Ahora sabemos que fue golpe: ¿Qué hacer?

Por: Carla Espósito Guevara

Han pasado ocho meses desde las elecciones presidenciales de octubre pasado. Se esperaba que estas cerraran la crisis política iniciada en 2019, pero el país sigue dividido entre el relato del “fraude monumental” acuñado por Carlos Mesa, y el del “golpe” por el lado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las recientes revelaciones respecto a lo sucedido en las reuniones que tuvieron lugar en la Universidad Católica, durante la crisis política del 2019, han evidenciado que aquello que derivó en la insólita posesión de Jeanine Áñez, sin juramento, asistida por un militar que le impone la banda presidencial frente a un Parlamento casi vacío, en el que estaba ausente la bancada mayoritaria, fue un hecho absolutamente inconstitucional.

Un grupo de personas particulares, entre ellas Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, acompañados de la alta jerarquía católica, entre otros particulares sin representación política alguna, decidieron la posesión de Áñez entre cuatro paredes, a través de un proceso totalmente antidemocrático, en el que un grupo de “ilustres” tomó decisiones fundamentales para el destino de todo el país.

Hay quienes argumentan que la legitimidad de esas decisiones las dio la calle, como ocurrió en 2003, pero en contraste con aquel lejano octubre, cuando la salida a la crisis política fue constitucional y Mesa se posesionó frente al pleno del Parlamento, en el que estaba presente también la oposición, donde hubo un juramento y una envestidura legal fruto de un acuerdo político con las mayores fuerzas políticas del país, la posesión de Áñez resulta totalmente inconstitucional ya que no gozó de ninguno de estos elementos.

Las revelaciones sobre aquellas reuniones ponen también en tela de juicio el rol mediador de la Iglesia católica. Esta socavó los objetivos de su propia tarea al parcializarse propiciando acuerdos previos solo con una de las partes. A estos acuerdos Doria Medina los denominó “Plan B” y, según ellos, era “lo que más se acercaba a la Constitución”, pero lamentablemente en temas constitucionales el “casi” no existe. Es constitucional o no lo es.

Uno de los argumentos fundamentales de la oposición al MAS para posesionar a Áñez es que hubo un vacío de poder, ya que las personas en quienes recaía la sucesión constitucional renunciaron. Este argumento se ha derrumbado y ahora sabemos que no renunciaron voluntariamente, sino que fueron obligadas a hacerlo bajo las más violentas presiones.

Todos estos hechos concluyeron en las sangrientas masacres de Sacaba y Senkata, cuyas víctimas todavía claman justicia. Será muy difícil dar fin y cerrar esa crisis política de 2019 sin un proceso justo, que restañe las heridas que la masacre dejó en las familias de los fallecidos, el daño a los mil 600 presos y a todos los torturados del gobierno de Áñez.

Hay quienes piensan que un juicio de responsabilidades a Áñez es la solución que cerrará las heridas de esa crisis política. Considero que esa no es la solución, primero, porque el juicio de responsabilidades solo se reserva a personas que, por su rango, tienen fuero e inmunidad, y ella no los tiene, pues fue una presidenta inconstitucional.

Segundo, un juicio de responsabilidades requiere dos tercios del Parlamento, esto supone pactar justamente con quienes se debe enjuiciar. Entonces, por la vía del juicio de responsabilidades no habrá justicia, porque las bancadas de Mesa y Camacho impedirán que el juicio prospere. La vía pactista dispuesta a ir por el camino pragmático de intercambiar juicios con la oposición entregando compañeros lejos de hacer justicia se convertirá en una traición que profundizará la crisis política.

La vía correcta para cerrar esta crisis es el juicio ordinario, porque la posesión de Añez fue una usurpación inconstitucional del poder. Por otra parte, los juicios sobre el golpe no deben agotarse en el proceso contra Áñez, debe investigarse todo el proceso golpista, esto supone investigar a motoqueros, unionistas, los ataques a las casas de quienes estaban en la línea constitucional, el motín policial, el rol del Ejército y, finalmente, el decreto que autorizó las masacres, el famoso decreto de la muerte. Sin eso no habrá justicia, ni paz.

* Socióloga.