestos que ya pagaban el 2018. Esto se puede resolver en una frase de proyecto de ley, en un decreto de emergencia, es aplicable y posible. Pero los muertos que arrastra Uribe, Duque y el sistema político y económico de Colombia, ¿quién los devuelve?, ¿cómo se resuelve la muerte de compatriotas? Son tantos los muertos, es tanta la violencia desatada en contra de la juventud popular colombiana, no solo desde el 28 de abril, sino desde mucho antes, que, si el pueblo unido no se organiza, vivirá una masacre constante, como la vivía antes, soportando políticas neoliberales, aceptando bases militares norteamericanas en su suelo y llorando las muertes de líderes sociales.
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